Durante sus siete años de mandato al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - el superregulador creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy en los estertores de la gran crisis financiera - José María Marín Quemada no se dedicó a hacer amigos. Nombrado para garantizar las adecuadas condiciones de competencia en los mercados, 'su' CNMC se empleó con una intensidad sin precedentes en la detección y desmontaje de presuntos cárteles, pactos contrarios a la competencia y todo tipo de prácticas anticompetitivas, en una dinámica que permitió desenmascarar unos 40 cárteles, pero que también enfrentó al regulador en un momento u otro con buena parte de las principales empresas del país y que desembocó en una creciente litigiosidad judicial contra las actuaciones y sanciones impuestas por Competencia, no siempre resueltas a favor del órgano regulador de los mercados.
La salida de Marín Quemada y la llegada a la institución de Cani Fernández, una prestigiosa abogada experta en competencia del despacho Cuatrecasas, ha despertado una cierta expectativa de cambio de etapa en el tejido empresarial, que no han tardado mucho en testar. En las últimas semanas diferentes representantes de organizaciones empresariales, incluida la CEOE, y de grandes empresas han mantenido reuniones con el nuevo equipo directivo de la CNMC en las que han trasladado de forma directa a Cani Fernández o a través de alguno de sus colaboradores su sensación de indefensión ante el modo en que el órgano de Competencia ha enfocado sus actuaciones durante los últimos años, así como los perjuicios que desde su punto de vista esta forma de actuar ha tenido sobre la reputación del tejido empresarial doméstico, según han confirmado diferentes fuentes empresariales.
Las empresas reclaman de la nueva CNMC un enfoque 'más europeo' de sus funciones de vigilancia de la competencia en los mercados y una relación más cooperativa con las empresas a las que se vigila, de forma por ejemplo que se pueda instar desde Competencia cuando el caso lo permita la corrección de determinadas prácticas que puedan ser contrarias a la competencia sin necesidad de abrir sistemáticamente una investigación que exponga a las empresas o a los sectores al escarnio público de ser acusados de prácticas irregulares, apunta una de las fuentes consultadas.
La publicidad que la CNMC da al inicio de sus actuaciones contra presuntas prácticas anticompetitivas es una de las cuestiones que las empresas consideran susceptibles de reforma y cuyo potencial replanteamiento ya se ha deslizado al equipo de Cani Fernández. Las empresas consideran que esa práctica de publicitar el inicio de las actuaciones contra una empresa o un grupo de empresas las expone de partida a efectos negativos tanto sobre su cotización - en el caso de empresas cotizadas - como sobre su negocio y su reputación en un momento en que Competencia todavía no ha acreditado la concurrencia de una práctica contraria a la ley y muchos meses antes de que se imponga sanción alguna por la comisión de esa posible irregularidad.
La actual Ley de Defensa de la Competencia insta en su exposición de motivos a dar publicidad a las actuaciones del regulador como un cauce para hacer pedagogía de respeto a la competencia y también como un mensaje a las empresas perjudicadas por este tipo de acuerdos contrarios al normal funcionamiento de los mercados, pero en su artículo 69 únicamente exige dar publicidad a las sanciones que imponga el organismo, no a la apertura de investigaciones o expedientes.
"Los expedientes tardan meses en cerrarse y durante todo ese tiempo las empresas arrastran la 'pena de telediario' de estar involucradas en un expediente de Competencia, que puede derivar o no en sanción y que aunque derive en sanción en muchos casos es después corregido por los tribunales", asegura una fuente de una de las organizaciones empresariales que se ha reunido con la CNMC en las últimas semanas, que plantea que tal vez sería más prudente dar publicidad únicamente a las actuaciones sancionadoras y no a la apertura de los expedientes. Otra fuente empresarial recuerda, asimismo, que salvo en casos excepcionales las autoridades europeas de competencia funcionan según un modelo de relación más cooperativo en el que las empresas disponen de más información sobre el expediente y su resolución bajo el compromiso de una corrección en su conducta.
Los daños de la conflictividad
En la España de los últimos años esa relación entre las empresas y la autoridad de competencia se ha acabado dirimiendo en los tribunales de justicia. Telefónica y el resto de las telecos, Endesa, Sacyr, Repsol, la patronal de las empresas de tecnología sanitaria, el Consejo de la Abogacía o las empresas de papel y cartón son algunas de las empresas y organizaciones a las que los tribunales han dado la razón en sus pleitos contra las sanciones impuestas por la CNMC, lo que ha alentado un relato sobre la inconsistencia de las actuaciones de Competencia contra las empresas.
Los datos dicen otra cosa. La CNMC publicó una entrada en su propio blog en la que hacía inventario de las resoluciones judiciales respecto a sanciones de Competencia dictadas entre 2018 y 2019 y a partir de la cual se concluía que la Justicia anula menos de una de cada cinco sanciones impuestas por prácticas anticompetitivas. Eso sí, admitía que en el 63% de los casos los tribunales forzaron a Competencia a recalcular las sanciones impuestas.
A la espera de comprobar el tono que la nueva presidenta, Cani Fernández, imprime a las actuaciones de la CNMC y si los mensajes lanzados desde la empresas calan o no en su manera de actuar, el futuro no pinta nada halagüeño para las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas. La reforma de la Ley de Defensa de la Competencia prevé un importante endurecimiento de las multas para los directivos de las empresas que sean sancionadas por este tipo de prácticas, con sanciones que podrán llegar hasta los 400.000 euros frente a los 60.000 euros actuales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios