El nuevo curso empresarial arranca entre el miedo y la incertidumbre en plena oleada de rebrotes de Covid-19. Los trabajadores se incorporan a sus puestos tras las vacaciones, pero en la mayoría de los casos no lo hacen de manera presencial. La pandemia sigue activa y ha trastocado los planes de vuelta de muchas compañías que preparaban un septiembre en la oficina. El teletrabajo sigue siendo la opción recomendada por el Gobierno para contener la expansión del virus, pero el atasco en la tramitación de la nueva ley está provocando que en una parte importante del tejido empresarial continúe rigiendo la improvisación que impera desde el mes de marzo.
"Lo que hemos hecho durante la pandemia no se puede repetir (...) trabajando en casa, con un portátil, atendiendo a nuestras hijas y haciendo un millón de cosas... eso no se puede mantener". Así de tajante se ha mostrado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero muchas empresas siguen el 'modus operandi' que desplegaron cuando estalló la pandemia, a la espera de que este asunto esté regulado. "Hay empresas que se resisten al teletrabajo y quieren volver al presencialismo con medidas de prevención, pero muchas de las que tenían planes de vuelta se han visto obligadas a modificarlos por los rebrotes y están improvisando 'planes parche' hasta que la situación se normalice", explica la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez, quien matiza que un porcentaje menor de las compañías se han adelantado al Gobierno y están pactando condiciones de teletrabajo (jornadas, gastos...) aunque la ley no esté en vigor.
Díaz garantizaba el pasado jueves en una entrevista radiofónica que el acuerdo con los agentes sociales está próximo y, sin aportar más detalles, se remitía a la reunión de este lunes, en la que se va a valorar un último borrador que sigue sin encajar del todo a patronal y sindicatos. La línea roja para los empresarios es el porcentaje de la jornada desempeñada a distancia a partir del cual se considera que un empleado es teletrabajador, situado en el 20%, un nivel que la CEOE considera excesivamente reducido. Los sindicatos, por su parte, critican que el texto deja fuera al personal laboral de la Administración Pública, que se seguirá rigiendo por su normativa específica. Esos son, a grandes rasgos, los principales escollos para el pacto.
Fuentes del diálogo social explican que las negociaciones siguen abiertas y hay predisposición al acuerdo, pero no obstante, advierten de que el Ministerio tiene la intención de regular este aspecto con o sin el beneplácito de los agentes sociales. El Gobierno considera prioritario concretar esta cuestión y, de hecho, el Consejo de Ministros ha autorizado su tramitación administrativa urgente. Sin embargo, los agentes sociales criticaron las prisas del Ejecutivo al redactar la norma sin consulta previa en las mesas de negociación, por lo que ahora se están matizando todos los puntos que el Ministerio de Trabajo no tuvo en cuenta en un primer momento. Por este motivo, el anteproyecto de Ley se está demorando más de lo previsto y, de hecho, ya llega tarde como solución de emergencia frente a la pandemia.
Fuentes jurídicas señalan que si la norma se sigue tramitando como proyecto de Ley y hubiera acuerdo con los agentes sociales este viernes, cuando está prevista una cumbre en Mallorca, el Gobierno podría aprobarlo en el Consejo de Ministros de la próxima semana y la tramitación en el Congreso se prolongaría hasta enero. "Tengamos presente que la tramitación parlamentaria se verá ralentizada por el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que para la entrada en vigor, después del Congreso tenderá que ir a Senado", matizan. Por otra parte, "existe el riesgo de que, con acuerdo o sin acuerdo, el Gobierno opte por el Real Decreto-Ley, tramitado como proyecto de Ley tras su convalidación, si cree que es una norma necesaria y urgente dadas las circunstancias", añaden estas fuentes.
Las fuentes consultadas insisten en que a la vista de la voluntad política del Gobierno, lo previsible es que la nueva regulación se termine aprobando por Real Decreto Ley y entre en vigor a más tardar en el mes de octubre, eso sí, más de medio año después de la irrupción del coronavirus. Se espera, además, que la norma logre un amplio respaldo parlamentario, pues no parece complicado el consenso de los principales grupos políticos respecto a este asunto. En este sentido, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió en el Congreso de los Diputados que si las preferencias de los ciudadanos pasan por el teletrabajo, se debe "permitir y facilitar" en el Parlamento la adaptación al mismo, si bien avisó de que hay constancia de que puede tener "efectos negativos" en la productividad.
Problemas con la 'vuelta al cole'
La regulación del teletrabajo es vital también de cara a la 'vuelta al cole'. No pocos padres se están planteando la necesidad de continuar trabajando desde sus casas a partir de septiembre ante la imposibilidad de incorporarse de manera presencial a sus puestos por tener que hacerse cargo de sus hijos en caso de que no puedan acudir al colegio por un rebrote del virus. Fuentes jurídicas avanzan que las empresas ya están recibiendo peticiones de trabajadores que solicitan bien adaptaciones de jornada, bien la posibilidad de continuar teletrabajando en la 'nueva normalidad' y avisan de que parece inevitable que muchos casos acaben por resolverse por la vía judicial si no se llega a un acuerdo entre empresa y trabajador.
Lo que no cabe confundir es el teletrabajo con la conciliación laboral y familiar. Los sindicatos han logrado que se eliminen estas referencias del anteproyecto de ley, que en su última versión establece que el trabajo a distancia será voluntario, reversible, y requerirá de previo acuerdo entre empresa y trabajador. Además, será sufragado por la compañía y permitirá la flexibilidad de horario, si bien una parte de la jornada puede ser de disponibilidad obligatoria. También otorga poder al empresario para vigilar que el trabajador a distancia cumple con sus obligaciones y se especifica que el sistema de registro horario debe reflejar fielmente el tiempo de trabajo realizado, incluyendo el momento de inicio y finalización de jornada.
Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo puso en marcha el plan 'Me Cuida', que establece el derecho de los trabajadores a reorganizar su trabajo a efectos de facilitar el cuidado y a reducir su jornada con pérdida proporcional del salario y sin que su ausencia pueda implicar sanciones. La ministra Díaz ha anunciado su intención de prorrogar este plan, si bien los sindicatos consideran que ni esta medida ni las bajas médicas por cuarentena son suficientes y exigen la aprobación de un permiso retribuido que evite recortes salariales. El Gobierno, en una iniciativa del Ministerio de Educación, está trabajando con varios departamentos en el diseño de una fórmula subsidiaria que dé cobertura jurídica a estas situaciones, si bien de momento no está claro cuál va a ser la solución.
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