La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no da abasto. La crisis sanitaria y económica del coronavirus ha provocado un aluvión de denuncias y consultas sin precedentes que está suponiendo una carga de trabajo extraordinaria para una plantilla mermada que lleva años reclamando más medios humanos y físicos. El organismo bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz está funcionando a marchas forzadas para tramitar la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), así como los expedientes de despidos, impagos de salarios, vacaciones forzosas y otras cuestiones como el teletrabajo o la prevención de riesgos laborales que se les están planteando durante estos días desde todos los sectores.
"Estamos trabajando al 120% para tramitar la cantidad de expedientes que estamos recibiendo", describe en conversación telefónica la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, quien recuerda que además de los ERTE, en los que intervienen cuando la autoridad laboral solicita su informe, los inspectores están actuando sobre todo tipo de situaciones derivadas de la crisis. Se están encontrando desde empresas que obligan a sus empleados a firmar días de vacaciones o suspensiones voluntarias de contratos, a compañías que acumulan retrasos en el abono de las nóminas.
Los inspectores deben operar, además, en un contexto de constantes cambios legislativos que se han ido aprobando en los sucesivos decretos leyes que ha validado el Consejo de Ministros de manera escalonada desde el inicio de esta crisis. Asimismo, la intensa actividad legislativa desarrollada por el Gobierno en las últimas semanas ha generado centenares de resoluciones, circulares e instrucciones ministeriales, en particular de Trabajo, uno de los departamentos que más cambios ha implementado y que afectan directamente a la labor de la Inspección.
Se han repartido instrucciones para aclarar todo tipo de cuestiones, desde la tramitación de los ERTE y la consideración de particularidades como la "causa de fuerza mayor", hasta el establecimiento de las actividades económicas esenciales y no esenciales para los casos de los permisos retribuidos recuperables que estuvieron vigentes entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Muchas han surgido del Área de Coordinación como respuesta a las dudas planteadas por las Inspecciones Provinciales para intentar que las actuaciones sean homogéneas en todo el territorio nacional y las resoluciones no queden al criterio particular del inspector.
Pero además de todo esto, Yolanda Díaz ha encargado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la ardua misión de revisar a posteriori todos los ERTE concedidos por la autoridad laboral para agilizar la tramitación y desatascar el colapso en las oficinas de empleo y después detectar posibles fraudes e incompatibilidades. "Esa labor corresponde a los inspectores y 1.000 efectivos no podemos revisar 500.000 ERTE, incluso aunque sumáramos a los subinspectores, que son otros 800, sería imposible", advierte Ercoreca. Todavía están esperando a que el Ministerio les transmita este plan de refuerzo para el control de los ERTE, con unas pautas concretas, un calendario, y acompañado del refuerzo de medios humanos y materiales que ahora son más necesarios que nunca.
En paralelo, los inspectores continúan su labor habitual desde el teletrabajo. Los expedientes se acumulan sobre las mesas de los despachos improvisados en sus domicilios. Y es que tienen en marcha numerosas campañas que no se detienen por la crisis del coronavirus, como los planes de choque para los 'riders', las camareras de piso, la contratación temporal, el salario mínimo, el registro de jornada... Y todo ello bajo mínimos. Durante la etapa de Magdalena Valerio se alcanzó una plantilla récord de 2.055 efectivos, pero insuficiente para hacer frente a la carga de actuaciones, según se han venido quejando los sindicatos.
Cierto es que ante la excepcional situación la Dirección General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha establecido un protocolo de actuación para las inspecciones provinciales que prioriza determinadas actuaciones urgentes. Aquí se incluyen, por ejemplo, "las actuaciones relativas a investigación de accidentes de trabajo sujetos al sistema de guardias, las denuncias de riesgo grave e inminente, las denuncias por huelgas o cierres patronales y las relativas a posibles situaciones de exposición a riesgo por coronavirus".
Además, se fija que "se valorará la necesidad de realizar visita, sin perjuicio de que siempre procederá llevarla a cabo en los casos de accidentes y riesgo grave e inminente". También se pide adoptar medidas de prevención en las visitas a centros con riesgo de exposición al coronavirus y se aplazan las actuaciones no consideradas como urgentes "en tanto subsista la situación extraordinaria". Y en el caso de las actuaciones sujetas a plazos (informes a juzgados, despidos colectivos y ERTEs, etc…) la actividad seguirá sujeta a los plazos establecidos, "sin perjuicio de limitar en lo posible las visitas a los centros de trabajo".
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