Las comunidades toman la delantera al Gobierno contra el cambio climático

Mientras el Gobierno constituye una comisión para estudiar durante medio año qué hacer para promover las energías limpias y frenar el cambio climático, comunidades autónomas y ciudades toman la delantera. Cataluña ha aprobado –sin votos en contra- su propia Ley de Cambio Climático; Baleares anuncia una norma "pionera", con objetivos vinculantes, para el primer trimestre de 2018; Galicia y Navarra legislan para implantar más renovables, y comunidades como Andalucía, Extremadura o Valencia recurren a los fondos europeos de desarrollo, Feder, para promover el autoconsumo eléctrico.

Precisamente el autoconsumo es un buen ejemplo de cómo la realidad en comunidades autónomas y ayuntamientos va por delante de la legislación del Estado. El 2 de junio, el Tribunal Constitucional abrió la posibilidad de que las comunidades de propietarios compartan placas solares, algo que estaba expresamente prohibido desde 2015 (Real Decreto 900/2015). Apenas unas semanas después, el primer proyecto de autoconsumo compartido estaba en marcha en Rubí (Barcelona). 

Comunidades y ayuntamientos corren más que el Estado. Es una cuestión importante porque Bruselas ha exigido a todos sus miembros una hoja de ruta para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 y el compromiso afecta igualmente a las administraciones regionales y locales.  Los riesgos del cambio climático

De algún modo, y salvando las distancias, en España se reproduce la situación de EEUU: una cúspide política -encarnada en Donald Trump- poco convencida de los riesgos del cambio climático y gobiernos locales y estatales que aprueban medidas más contundentes que el Ejecutivo Federal. 

"Las iniciativas de las Comunidades Autónomas van claramente por delante del Estado" admite el experto en energía Javier García Breva, quien destaca iniciativas como la catalana o balear "que dejan atrás a las propuestas del Gobierno". En opinión de García Breva, "si los compromisos desde el Estado son importantes, más importantes van a ser en el futuro los compromisos de abajo arriba, es decir, los que partan de iniciativas locales, decisivas para el desarrollo de las renovables, la eficiencia energética y la reducción de emisiones". 

Es una idea que comparte la Fundación Renovables. En septiembre, la fundación celebrará en Málaga un curso dedicado al desarrollo sostenible urbano. Parte de la idea de que se puede y se debe conseguir la existencia de ciudades con cero emisiones. ¿Cómo? Racionalizando la demanda, con una electrificación creciente y eficiente y con generación distribuida o centralizada con fuentes de energía renovable. Ciudades de Europa

La iniciativa recoge las experiencias que se están llevando a cabo en Europa. Una de ellas, Energy Cities, reúne a un millar de ciudades en todo el continente. La asociación aboga por la descentralización de la política energética. En Dinamarca, en Alemania y en Suecia, algunos territorios ya han tomado medidas para avanzar en la autonomía energética. 

El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Jose Donoso, resume así la situación: "Se está delineando" sostiene "una nueva senda que partiendo del autoconsumo con energía fotovoltaica, la gestión a la red de sus excedentes, la generación distribuida y las redes inteligentes finaliza una transformación muy importante de la forma de producir y consumir energía que veremos consolidarse en nuestras ciudades en muy pocos años".

Ciudades como Växjö  (Suecia) -premio Hoja Verde Europea de la UE-o Frankfurt (Alemania) dan la razón a Donoso. Växjö, ejemplo para las organizaciones ecologistas, tiene una verdadera estrategia de autoabastecimiento con biomasa local. Ha alcanzado acuerdos a largo plazo con los territorios vecinos y es la propia ciudad la que invierte en la regeneración y la gestión de sus bosques. En Francia, el número de proyectos también están aumentando.

Pero la gran cita será en un par de meses. Alcaldes europeos y estadounidenses se reunirán en noviembre en Bonn (Alemania) a instancias de la Comisión Europea y la ONU para avanzar en su cooperación en la lucha contra el cambio climático.