Las empresas españolas tenían firmados al cierre del mes de marzo más de 2.300 acuerdos con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva que les comprometen a subir el sueldo a más de seis millones de trabajadores este año, según los datos oficiales recién publicados por el Ministerio de Trabajo. Cerrados en un contexto de crecimiento económico y bajo el amparo del acuerdo interconfederal de negociación colectiva entre CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para el periodo 2018-2020, que preveía subidas de entre el 2% y el 3% en el curso del trienio, esos acuerdos plantean una subida salarial media que roza el 2% (1,96%) y garantiza a cerca de cinco millones de trabajadores que sus retribuciones crecerán en 2020 al menos un 1,5%. Éste era el panorama cuando sobrevino la crisis del coronavirus.
Los empresarios percibieron los compromisos adquiridos en los convenios como un problema desde el primer momento. En la última reunión presencial celebrada por CEOE con sus asociados en Diego de León, 50, allá por el día 10 de abril, unos días antes de que el Gobierno decretara de forma oficial el 'estado de alarma' y el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios particulares, fueron varias las organizaciones sectoriales y territoriales que instaron al equipo de Antonio Garamendi a maniobrar de alguna forma en el diálogo social para permitir a las empresas en problemas esquivar los compromisos de subida salarial adquiridos cuando la economía crecía a buen ritmo y sus negocios podían al menos tener las puertas abiertas.
Desde aquella fecha hasta ahora las organizaciones no han dejado de recordar lo crítico del asunto a la Dirección de CEOE y según aseguran fuentes de la organización empresarial el tema no ha dejado de estar en la agenda. Las empresas argumentan que en un contexto en el que sus ingresos se han caído a cero en muchos casos y en el que han tenido que recurrir de forma masiva a los ajustes temporales de plantilla por causa de fuerza mayor para sobrevivir no tiene mucho sentido que continúen 'atadas' a los compromisos salariales asumidos hace meses o semanas, cuando el contexto era otro. Y piden acordar con los sindicatos un mecanismo ágil y sencillo en el ámbito de la negociación colectiva para permitir 'desengancharse' de esos acuerdos salariales a las empresas cuya situación económica sea frágil, según explican fuentes internas de la principal organización empresarial del país.
Las empresas quieren que se haga de acuerdo con los sindicatos. Y es importante porque no tendría por qué sea así. La controvertida reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 habilitó un canal exprés para que las empresas pudieran descolgarse de los acuerdos alcanzados con los sindicatos en materia de salarios o jornada de forma unilateral, sin acuerdo, siempre que hubiera indicadores objetivos que indicaran un deterioro significativo de su situación, la famosa regla de los dos trimestres seguidos con resultados negativos. El instrumento se ha utilizado poco y su relevancia ha sido casi marginal: más del 90% de los descuelgues de condiciones de convenio se hacen por acuerdo.
La experiencia ha demostrado a las empresas que es mucho más sencillo hacerlo de común acuerdo con los sindicatos, que por las bravas, y además ese instrumento es uno de los que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz había puesto en su punto de mira para eliminarlo a la que entraran en harina con la desactivación de la reforma laboral.
Mantener el empleo, a cambio de salarios más bajos
"Se trata de un intercambio muy sencillo: si se quiere reducir al mínimo la destrucción de empleo habrá que ceder en los salarios", explica un socio del área laboral de un importante despacho de la capital, recordando lo que ocurrió en España hace una década en la Gran Crisis por no disponer de medidas de flexibilidad interna. El asunto sin embargo no ha llegado todavía a la mesa del diálogo social, como confirman fuentes sindicales. "Creo que en CEOE entienden que aún no es el momento de plantearlo", explican fuentes de la organización empresarial. "Nos consta que está en la agenda, pero a día de hoy hay cuestiones más urgentes como todo lo relacionado con las medidas que está adoptando el Gobierno".
Las fuentes del ámbito de la asesoría laboral consultadas por La Información aseguran que las grandes empresas han empezado por otro lado: desactivación de bonus y variables de personal directivo y trabajadores y, eso sí, suspensión de las cláusulas de revisión salarial -que pretenden asegurar la subida de los sueldos al menos al mismo nivel que el IPC- pendientes de aplicar en las plantillas. "En la mayor parte de los casos la suspensión de las revisiones salariales ya se prevé para la negociación de 2021". Eso está ocurriendo en las grandes, pero ¿qué ocurre en las pequeñas empresas o en las medianas y grandes a las que la crisis ha golpeado con especial virulencia?
Las fuentes empresariales consultadas recuerdan que la suspensión de las subidas salariales pactadas en convenio no se puede aplicar con carácter retroactivo, sino únicamente desde el momento en que se hace efectivo ese descuelgue salarial. Explican que los ERTE por causa de fuerza mayor han permitido un respiro, al asumir el Estado buena parte del coste laboral asociado al ajuste de plantilla, pero que cuando ésta cobertura desaparezca habrá que tomar medidas. "Ahí habrá que decidir si se prefiere mantener la subida salarial o reducir empleo, y es preferible que cuando llegue ese momento haya un acuerdo marco con los sindicatos que pacifique esa negociación", argumentan desde una de las organizaciones sectoriales que ha puesto este asunto encima de la mesa.
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