Nuevo responsable de Digitalización

Enojo entre los altos funcionarios por el último nombramiento de Nadia Calviño

La decisión de situar como director general de Digitalización e Inteligencia Artificial a un perfil ajeno a la Alta Función Pública reactiva las críticas del colectivo a la discrecionalidad en las designaciones.

Nadia Calviño, en el acto de toma de posesión de los altos cargos del Ministerio.
Nadia Calviño, en el acto de toma de posesión de los altos cargos del Ministerio.
Moncloa

La designación de Ángel Sánchez Aristi, un exconsultor especializado en los ámbitos financiero y tecnológico y con una dilatada trayectoria en el sector privado, como nuevo director general de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del organigrama de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos ha levantado ampollas entre los cuerpos de élite de la Administración Pública, que han vuelto a denunciar el enésimo nombramiento discrecional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un profesional ajeno a la carrera administrativa para ocupar un cargo supuestamente reservado por ley para los directivos públicos.

Tras la aprobación de su nombramiento por parte del Consejo de Ministros, Sánchez Aristi se convirtió el pasado martes en el trigésimo sexto director general del Gobierno de España que no ostenta la condición de funcionario, una anomalía administrativa si se tiene en cuenta que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015 establece de forma taxativa que los nombramientos de directores generales del Gobierno "habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales" y califica el nombramiento de no funcionarios para estos puestos como un hecho excepcional que deberá ser motivado de manera suficiente por el departamento que lo solicite.

"El personal funcionario del Grupo A1 ha accedido a su puesto en oposiciones muy exigentes que les permiten ostentar una alta preparación y desarrollar su trabajo con un gran desempeño técnico", aseguran desde Fedeca en un comunicado. "Dichas oposiciones están basadas en los principios de mérito y capacidad y constituyen la base de la Administración del Estado y en general de una Administración Pública independiente y técnica". Para ser director en estas circunstancias, aseguran en relación al nombramiento de Sánchez Aristi, no se requiere de ninguno de estos requisitos. "La profesionalización del sector público es una garantía del Estado de Derecho", remachan.

Desde la organización representativa de los cuadros directivos de la Administración se ha insistido en diversas ocasiones en que su objetivo no es prohibir el acceso de personas ajenas a la Función Pública al cargo de director general, pero sí restringir el uso de esa posibilidad para ajustarlo a ese carácter excepcional que plantea la norma y, sobre todo, para exigir que se justifique de manera adecuada por parte de los ministerios, un trámite que se ha ido olvidando con el paso de los años y que constituye una de las bases jurídicas sobre las que Fedeca ha construido su demanda ante el Tribunal Supremo.

"Para nosotros no es tan relevante el volumen de los nombramientos como la existencia de un sistema viciado", ha explicado a La Información el presidente de Fedeca, Jordi Solé. "La ley exige que este tipo de designaciones sean excepcionales, estén justificadas y estén soportadas por un informe motivado del ministerio que promueve el nombramiento. Nada de esto se está haciendo". Las argumentaciones utilizadas por los ministerios concernidos para estos nombramientos 'excepcionales' se mueven en la generalidad y van desde la necesidad de "conocimientos transversales difíciles de encontrar en la Función Pública" a que el cargo en cuestión "trasciende de las normales competencias administrativas". En algunos casos el ministerio en cuestión ni se molesta en motivar el nombramiento, denuncian desde la organización, y se limita a dar cuenta del mismo.

la cifra

  • 3,5 millones... es el coste para el erario público del fichaje de directores generales ajenos a la Administración

Observan que se están cubriendo con personas ajenas a la carrera funcionarial un buen puñado de puestos de alto cargo que podrían estar perfectamente cubiertos con directivos públicos con la misma o mayor eficacia...y sin duda a un coste menor. La organización estima que el recurso masivo al 'fichaje' de personalidades ajenas a la Función Pública que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez, con hasta 36 nombramientos de estas características, tiene un coste aproximado de 3,5 millones de euros para el erario público.

Razones para un nombramiento

La Vicepresidencia de Asuntos Económicos sí se ha esforzado en tratar de justificar el nombramiento de Sánchez Aristi. En el Real Decreto que sustancia la modificación de la estructura ministerial necesaria para introducir en el organigrama de la Vicepresidencia a esta Dirección General de nueva creación el departamento argumenta que "las responsabilidades de la persona titular de la dirección general tienen un carácter transversal a toda la sociedad en su conjunto e implica la necesidad de experiencia y conocimiento de unos ámbitos especialmente complejos de los últimos avances tecnológicos, entre otras, en ciberseguridad, Big Data e inteligencia artificial" y recalca que por esas mismas razones el departamento puede ser dirigido "por una persona con experiencia profesional en el sector privado puesto que el liderazgo en la transformación digital, no solo de la sociedad sino del tejido productivo y empresarial, requiere contar con un profundo conocimiento de las industrias de los diferentes sectores, sus necesidades y los requerimientos a los que se ven sometidas".

Fedeca sostiene, bien al contrario, que el proceso de selección de altos funcionarios es lo suficientemente exigente como para garantizar que dentro de la Función Pública hay perfiles con la competencia profesional necesaria para desempeñar esas funciones. De hecho, una de las aspiraciones de la organización es impulsar un Estatuto del Directivo Público "para que concurra a los puestos el personal funcionario y si no es posible, y de forma motivada, profesionales que cumplan con los principios de mérito y capacidad, estableciendo un sistema al respecto para poder controlar el cumplimiento de tales principios". 

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