El recorrido parlamentario del proyecto de Ley de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) - la célebre y controvertida 'Tasa Google'- hacia su aprobación definitiva a todos los efectos como una figura impositiva más dentro del sistema tributario español augura curvas. El socio parlamentario clave del Gobierno de coalición de las izquierdas, ERC con sus 13 diputados, ya ha puesto sus condiciones en forma de enmiendas para brindar su apoyo al proyecto gubernamental y éstas no son ni mucho menos sencillas de satisfacer: los de Gabriel Rufián exigen nada más y nada menos que elevar del 3% al 5% el tipo del impuesto y, sobre todo, que el 50% de la recaudación obtenida por el mismo en cada territorio se quede en las arcas de la comunidad autónoma en la que se ha generado, es decir, que pase a formar parte de la cesta de impuestos con las que se financian los gobiernos regionales.
La circunstancia no está ni mucho menos prevista en los planes del Gobierno, que cuenta con los ingresos íntegros del nuevo impuesto para impulsar en la medida de lo posible el insuficiente flujo de ingresos de las arcas del Estado. De hecho, ya se ha visto obligado a rebajar sus expectativas sobre el mismo de forma muy significativa tras el abierto escepticismo manifestado tanto por la Comisión Europea como por la Autoridad Fiscal, reduciendo los ingresos esperados de 1.300 millones de euros anuales a una horquilla de entre 900 y 1.000 millones, que muchos continúan considerando excesivamente optimista.
Aceptar la propuesta de ERC implicaría dinamitar el plan fiscal 'vendido' por el Gobierno en Bruselas, que presentaba el futuro impuesto digital como uno de sus bastiones para estabilizar las deficitarias cuentas del Estado, en el peor de los contextos posibles, con el déficit disparado hacia máximos históricos por el efecto de la pandemia y con un horizonte más que exigente en términos de consolidación fiscal.
Los republicanos entienden, sin embargo, que en los últimos años "ha tenido lugar en el Estado español un proceso de desequilibrio vertical que ha provocado que los ingresos de la administración central hayan aumentado en una proporción muy superior a los que reciben las comunidades autónomas", según relatan en su justificación de la enmienda al proyecto gubernamental, y que esta situación "es totalmente inasumible, ya que impide una correcta financiación de los servicios públicos esenciales", en relación a los de sanidad, educación y servicios sociales que proveen las comunidades autónomas.
Bajo esa perspectiva, ERC exige la introducción de una nueva Disposición Adicional en el proyecto del Gobierno que reconozca la cesión a las comunidades autónomas del 50% de la recaudación líquida del nuevo impuesto, de modo que la mitad de la imposición generada en cada territorio por la operativa de esta nueva figura tributaria vaya a alimentar las arcas del gobierno autonómico de turno. La formación encabezada por Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados pide, además, que esos ingresos lleguen a las comunidades autónomas de forma previa, en forma de anticipos a cuenta sobre la recaudación esperada, y que posteriormente se liquiden de forma definitiva en función de la recaudación real, tal y como sucede con el sistema de financiación autonómica.
Un impuesto más alto para cubrir las necesidades recaudatorias
Para minimizar el impacto sobre los ingresos esperados por el Estado a partir de la 'Tasa Google', ERC plantea otro cambio de calado en el impuesto: incrementar el tipo previsto del 3% al 5%, una maniobra que desalinearía el impuesto digital español de la propuesta europea. "Es necesario que estas grandes empresas tecnológicas contribuyan en mayor grado a fin y efecto de alcanzar un sistema fiscal más progresivo", sostiene la enmienda presentada por ERC al proyecto, cuyas probabilidades de prosperar son remotas no sólo porque expondría al Gobierno a una reacción imprevisible de las empresas al establecer un tipo superior al pactado con el resto de países europeos, sino porque haría que España se saliera de forma unilateral del consenso alcanzado sobre la figura no sólo a nivel UE sino también en la OCDE.
Más allá de su mayor o menor probabilidad de salir adelante, el planteamiento de ERC a ese respecto complica al Gobierno la consecución de una mayoría sólida para sacar el impuesto adelante. Con PP, Vox y Ciudadanos en una oposición frontal a la activación de este impuesto antes de que se haga en el resto de Europa -ya presentaron en febrero enmiendas de totalidad al proyecto-, el apoyo del PNV (6 diputados) y del Grupo Plural (12 diputados) a un proyecto de impuesto aún más duro que el presentado por el Gobierno parece improbable. Las enmiendas del Grupo Plural, inspiradas en su mayor parte por JxCAT, van más en la dirección de aligerar el impuesto, incrementado los servicios digitales exentos o elevando los umbrales de facturación para aplicarlo, que en el de tratar de exprimir su potencial recaudatorio.
Más recorrido parece tener como 'gancho' la posibilidad de ceder una parte de la recaudación a las comunidades autónomas. Aunque solo ERC lo ha planteado de forma explícita en sus enmiendas al articulado de la ley, en un Congreso con más peso territorial que nunca la posibilidad de que el debate en torno a la aprobación o no del impuesto gravite sobre la opción de ceder una parte de la recaudación a las comunidades autónomas no es despreciable.
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