Tras casi 5 años

Enagás confía en ganar el arbitraje contra Perú y recuperar 200 millones en 2024

Los asesores legales del operador gasista español esperan un resultado positivo. El laudo está previsto para el primer semestre, aunque la compañía no rescataría el total de la inversión hasta más allá del ejercicio 2030.

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri.
Enagás confía en ganar el arbitraje contra Perú y recuperar 200 millones en 2024.
Enagás.

En Enagás están de enhorabuena. Tras lanzar en 2018 un arbitraje contra el Estado de Perú por la paralización del Gasoducto Sur Peruano (GPS), la compañía espera el laudo dentro del primer semestre de este año y confía en ganarlo. No obstante, el operador gasista español no vería un euro hasta el año que viene, cuando prevé recuperar la mitad de la inversión (unos 200 millones de euros). Y no será hasta más allá de 2030 cuando reciba el resto.

Así lo aseguró este jueves el consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo Aizpiri, en la junta general de accionistas. El proyecto de gasoducto de más de 1.000 kilómetros fue paralizado en 2017 y Enagás se personó ante el Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Casi cinco años después, los asesores legales del grupo han trasladado a la dirección de la empresa que esperan un resultado positivo, según el propio Gonzalo Aizpiri. "Hemos estimado la recuperación del 50% de nuestra inversión en 2024 y el resto más allá de 2030". Enagás ha descartado abonar un dividendo extra por esta cuestión.

La empresa posee un 25% del GSP y reclama la recuperación de la inversión que realizó. Su demanda se eleva a 1.800 millones de euros, aunque dicha cantidad no le corresponde en su totalidad porque compartía proyecto con la brasileña Odebrecht (50%) y la peruana Graña y Montero (25%). El Gobierno de Perú rescindió el 23 de enero de 2017 la concesión del gasoducto debido a los escándalos de corrupción en los que se vio envuelta Odebrecht. Ante tal caso los bancos se negaron a proveer de fondos al consorcio. 

De este modo, el operador de gas en España estima de vuelta unos 400 millones de euros. La cuantía corresponde al cobro de la inversión financiera en el gasoducto y a los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a Enagás como consecuencia de la terminación del citado contrato de concesión. En concreto, abonó 213 millones en concepto de garantías financieras como accionista del proyecto y otros 275,3 millones de capital social. El presidente de la empresa, Antonio Llardén, dijo en 2020 que esperaba que el arbitrase se resolviese el año pasado.

'Pelea' por los dividendos

Por otro lado, la compañía que preside Antonio Llardén también presentó a finales de 2021 una segunda demanda contra el ejecutivo peruano ante el Ciadi, como ya publicó La Información. En esta ocasión con la intención de sacar del país más de 160 millones de euros en dividendos. Enagás recibe aportaciones por su participación del 28,9% en Transportadora de Gas del Perú (TgP), compañía encargada del transporte de la mayor parte del gas natural del país, y por el 51% que posee en la Compañía Operadora de Gas (COGA), entidad responsable responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP. Sin embargo, el Estado peruano obliga a la empresa española a que dichos beneficios permanezcan allí.

Enagás defiende que ambas participaciones están protegidas por un contrato que tiene validez de ley conforme a la Constitución peruana. En su opinión, Perú está incumpliendo dicho acuerdo legal al forzar que los dividendos de Enagás permanezcan en su territorio. El tribunal de arbitraje del Banco Mundial admitió a trámite la demanda.

Los dos mayores accionistas del grupo son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta un 5% de la compañía, y el fundador de Inditex, Amancio Ortega, con idéntica participación. BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, elevó recientemente su participación hasta el 5,56%, alcanzando así su máximo nivel desde que entró en la compañía hace ya casi seis años y consolidándose como el principal accionista. Por su parte, Bank of America y Mubadala Investment son otros de los accionistas de Enagás, con un 3,6% y un 3,1%, respectivamente.

Enagás estima un beneficio después de impuesto para 2023 de alrededor de 320 millones de euros, lo que supondrá un 15% menos que los resultados del ejercicio precedente, debido a la reducción de ingresos establecida en el marco regulatorio, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de unos 770 millones de euros. Las filiales previsiblemente aportarán unos dividendos de entre 190 y 200 millones de euros. Como parte del cumplimiento de su plan de eficiencia, mantendrá este curso un "estricto control de gastos operativos".

La junta general de accionistas de Enagás aprobó todos los puntos que recogía su orden del día. Los accionistas del grupo dieron su visto bueno al pago de un dividendo total por acción de 1,72 euros con cargo al pasado ejercicio y a la renovación de Patricia Úrbez como consejera independiente. También a la de Santiago Ferrer Costa como consejero dominical en representación de la SEPI. Además, fijó el número de miembros del consejo de administración en 15, un 40% mujeres, cumpliendo con la recomendación actual del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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