El Gobierno y ERC han llegado a un acuerdo para sacar adelante la Ley Audiovisual y dejar vía libre a que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 tengan luz verde en el Senado. El catalán en las plataformas queda así garantizado a cambio de dinero público que garantice la producción y los doblajes: se reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en dicha lengua cooficial y la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC.
La formación independentista asegura que cada año se destinarán ese mínimo de 15 millones de euros para la producción en catalán, como en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117. Esta medida se recogerá en una ley y así no dependerá cada año de los presupuestos. Paralelamente, se creará un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos.
De este modo, y a través de una ley, cualquiera de las series de éxitos de las plataformas internacionales se deberá doblar al catalán. Este pacto sobre la Ley Audiovisual contempla así ayudas estatales a la producción en las tres lenguas cooficiales una vez que la directiva europea impide aplicar una cuota fija de emisión del 6% a las plataformas con sede fuera de España como Netflix.
Según ERC, “del acuerdo se desprende que todas las plataformas que operan en el Estado, tengan la sede empresarial en el Estado o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán”. En concreto, se expone que cada año se destinarán un mínimo 15 millones a la producción en catalán, como en el resto de lenguas oficiales, que significa un 15% del 70% de la producción total que el Estado exige a todas las plataformas (incluida Netflix) a través del artículo 117". “Esto implicaría”, defiende ERC, "poder tener producciones como ‘Merlí’, ‘Polseres Vermelles’ o ‘Pa negre’ cada año”.
Esta medida está regulada por una ley, por lo cual no depende de los Presupuestos, como también “la creación de un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos”. De este modo, "el ‘Juego del calamar’ de turno se doblaría al catalán", en cumplimiento de la ley, expone ERC. Además, en el acuerdo contado por ERC se sostiene que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es el órgano responsable de dirimir los conflictos en doblajes con las plataformas, de manera que recupera las competencias del CAC, que es quien tiene capacidad sancionadora de las plataformas catalanas.
Expone la formación republicana que, con el acuerdo, en la futura ley de Comunicación Audiovisual que ahora inicia su trámite en el Congreso, “el 6% del catálogo mundial será en catalán; se añaden cuotas del catalán allí donde hasta ahora solo había cuotas de castellano; si la política de ley es atraer plataformas al Estado, cuando vengan tendrán que cumplir cuotas; y que plataformas como Movistar o Atresmedia tendrán que garantizar que un 6% de su catálogo sea en catalán”.
También “se incorpora la lengua de signos catalana; se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado sea en catalán, euskera o gallego, lo cual implica más ingresos para la producción audiovisual en lengua catalana”. En ERC afirma que, con este acuerdo, se “mejora ampliamente” la propuesta inicial de la Ley Audiovisual para recoger las demandas del sector audiovisual catalán. Y "la creación de fondos de hasta 10,5 millones de euros para incentivar la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano". Con este acuerdo, del que solo se conoce la versión de ERC, el Gobierno garantiza la viabilidad de los PGE y que la Ley Audiovisual inicie el trámite parlamentario con visos de salir adelante, además de las consecuencias políticas que tendría para el Ejecutivo que su socio parlamentario se situara en contra de sus iniciativas.
En lo referido al trámite en el Senado de los PGE, fuentes parlamentarias indican que ERC iba a retirar las enmiendas presentadas, y facilitar así que el presupuesto salga aprobado, definitivamente, en la sesión plenaria del 21 de diciembre como siempre fue objetivo del Ejecutivo. En la negociación de los PGE, ERC ya había cerrado medidas como la jubilación de los Mossos a los 60 años -que se ratificará en la próxima reunión bilateral y se pondrá en marcha antes de abril de 2022-, un aumento de las inversiones hasta el 19%, o la supresión de la partida inicialmente prevista para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de Policía de Vía Laietana, que los independentistas quieren cerrar.
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