La ofensiva de ERC contra el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid y en concreto contra la bonificación del 100% que aplica sobre la cuota del Impuesto de Patrimonio, y que exime 'de facto' de pagar este impuesto a todos los grandes patrimonios con residencia fiscal en la región, no ha quedado desactivada por la oferta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de abordar esta cuestión en una comisión bilateral sobre el particular ni con su compromiso público de atacar el asunto en el marco de la reforma de la financiación autonómica.
La formación republicana, cuyo respaldo parlamentario se ha demostrado decisivo en los últimos meses para que el Gobierno saque adelante sus iniciativas políticas, ha rescatado la controvertida enmienda que planteó con el apoyo de los diputados de Unidas Podemos al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y la ha incorporado como enmienda al trámite parlamentario del proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, lo que va a obligar de nuevo a los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos a retratarse en una cuestión que ya generó un agrio enfrentamiento político con la Comunidad de Madrid hace menos de dos meses con acusaciones cruzadas y amenazas de recursos ante el Tribunal Constitucional incluidas.
Entonces, el episodio no llegó a mayores. A efectos prácticos, la enmienda a los PGE presentada por ERC, que instaba al Gobierno de España a modificar la regulación del Impuesto de Patrimonio para garantizar su cobro en todo el territorio del Estado y que gozó del respaldo entusiasta de los socios del PSOE en el Gobierno de coalición y de otras formaciones del ala izquierda parlamentaria, encalló en el Congreso con los votos en contra del Grupo Socialista y de los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos, Vox...) y el Ejecutivo 'salvó' la herida política que esto pudiera generar con sus socios parlamentarios comprometiendo una controvertida comisión bilateral Hacienda-ERC - que la Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a los Tribunales - para analizar la modificación del Impuesto de Patrimonio y garantizar que no ampare eventuales situaciones de 'dumping' fiscal.
Pero que no dejara huella en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 no impidió que desencadenara un tremendo debate político en torno a la eventual competencia fiscal desleal de la Comunidad de Madrid frente al resto de comunidades autónomas, cuyos rescoldos aún crepitan en el debate público, como lo demostró el reciente posicionamiento público del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a favor de la capacidad de las comunidades autónomas para fijar sus propios impuestos.
"Hemos recuperado esta enmienda porque queremos que el compromiso del Gobierno con la reforma del Impuesto de Patrimonio conste por escrito", explica el portavoz de ERC en la Comisión de Hacienda, Joan Margall, que admite que el Ministerio de Hacienda no ha dado todavía paso alguno para constituir esa controvertida comisión bilateral para estudiar el asunto que comprometió en el marco de la negociación presupuestaria. Los republicanos entienden que la competencia fiscal azuzada por la estrategia de la Comunidad de Madrid amenaza con eliminar la imposición sobre el patrimonio en el país y que "genera graves problemas tanto hacia el resto de comunidades autónomas, que ven mermada su capacidad impositiva en relación a este impuesto, dadas las posibles deslocalizaciones de las personas con mayores niveles patrimoniales, como sobre el conjunto del estado al reducir la capacidad redistributiva del sistema fiscal", según se señala en la argumentación justificativa de la enmienda, a la que ha tenido acceso La Información.
ERC reitera lo que ya planteara en su enmienda al proyecto de Presupuestos: que con su propuesta de reforma del Impuesto sobre el Patrimonio no se afectaría a la capacidad normativa de las comunidades autónomas, se incrementaría la recaudación al menos en 1.000 millones de euros (los que las arcas de la Comunidad de Madrid pierden cada año por la bonificación instaurada en este impuesto), se intensificaría la capacidad redistributiva del sistema fiscal española y se conseguiría reducir la elusión fiscal en este impuesto, gravando además a los grandes patrimonios con independencia de dónde se localicen.
Una 'lista negra' contra los enredos de grandes contribuyentes
Las enmiendas de ERC al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal esconden otra auténtica joya. La propuesta de creación de una nueva lista pública de deudores tributarios - mucho menos restringida que la actual lista de morosos - en la que el Ministerio de Hacienda publicaría la identidad de todos los contribuyentes a los que la Agencia Tributaria hubiera descubierto en un ejercicio concreto deudas tributarias superiores al millón de euros, que implicaran la comisión de una infracción tributaria y que hubieran dado lugar a una sanción.
Al contrario de lo que sucede en la actual lista de morosos, la nueva 'lista negra' que plantea ERC no aguardaría a que la deuda tributaria hubiera sido declarada firme en vía administrativa o judicial para publicar el nombre del contribuyente, sino que bastaría con que éste hubiera eludido irregularmente a ojos de la Agencia Tributaria un pago de impuestos por valor superior a un millón de euros y no hubiera satisfecho esa deuda en el periodo voluntario. Una vez en esa situación, la Administración Tributaria comunicaría al contribuyente en cuestión su situación y la inminente publicación de su identidad en la lista, un escarnio que sólo podría evitar o ejecutando el pago íntegro de la deuda tributaria o demostrando que la cuantía eludida no alcanza el millón de euros...
La formación republicana no oculta que la lista busca "que los ciudadanos conozcan las deudas descubiertas a multinacionales, grandes corporaciones empresariales y personas con grandes rentas", que en muchas ocasiones se mueven en la frontera de las normas fiscales y que presentan un elevado grado de conflictividad con las administraciones tributarias. ERC entiende que dar publicidad a este tipo de situaciones mejoraría el cumplimiento tributario de los contribuyentes.
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