ENDESA, IBERDROLA Y GAS NATURAL FINANCIARÁN EL 89% DEL BONO SOCIAL A PARTIR DE MAÑANA

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán desde mañana domingo el 89% de la financiación del bono social eléctrico, según lo recogido en el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno para corregir los errores que provocaron su suspensión como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.
Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado, que establece que la entrada en vigor del decreto se producirá mañana. Este nuevo reparto de la financiación se mantendrá hasta que el Ejecutivo apruebe, en el plazo de tres meses, un nuevo decreto que recogerá el desarrollo normativo del aprobado ayer.
Dicho reparto transitorio basado en el número de clientes establece que Endesa, a través de dos sociedades, hará frente al 37,7% del bono, Iberdrola del 35,5% a través de dos sociedades y Gas Natural Fenosa del 15,85% a través de tres sociedades.
Otras dos empresas que tendrán una participación significativa son EDP, del 5%, y Viesgo, del 2,2%.
Con ello, estas cinco eléctricas harán frente al 96,2% de la financiación, quedando en otras 200 empresas la financiación del 3,8% restante.
El decreto impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no forman parte de ningún grupo societario. Hasta ahora, la financiación corría solo a costa de las matrices.
El texto establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calculará anualmente los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información.
El decreto señala también que “esta obligación (de que todas las comercializadoras paguen el bono social) no tiene carácter permanente, previéndose que se procederá a su revisión al menos cada cuatro años, para adecuarla a la situación del sector eléctrico”.
PROHIBICIÓN CORTES DE LUZ
Por otro lado, el decreto modifica la definición de consumidores vulnerables para incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta.
En consecuencia, el valor base sobre el que se aplique el bono social podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y, aunque seguirá denominándose tarifa de último recurso, podrá haber más de una.
En segundo lugar, se crea como novedad una nueva categoría en la lista de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales (que no se puede cortar), que incluirá a los suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas por hallarse en riesgo de exclusión.
Estas prohibiciones de corte de suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales se configura como una nueva obligación de servicio público, lo que supone que tendrá aportaciones de las compañías eléctricas, que tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que realicen las Administraciones Públicas.
Las aportaciones que deban realizarse por este concepto estarán diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendrán un límite máximo a fijar por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Por último, se amplía hasta cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para algunos consumidores vulnerables, que se deberán determinar reglamentariamente en el plazo de tres meses.
La definición de estas categorías responderá a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras cuestiones.

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