Antes de que acabe el año

El Gobierno ligará ERTE y formación de forma permanente en la reforma laboral

El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del esquema de protección hasta el 28 de febrero de 2022, pero mantendrá las condiciones actuales en octubre para dar tiempo de adaptación a las empresas.

Reunión del Consejo de Ministros
El Gobierno ligará ERTE y formación de forma permanente en la reforma laboral
EFE

El Gobierno quiere ligar de manera permanente los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas a la formación de los trabajadores afectados por estos expedientes. Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha avanzado que ese será el esquema que regirá en el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo que acompañará al ERTE en la nueva legislación que nazca de las negociaciones con los agentes sociales para la modernización del mercado laboral.

Al igual que los ERTE que se aplicarán a partir del mes de noviembre irán ligados a la formación de los trabajadores, con mayores exoneraciones de cotizaciones para las empresas que ejecuten estas acciones formativas que para las que no lo hagan, el Gobierno quiere que el nuevo mecanismo estructural esté ligado a ese componente de formación. Aunque en este punto, Díaz no ha concretado si el nuevo mecanismo que acompañará a los ERTE en el marco laboral tendrá algún tipo de descuento en las cuotas empresariales: "Está claro que vamos a incorporar la formación", aunque "todavía tenemos que decidir colectivamente cómo vamos a financiar ese mecanismo", ha afirmado la vicepresidenta.

Hay que recordar que en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas el Gobierno esbozó cómo pretendía financiar el denominado 'Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo'. Por un lado, con el excedente de cotizaciones sociales que se genere en épocas de bonanza por la diferencia entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el pago de prestaciones; y por otro lado, con fuentes alternativas como las aportaciones que abonen al Tesoro Público las grandes empresas que hagan despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años (la conocida como 'enmienda Telefónica'). Y además, en el corto plazo se contará con los fondos europeos, tanto los provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como los del 'SURE', el fondo específico para financiar los ERTE. Asimismo, se contemplan tanto la utilización de los recursos de un eventual seguro de desempleo que se cree a nivel europeo como aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

Ni Díaz ni el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han entrado en detalles sobre la financiación de este mecanismo que aún se está diseñando. Si bien la vicepresidenta ha anunciado que las empresas que se acojan a los nuevos ERTE 'formativos' a partir del 1 de noviembre tendrán que estar preparadas para "transitar" hacia esa novedosa herramienta de flexibilidad interna que se va a definir en el marco del diálogo social en las próximas semanas. Se trata de la reforma del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que se va a incluir en el paquete de medidas que tienen que ser aprobadas antes del 31 de diciembre de 2021, tal y como se ha comprometido con Bruselas. "Los trabajos están muy avanzados y vamos a cumplir los plazos", ha asegurado Díaz.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo se ha mostrado optimista respecto a alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo sobre la reforma laboral, que retoma las conversaciones este mismo miércoles, y ello a pesar de que la CEOE ha manifestado su rechazo firme al planteamiento del Gobierno. De hecho, fuentes de la organización empresarial avanzan que no van a presentar ninguna propuesta en la mesa tripartita, aunque también matizan que no dejarán de acudir a las reuniones con los representantes gubernamentales y de las organizaciones sindicales.

Lo que sí han apoyado los empresarios es la nueva prórroga de los ERTE, el sexto acuerdo en el marco del diálogo social en esta materia en lo que va de pandemia. Y ello tras arrancar algunas concesiones, como por ejemplo, la extensión hasta el 28 de febrero de 2022, manteniendo las condiciones actuales durante todo el mes de octubre, para dar más tiempo de adaptación a empresas, trabajadores y administraciones. Además, han conseguido mayores exoneraciones de cotizaciones de las que había ofrecido en un inicio la Seguridad Social, con descuentos que alcanzan el 80% si las empresas aplican planes de formación y hasta el 100% en caso de impedimento.

Por su parte, las organizaciones de trabajadores autónomos también han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social que ha quedado plasmado en el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que contempla la extensión de las ayudas para los autónomos hasta finales de febrero de 2022. En concreto, los beneficiarios con prestaciones hasta septiembre contarán con exoneraciones en las cuotas de los próximos cuatro meses y además se mantiene la prestación compatible con la actividad, la de suspensión de actividad y la de temporada, según ha informado en rueda de prensa el ministro Escrivá.

El Gobierno también ha trasladado a este decreto la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Estos ERTE también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esta fecha. Los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad. Al mismo tiempo, se ha aprobado una prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción del volcán.

La prórroga de los expedientes y el paquete especial para empresas y trabajadores canarios ha sido aprobada este mismo martes en el Consejo de Ministros que también ha dado luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 15 euros mensuales, para situar la nómina en 965 euros en lo que queda de año. Una medida que, en este caso, no ha contado con el respaldo de la patronal. Sí con el de los sindicatos, que no obstante no se muestran conformes y van a presionar a finales de año para que el SMI alcance los 1.000 euros ya desde enero de 2022. Está previsto que el Gobierno vuelva a abrir una nueva negociación en diciembre a la que sí se sumará la patronal para definir una senda plurianual, que el Ejecutivo quiere que concluya en el 60% del salario medio al final de la legislatura.

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