Los ajustes de plantilla no han acabado. Mientras el Ministerio de Trabajo termina de concretar si finalmente prolongará el amparo de la causa de fuerza mayor por Covid-19 en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma para determinados sectores, los empresarios planean ya solicitar suspensiones de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción cuando se levante el confinamiento. El motivo principal es que los negocios que se han visto obligados a parar por esta crisis no van a tener capacidad suficiente para retomar la actividad cuando decaiga el estado de alarma. Al contrario, ya prevén que van a tardar meses en recuperarse.
Tal y como está establecido en estos momentos, los ERTE por fuerza mayor derivada del coronavirus dejarán de estar vigentes cuando decaiga el estado de alarma. Esto genera un problema para muchas compañías que han optado por estas suspensiones temporales de empleo que les han permitido ahorrarse los costes laborales durante estas semanas, incluidas las cotizaciones sociales, ya que el día 26 de abril (o en alguna fecha posterior próxima, en caso de prorrogarse nuevamente el estado de alarma) deberán volver a funcionar y cargar de nuevo con los salarios de las plantillas al completo.
Pero estos negocios, que son sobre todo pequeñas empresas dedicadas al comercio, el turismo o la restauración, han colapsado a causa de la pandemia y difícilmente van a poder volver a la normalidad después de esta cuarentena, más aún después de haber perdido el habitual pico de facturación de la campaña de Semana Santa. Lo explica Alberto Novoa, socio del área laboral de Ceca Magán: "Muchas de las empresas que tuvieron que acogerse a ERTE por fuerza mayor están previendo que cuando se levante el estado de alarma todavía van a venir meses complicados y están planeando formular otro ERTE, ahora por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP)".
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de quien depende esta cuestión, se está planteando alargar los ERTE de fuerza mayor más allá del estado de alarma para los sectores más afectados por la pandemia, incluidos los mencionados (el comercio, la restauración, el turismo y el cultural-recreativo), según ha transmitido a las organizaciones empresariales. Pero la decisión no está tomada y mientras llega los empresarios están actuando con previsión y moviendo ficha en los despachos de abogados ante la imposibilidad de volver a asumir el 100% de los costes laborales al día siguiente de que el Gobierno ponga fin al estado de alarma.
Esa nueva oleada de ERTE llegaría después de otro aluvión que se va a producir a partir de esta misma semana. Tras la finalización de la vigencia del permiso retribuido recuperable el pasado miércoles, muchas de las empresas dedicadas a actividades consideradas no esenciales que mandaron a sus trabajadores a casa con 'vacaciones pagadas' se van a ver ahora obligadas a hacer ajustes de plantilla. Según explican fuentes empresariales, "en un escenario en el que se prorrogan las medidas de confinamiento y ante la paralización de la actividad económica, a estas compañías no les va a quedar más remedio que acudir al ERTE".
En cualquier caso, los ajustes de plantilla se van a seguir sucediendo durante las próximas semanas y meses. Por el momento, y en ausencia de datos oficiales porque estas personas no constan en las estadísticas como parados aunque perciban la prestación pública por desempleo, se estima que los afectados por ERTE ya superan los 2,6 millones, en base a los datos recopilados por los gobiernos regionales. A estos se les sumarían nada menos que otros 5 millones entre los meses de abril y mayo, según los cálculos que se están manejando en organizaciones empresariales.
Desde la CEOE señalan que "enestasituaciónexcepcional,muchas empresas estánmanteniendosusnivelesdeempleo,apesardequesu actividadysusingresosse hayanvisto reducidos y otrashanutilizado losERTE comoinstrumentodisponiblepara evitarlosdespidos". En su último panorama económico la patronal analiza cuál habría sido el comportamiento del empleo sin la posibilidad de acogerse a los ERTE en las actuales condiciones y concluye que en un escenario de recuperación intensa se perderían un millón de puestos de trabajo y la tasa de paro escalaría al 18,7%, mientras en un escenario más adverso el desplome de la ocupación sería de 1,4 millones y el paro se dispararía el 20,7%.
El Ministerio de Trabajo está recibiendo un alud de dudas y preocupaciones desde todos los sectores empresariales. Díaz les ha adelantado que está analizando la prolongación de los ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma, pero eso sí, la ministra considera que las grandes corporaciones tienen capacidad suficiente y no necesitan de estas ayudas y por eso orientará las nuevas medidas a las empresas de menor tamaño, más allá del turismo, también a la navegación aérea y marítima y la construcción. Desde su departamento matizan que "se valorarán todas las posibilidades para los sectores más afectados".
Mientras tanto, los teléfonos de los bufetes y asesorías jurídicas no dejan de sonar. La flexibilización de los ERTE y su impulso por parte del Gobierno ha provocado un aluvión de solicitudes sin precedentes, en algunos casos mal planteadas. Desde Ceca Magán, Novoa explica que en un primer momento las empresas se lanzaron al ERTE por causa de fuerza mayor derivada directamente del Covid-19 y muchos fueron denegados por considerar que su problema productivo no es consecuencia directa de la pandemia. "Y en muchos de los casos en los que fue admitida la fuerza mayor ya se están preparando para negociar un nuevo ERTE por causas ETOP", añade. La diferencia es que en la fuerza mayor el Estado se hace cargo de las cotizaciones sociales, mientras en los ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción el empresario tiene que seguir cotizando por sus trabajadores.
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