Las operaciones de rescate se tendrán que publicar

Las empresas 'rescatadas' no abonarán ni dividendos ni bonus a sus directivos

Bruselas obliga a los estados a incluir una cláusula de salvaguarda en sus fondos de rescate a empresas para garantizar la recuperación de la inversión y prevé penalizaciones si no es así.

Antonio Garamendi firma el Pacto para el Empleo en presencia de Pedro Sánchez
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EFE

"El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por la Covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados". El Gobierno ha evitado expresamente descender al detalle a la hora de glosar la que asoma como su medida estrella para esta segunda fase del combate de la política económica contra los efectos de la pandemia. Se sabe que estará dotado con 10.000 millones de euros, que se financiará en primera instancia a partir de emisiones del Tesoro a la espera de lo que se pueda rascar de Europa, que se gestionará desde el hólding de empresas públicas - Sepi - y que sus recursos no se utilizarán para reflotar empresas en problemas tipo Alcoa o Nissan sino que se emplearán en estabilizar la situación financiera de firmas solventes y viables particularmente afectadas por las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus

La herramienta, recalcan fuentes del Gobierno, no es "ninguna ocurrencia de inspiración bolivariana" ni un subterfugio para nacionalizar empresas, sino una laguna del 'escudo financiero del Estado' para proteger al tejido empresarial más estratégico para el país a la vista de lo que ya se había hecho en el resto de grandes países europeos como Alemania, Francia o Italia desde hace semanas. Por supuesto, tendrá sus condiciones. Según las fuentes gubernamentales consultadas el mecanismo estará sujeto a las normas impuestas por el denominado 'Marco Temporal'  europeo y en virtud de éste las empresas que sean 'rescatadas' por el Gobierno no podrán repartir dividendos en tanto se prolongue la 'intervención gubernamental' y se verán obligadas a recortar la remuneración de sus directivos que no podrán percibir ninguna clase de bonus ni retribución variable por su gestión.

Las empresas que soliciten el apoyo financiero del Gobierno tendrán, por tanto, condicionada de forma sustancial su gobernanza durante el periodo que se prolongue esta intervención y además tendrán que garantizar al Estado no sólo la recuperación íntegra de la financiación pública aportada sino también una cierta retribución extra. La norma europea estipula de forma clara que mientras las medidas de recapitalización adoptadas en el contexto Covid no se hayan amortizado en su totalidad los beneficiarios de las mismas "no podrán ni distribuir dividendos, ni efectuar pagos de cupones no obligatorios, ni recomprar acciones, salvo en relación con el Estado", una prohibición por cierto que el BCE ha establecido de forma general para el sector financiero casi desde el principio de la crisis. 

Una larga lista de limitaciones a la gobernanza

La obsesión de Bruselas por garantizar el 'level playing field' y por evitar que estos esquemas traigan consigo un "falseamiento indebido de la competencia" le ha llevado a establecer una lista no corta de restricciones a las empresas que reciban ayudas de los gobiernos europeos a través de instrumentos como el Fondo recién creado por el Gobierno de España. Las empresas que se acojan al 'salvavidas' del Gobierno deben saber que no podrán entregarse a campañas comerciales de altos vuelos, ni asumir decisiones de riesgo, ni por supuesto adquirir participaciones de más del 10% en empresas competidoras. 

Bruselas, de hecho, dio el pasado jueves una vuelta de tuerca más al esquema de garantías dispuesto para este tipo de fondos, al limitar las retribuciones que pueden percibir los directivos de las empresas que reciban la ayuda de sus gobiernos. En concreto, el marco normativo europeo al que se sujeta el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dispone que el salario de los directivos de las empresas rescatadas no podrá exceder durante la intervención la parte fija de su retribución a 31 de diciembre de 2019 - para evitar subidas tácticas de última hora - y que cualquier directivo que se incorpore a la compañía durante el proceso tendrá ese mismo techo salarial. "Bajo ningún concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variables o comparables", remacha la norma europea.

Garantizar que los estados recuperan lo invertido

A la espera de que el Gobierno revele la letra pequeña del Fondo, lo que se sabe es que la participación de Estado en las empresas se concretará en la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital - siempre a precio de mercado -, la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada u otros instrumentos híbridos y que, según se han encargado de remarcar desde Moncloa, "el importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones realizadas se ingresarán en el Tesoro Público". Es otras palabras, que si la cosa sale bien hasta es posible que el Estado saque un puñado de millones de euros...Pero, claro, también es posible que salga mal y que alguna empresa no supere la crisis. En ese caso la cuenta la pagará el erario público.

Al margen de ese riesgo que siempre se corre cuando uno entra para resolver una situación crítica - ahí está la factura del rescate bancario para recordarlo -, Bruselas ha plagado el marco regulatorio para este tipo de fondos de cautelas para impedir que los estados aprovechen la coyuntura para proporcionar una ventaja competitiva a sus empresas estratégicas. Como punto de partida, cualquier operación de entrada que realice el Gobierno en el capital de una empresa a partir de este Fondo deberá hacerse a precios de mercado y con unas condiciones estrictas para garantizar que se recupera el dinero invertido, con intereses.

Todos los contratos de intervención deberán incluir una cláusula en virtud de la cual el erario público obtendrá una retribución extra en el caso de que cuatro años después de la intervención el Estado permanezca en el capital de la empresa 'rescatada'. La 'penalización' para la empresa  - ganancia para el Estado - aumentará si el periodo de permanencia supera los seis años. La intervención del Gobierno se diseñará también de modo y manera que la propiedad de la empresa rescatada pueda recuperar a precio de mercado las participaciones adquiridas por el Estado en el momento en que crea oportuno, con total flexibilidad. Eso sí, si remolonea, el Gobierno también estará habilitado para poner en el mercado esa participación al mejor postor, con un derecho de tanteo para el anterior titular de las acciones.

Entre tanta restricción y tanta cautela, Bruselas ha abierto la mano para que el Fondo de 10.000 millones de euros del Gobierno puede ir más allá de ese perímetro de las empresas de reconocida solvencia. Europa permitirá al Gobierno de España que inyecte recursos en empresas en problemas siempre que se trate de pymes, microempresas o empresas de base tecnológica en fase de lanzamiento y que éstas no se encuentren en concurso de acreedores. En este segmento, el Gobierno podrá optar por realizar inyecciones de capital sin chequear si su situación ya era complicada antes de la irrupción de la Covid-19. Un dato relevante más: el Gobierno deberá informar y hacer públicas todas las intervenciones que realice en empresas cuando su montante supere los 100.000 euros. Toda una demostración de transparencia, casi imposible si no estuviera Europea de por medio.

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