ERC pretende que sean las arcas del Estado las que asuman la factura millonaria que se derivará de las indemnizaciones a las que las Administraciones Públicas tendrán que hacer frente para compensar a los trabajadores interinos mantenidos durante lustros en sus plantillas en situación de fraude de ley que no consigan consolidar su puesto de trabajo en la Administración. La normativa impulsada en su día por Miquel Iceta, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados prevé una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario para esos interinos que no consigan superar el concurso-oposición y se queden sin trabajo.
El texto, que ha incorporado este jueves una treintena de enmiendas en el informe de la ponencia de la Comisión de Hacienda, establece que sean las Administraciones Públicas con esos interinos en plantilla las que asuman el coste de esas compensaciones, que se abonan precisamente por la situación de ilegalidad en la que han permanecido durante todos estos años y que ha sido sancionada por el Tribunal Superior de Justicia Europeo.
La formación republicana, sin embargo, entiende que se trata de un problema generado por la ilegalidad de la regulación estatal del asunto y que, por tanto, debe ser el Estado el que asuma la factura que se derive de esa ilegalidad. Para ello plantea la creación de un 'fondo autonómico para la financiación de indemnizaciones a trabajadores interinos y laborales temporales en abuso de temporalidad' dotado con 150 millones de euros y anclado a los Presupuestos Generales del Estado para transferir a las entidades territoriales - comunidades autónomas y ayuntamientos - los recursos que necesiten para hacer frente a esas indemnizaciones.
Se da la circunstancia de que tanto ERC como otras formaciones parlamentarias como Unidas Podemos presentaron enmiendas al proyecto de ley que pretende acabar con la temporalidad del sector público para incrementar hasta los 33 días por años trabajado, con un tope de 24 mensualidades, la indemnización legal a reconocer a los interinos en situación de fraude de ley, para equipararla a la que se abona a los trabajadores del sector privado. Dentro eso sí de un esquema general en el que sería el Estado el que asumiera esa factura.
No sólo eso, las enmiendas de republicanos y morados ampliaban el universo de los potenciales perceptores al abrirlo a interinos que no hayan permanecido de forma ininterrumpida en el mismo puesto, un requisito previsto en la normativa presentada por el Gobierno, sino que hayan podido pasar por varios o tenido interrupciones de actividad de menos de 90 días.
El Congreso amplía el radio de acción del concurso de méritos
La equiparación de las indemnizaciones a recibir por los interinos que se no logren mantener su trabajo en la Administración en los procesos de consolidación de empleo público a las que reciben los trabajadores del sector privado no ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados, pero a ERC sí que le queda una opción para arrancar del Ministerio de Hacienda ese fondo de 150 millones de euros, ya que se ha metido como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, donde el apoyo de ERC es crítico para que el Gobierno consiga su aprobación.
De momento, Hacienda sí ha tenido que ceder en su rechazo a habilitar el mecanismo del concurso de méritos para los interinos que lleven menos de 10 años en la Administración. Tras un durísimo pulso político, según refieren fuentes al tanto de la negociación parlamentaria en torno al proyecto de ley que permitirá la consolidación de 300.000 plazas hoy ocupadas en fraude de ley por interinos, la parte socialista del Gobierno se ha visto obligada a abrir la mano y permitir acceder a ese mecanismo extraordinario de estabilización a los interinos en plazas que lleven ocupadas ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2016, es decir, las que lleven ocupadas los últimos seis años, tal y como solicitaba la enmienda de Unidas Podemos. ERC pedía que se permitiera ese cauce excepcional a los que llevaran más de tres años.
Según el contrato operativo firmado por el Gobierno de España con la Comisión Europea, el Gobierno deberá consolidar de aquí a 2024 al menos 300.000 plazas de trabajadores interinos. Las cifras de las plataformas que representan a este colectivo señalan que hay más de 800.00.
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