Madrid, 25 ene.- El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que establece la licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España y prevé la creación de un Consejo de Unidad de Mercado que establecerá criterios para evitar la actual dispersión normativa en esta materia.
El anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, aprobado hoy en Consejo de Ministros, aspira a solucionar la fragmentación del mercado interior, fruto de la existencia de 17 normativas autonómicas distintas, y a recuperar competitividad y atractivo inversor.
Según los cálculos del Ministerio de Economía, la norma permitirá reducir en un 35 % las cargas administrativas para la creación de empresas y aumentar la productividad el 1,23 %, lo que tendría un impacto en el PIB de 0,15 puntos anuales, es decir 1.500 millones de euros al año durante una década.
"Es una norma que beneficia todos y no perjudica a nadie. No es una ley de armonización ni de recentralización de competencias. No se mete en las competencias de nadie", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Economía precisaron que el Consejo de Unidad de Mercado, que estará presidido por el ministro de Hacienda y contará con la participación de las CCAA, no tendrá capacidad para derogar leyes.
Será un órgano de "cooperación administrativa" cuya función consistirá en establecer "criterios que permitan que las CCAA revisen su normativa", señalaron.
La licencia única permitirá que las empresas la soliciten en una comunidad autónoma y comercialicen sus productos en toda España sin requisito adicional, bajo el principio de "confianza mutua", es decir, que una autonomía se "fíe" de aquella que da la licencia.
Los prestadores de servicios se beneficiarán también de la licencia única pero tendrán que atender, al igual que ocurre en el resto de Europa, a la legislación de destino para ejercer la actividad.
Para facilitar las cosas, las autonomías estarán obligadas a compartir los registros de licencia y también tendrán que comunicar al resto el impacto que puedan tener las normas que elabore en el futuro.
El objetivo es evitar situaciones como que un fabricante de máquinas recreativas deba producir varias versiones de un aparato para venderlo en todo el país o que una empresa alimentaria tenga que incluir en el etiquetado especificaciones distintas en función de dónde se comercialice, según ejemplos que puso la vicepresidenta.
Por otro lado, el principio de no discriminación que introduce el texto implicaría que ninguna comunidad autónoma pueda exigir a una empresa que tenga sede en su territorio como requisito para participar en un concurso público.
Con respecto al etiquetado, comunidades como el País Vasco o Cataluña conservarán su capacidad de exigir que se haga en sus lenguas autonómicas, indicaron fuentes del ministerio.
El anteproyecto prevé también que una empresa pueda dirigirse a una "ventanilla única" autonómica si considera que una ley vulnera el principio de unidad de mercado y, si la respuesta es negativa, esa empresa podrá dirigirse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que responderá en un plazo de cinco días.
En caso de que la CNMC dé la razón a la empresa, ese organismo podrá impugnar la norma por la vía contencioso-administrativa, aunque quedaría suspendida temporalmente hasta que se pronunciasen los tribunales.
Las organizaciones empresariales -CEOE, CEPYME, CECOMA-, y las Cámaras de Comercio han aplaudido la aprobación del anteproyecto, confiadas en que contribuya a reducir los costes de la "sobrerregulación", con más de más de 100.000 leyes estatales y autonómicas desde 1978.
La federación de autónomos ATA calcula que la eliminación de trabas burocráticas podrá ahorrarles más de 3.000 millones de euros en los próximos dos años.
El proyecto, inspirado en el mercado único europeo, pasará por la Conferencia Sectorial del Comercio para recabar el máximo consenso entre todas autonomías antes de iniciar su tramitación parlamentaria. EFE
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