La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 está llevando a buena parte del tejido empresarial a una situación límite. Los problemas de liquidez han tornado ya en dificultades de solvencia y muchos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aún activos acabarán en despidos colectivos definitivos. El Gobierno es consciente de esta deriva y, por iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando mecanismos para reforzar el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en estos procesos y elevar así la protección sobre los trabajadores que se vean afectados por estas medidas de reestructuración empresarial.
En el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2021, 2022 y 2023, un amplio documento elaborado por el Ministerio, al que ha tenido acceso La Información, se desarrollan una cuarentena de objetivos aglutinados en torno a cuatro ejes: el primero, dedicado a la mejora de la calidad en el empleo, la garantía de los derechos de los trabajadores y la lucha contra la precariedad, además del fraude en materia laboral y de Seguridad Social; el segundo, focalizado en el refuerzo de las capacidades de actuación de la Inspección; el tercero, centrado en la modernización del sistema para la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos; y el cuarto, destinado a promover el trabajo decente y a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude.
Es en ese segundo eje en el que se plantean una serie de modificaciones normativas para reforzar la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada de trabajo. En concreto, se establece que se ampliará el contenido del informe de la Inspección a las causas motivadoras de los ERE y ERTE. El cambio no es baladí, pues supone un refuerzo de la actuación de la Inspección respecto a la reforma laboral de 2012, que además de suprimir la autorización administrativa, limitó el alcance de la labor de la Inspección a la comprobación de la aportación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas. Ahora, Trabajo quiere que el informe también entre a valorar las causas motivadoras de los expedientes alegadas por las empresas, como sucedía antes de la reforma del PP.
Es una de las principales novedades recogidas en el nuevo Plan Estratégico de la Inspección, aún en formato borrador y, por tanto, sujeto a modificaciones. Otra de las campañas que se llevarán a cabo y que ya ha sido confirmada por el propio Ministerio pretende regularizar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social de las trabajadoras del hogar para garantizar que sus remuneraciones alcanzan, al menos, el salario mínimo interprofesional (SMI). Se trata de una actuación pionera en esta materia y que se enmarca en la puesta en marcha de un conjunto de campañas específicas para aflorar fraude laboral entre colectivos especialmente precarizados, como son también los falsos autónomos o los trabajadores que desempeñan su actividad en modalidad no presencial.
En este sentido, el Plan refuerza las actuaciones en materia de teletrabajo o plataformas digitales -el Gobierno tiene pendiente el desarrollo de la bautizada como 'Ley rider' para laboralizar a los falsos autónomos-, así como en aspectos relacionados con el tiempo de trabajo (horas extra no declaradas o excesiva temporalidad en la empresa) o la igualdad entre hombres y mujeres en las compañías. Todo ello, atendiendo a las nuevas tendencias implantadas en el mercado laboral a raíz de la pandemia y fortaleciendo la labor de los inspectores con la instalación de aplicaciones informáticas que permitan el cruce masivo de datos, habilitando incluso la emisión de actas de infracción automatizadas, sin intervención de los funcionarios. Eso sí, reforzando la plantilla con una oferta de empleo que en ningún caso será inferior al plan anterior (575 plazas en 2018, 2019 y 2020).
En el borrador, el Ministerio considera necesario "el refuerzo de la actuación inspectora como garantía de los derechos laborales, dotándola de mecanismos más eficaces para evitar que la desregulación de las relaciones laborales deje a los trabajadores a merced de los vaivenes del mercado en una situación de crisis económica". Aunque admite la imposibilidad de conocer con precisión el alcance de los efectos económicos de la pandemia, sí adelanta que serán de "gran intensidad". "Por ello, cuando podamos dar por superada la emergencia sanitaria, será preciso abordar un proceso de verdadera reconstrucción nacional que permita, al mismo tiempo, recuperar cuanto antes la actividad económica y proteger a los sectores más desfavorecidos del empobrecimiento y de la exclusión social", reza el texto.
En esa estrategia de reconstrucción post-pandemia se enmarca el refuerzo de la actuación inspectora, en varios ámbitos. Algunos ya introducidos en anteriores plantes estratégicos plurianuales y otros en los que se pone especial énfasis por la crisis de la Covid. Por ejemplo, se prevé un incremento del teletrabajo que obliga a vigilar el cumplimiento de la nueva normativa en las empresas o un aumento del empleo en las plataformas digitales que también vuelca el énfasis hacia el control de las relaciones laborales en esas actividades. También se aprobará un criterio técnico sobre riesgos psicosociales ante el auge del estrés laboral (más de la mitad de los trabajadores de la Unión Europea señalan que es habitual en su puesto).
Fraude en los ERTE
También se prevé un incremento de las inspecciones ex post para controlar los fraudes en los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada. "Se trata de una tarea que supondrá un considerable esfuerzo en medios inspectores en la etapa de la emergencia sanitaria por la Covid-19 debido al gran número de expedientes", recoge el plan. Hay que recordar que, según los últimos datos facilitados por el Ministerio a La Información, la Inspección de Trabajo ya ha multado con 16,5 millones de euros a 3.635 empresas por fraudes en los ERTE. El Gobierno defiende la necesidad de vigilar el cumplimiento de la normativa en este ámbito por la ingente cantidad de dinero público que están recibiendo las empresas en esta crisis.
Asimismo, se prevé incrementar el control sobre los salarios abonados por las empresas mediante el desarrollo de una aplicación informática que permita detectar los incumplimientos a partir de las tablas salariales de los convenios colectivos sectoriales. Esto permitirá, según Trabajo, una respuesta inspectora "mucho más ágil". De hecho, se pretenden generalizar las técnicas de cruce masivo de datos en todos los ámbitos, por ejemplo, para combatir los abusos en la contratación temporal, vigilando si una empresa tiene una alta tasa de temporalidad, en comparación con la media del sector en el que opera. E incluso para detectar si en una determinada compañía se produce un número desproporcionado de accidentes laborales.
En materia de negociación colectiva, se busca reforzar las competencias de la Inspección en el control de las inaplicaciones de convenios, es decir, la sustitución de determinadas condiciones de trabajo previstas en un convenio colectivo por otras más adaptadas a las necesidades de la empresa. El Ministerio considera que, en el contexto actual, es previsible el incremento del recurso a esta fórmula legal y, en consecuencia, requiere una vigilancia especial que tenga como objetivo proteger a las personas trabajadoras frente a incumplimientos formales (negociación) y de fondo (limites normativos).
Todo esto, acompañado de una modificación del Texto Refundido de la Ley de infracciones en el Orden Social para "garantizar el carácter disuasorio de las medidas sancionadoras y reforzar la proporcionalidad de las mismas". Como se reveló en estas páginas, el Gobierno tiene previsto aprobar un próximo real decreto para elevar la cuantía de las multas un 20%, hasta llevar la sanción máxima a los 224.830 euros, unos cambios que entrarían en vigor a partir del día 1 de abril. Asimismo, todo el plan estratégico pasa por una revisión de la ley para adaptar las actuaciones de la Inspección al entorno digital, por ejemplo, a través de las actas de infracción automatizadas, pero sin dejar de reforzar los medios humanos con ofertas públicas de empleo que, como mínimo, alcanzarán esas 575 plazas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios