El Ministerio de Trabajo asume en un informe interno del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que muchos de los trabajadores que permanecen protegidos bajo el paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo acabarán siendo expulsados del mercado laboral. En el documento, al que ha tenido acceso La Información, el organismo dependiente del departamento que dirige Yolanda Díaz admite que, "de mantenerse la complicada situación sanitaria y económica mundial en los próximos meses, un número significativo de los actuales ERTE amparados en la causa de fuerza mayor o causas económicas podría acabar convirtiéndose en ERE o simplemente en extinciones de contratos de trabajo".
El informe avisa, literalmente, de que el personal del SEPE tendrá que responder "al incremento del desempleo que se seguirá produciendo en los próximos tiempos". Esta advertencia contrasta con el relato del Gobierno, que viene defendiendo que el mercado laboral tocó fondo en 2020 y este 2021 será el año de la recuperación. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado se dibuja el pico de la tasa de paro en 2020, con un 17,1%, y se prevé una ligera caída, hasta el 16,9%, en 2021. Aunque finalmente el año pasado se saldó mejor de lo esperado, con un 16,1%, según el INE, organismos como el Banco de España han elevado la tasa de paro hasta el 20,5% en 2021, en el peor escenario en el que el tejido productivo sea incapaz de absorber toda la fuerza de trabajo actualmente protegida por los ERTE.
Trabajo reconoce así a nivel interno, en un documento elaborado a finales del año pasado, que las previsiones reales son menos halagüeñas que las oficiales y que el personal del SEPE se va a ver obligado a "mantener las cargas de trabajo por la gestión de las nuevas prestaciones por desempleo que habría que reconocer". Así, tras recordar que la incidencia de la pandemia sobre la gestión de las prestaciones ha sido "gigantesca" y que la situación no se regularizó ni con el fin del confinamiento ni con el levantamiento del primer estado de alarma, adelanta que "la gestión del SEPE se seguirá viendo afectada, al menos, durante todo 2020 y 2021".
Pero más allá de ese ámbito temporal, el informe avanza que los "efectos colaterales en forma de gestión de cobros indebidos y litigiosidad tardarán mucho más tiempo en reconducirse". Hay que recordar que en el pico de la crisis, en pleno colapso de los servicios públicos de empleo por el aluvión de ERTE, se produjeron errores en los pagos que el SEPE ya advirtió que reclamaría en el caso de abonos excesivos. En este sentido, se apunta que "se deberán reforzar las gestiones de control de existencia de responsabilidades familiares, renta personal del beneficiario/a y de su unidad familiar, para evitar el mayor número de posible de cobros indebidos tanto en las prestaciones por desempleo como en el nivel asistencial" y se apuesta por establecer un "procedimiento simplificado de cobros indebidos".
Refuerzo de la plantilla
Ante estas previsiones, la Dirección General del SEPE ha elaborado este informe bautizado como "Plan de Avance y Transformación", en el que se definen varias medidas a implantar a corto, medio y largo plazo para afrontar los retos que encara el organismo. Tras reconocer el "enorme empeño, profesionalidad y sentido del deber público" con el que ha respondido el personal del SEPE a esta crisis, "con decenas de miles de horas extra, turnos dobles, trabajos esenciales y mucho teletrabajo con medios personales al servicio de la Administración", el departamento que cuelga del Ministerio de Trabajo reconoce que todo ello es insuficiente para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y señala como una de sus principales medidas a poner en marcha el refuerzo de la plantilla con más efectivos.
Las previsiones apuntan a que las bajas vegetativas en el organismo pueden alcanzar en el trienio 2020-2022 la cifra de 937 personas (en torno a 795 funcionarios y 142 laborales). Hay que recordar que sobre la base de las necesidades previstas, se consideró necesaria la incorporación al SEPE de 1.500 efectivos a lo largo de tres años, mediante las Ofertas de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022 (512 para el año 2020; 505 para 2021 y 515 para 2022), correspondiente a la tasa de reposición del 100%. Sin embargo, el SEPE apunta ahora a que "ante las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, habrá que realizar un análisis para determinar las nuevas necesidades del organismo en relación a las incorporaciones mediante OEP, las cuales podrían ser superiores a la tasa de reposición".
Huelga en marzo
El informe, que ha sido entregado a los sindicatos, busca calmar los ánimos en la plantilla tras casi un año de colapso con la promesa de la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar sus condiciones de trabajo, pero no parece haber surtido el efecto deseado. Este mismo jueves, el sindicato USO anunciaba la convocatoria de dos días de huelga en el SEPE, para el próximo mes de marzo, tanto por la sobrecarga de trabajo como por un plan de choque para corregir la situación que consideran insuficiente. En un comunicado, informan de que enviaron una carta a la ministra de Trabajo, proponiendo soluciones urgentes, pero no han recibido respuesta alguna. La central, que no tiene la representación mayoritaria en la institución, ha animado al resto de formaciones sindicales a unirse a la huelga.
Sin embargo, no parece que USO vaya a lograr un amplio respaldo. Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF presentes en el SEPE adelantan a La Información que su organización "ni promueve ni secunda una actuación de este tipo". "La huelga no puede ser a costa de los desempleados, que verían retrasada la gestión de las prestaciones por este motivo, ni de los propios empleados públicos del organismo, porque sufrirían las consecuencias de una actuación, en nuestra opinión, irresponsable, ya que la opinión pública se nos echaría encima", sentencian las fuentes consultadas. Desde CSIF señalan al Ministerio de Trabajo como responsable de impulsar una oferta de empleo inmediata que Función Pública y Hacienda "deberían aprobar".
Por su parte, desde Trabajo aseguran que es "prioritario" dotar al SEPE de medios técnicos y humanos y "revertir la pérdida de personas trabajadoras que ha sufrido a lo largo de los últimos años de gobierno del PP, en los que la plantilla pasó de 10.229 empleados en 2013, a los 8.661 actuales, incluidos en este dato los 1.500 interinos contratados en el último año". Para que el SEPE pueda ofrecer un servicio de calidad, el Ministerio destaca que se ha afirmado el compromiso de prorrogar a los 1.500 funcionarios interinos que actualmente desempeñan su labor en el SEPE y de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita una atención adecuada a las demandas de la ciudadanía. "Con este objetivo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.", zanjan.
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