Los ERTE han venido para quedarse. Lo adelantó el presidente Pedro Sánchez y sobre esa base trabaja ya el Gobierno. Eso sí, primero lo urgente y después lo importante. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se centran ahora en configurar una nueva prórroga de las condiciones de flexibilidad adoptadas para estos expedientes, en principio, hasta que acabe el año, pero el Ejecutivo ya está inmerso en el diseño de un esquema permanente que mira de reojo al modelo alemán, tal y como ha avanzado la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Se trata de un planteamiento a medio plazo, según explican fuentes gubernamentales, que se pretende desplegar en los próximos meses y será fruto del diálogo social.
La idea que ha esbozado Calviño consiste en "ir transformando los ERTE en un instrumento con unas características más parecidas a las de Alemania, que fomente invertir en la formación de los trabajadores para que sea una oportunidad de recualificación del trabajador y no solo un mecanismo de hibernación de la economía". Se trata del modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado es el responsable de pagar temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador, para así impedir despidos masivos ante una caída de la producción.
El país germano ha ampliado recientemente la cobertura de los ERTE hasta 2021, si bien la idea del Gobierno español es prorrogar las condiciones favorables para empresas y trabajadores hasta el mes de diciembre y con el foco en los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, como pueda ser el turismo o la hostelería. Pero en paralelo, el Ejecutivo está dando los primeros pasos hacia un modelo permanente de "contribución compartida", es decir, apoyado por el Estado, con el objetivo de hacer de los expedientes de regulación temporal de empleo un "instrumento estructural" para favorecer la flexibilidad interna de las empresas y la protección del mercado laboral.
El propio Sánchez así lo afirmaba el pasado mes de julio durante el acto celebrado en La Moncloa con los primeros espadas de las patronales y los sindicatos para escenificar su compromiso con el diálogo social de cara al diseño y desarrollo de futuros planes de reconstrucción económica para salir de la crisis. El jefe del Ejecutivo pedía públicamente a los presidentes de CEOE y Cepyme y a los secretarios generales de CCOO y UGT "avanzar hacia un nuevo marco permanente de regulación y cofinanciación de estos instrumentos". Una idea en la que ya se está trabajando y que se desarrollará en el marco del diálogo social en los próximos meses.
En este sentido, en el documento firmado con los agentes sociales aquel día -el 'Pacto para la reactivación económica y por el empleo'- se recuerda que "con el fin de facilitar la vuelta a la actividad de empresas y trabajadores, se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2020 un mecanismo de protección de los trabajadores y empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, tanto por fuerza mayor como por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP)" y se insta a "que pueda servir de transición hacia un modelo permanente de cara al futuro". Esa es la iniciativa que se pretende desarrollar una vez se determine en qué condiciones se van a prorrogar los ERTE a partir de octubre.
"La figura del Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha sido clave en la crisis Covid, evitando la destrucción innecesaria de muchos empleos y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo que habría sido difícilmente sustituible de otra forma", reza el documento tripartito, que considera especialmente relevante el hecho de que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes haya podido ser extendida de forma tan rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española. "Lo que nos debe servir como importante elemento de análisis para reflexionar acerca de la oportunidad de disponer de instrumentos de flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo", añaden los agentes sociales.
En este sentido, los firmantes se comprometen a trabajar en el desarrollo de "un marco adecuado de contribución compartida para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción, con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica".
Pero ahora la prioridad es determinar la cobertura que se va a dar a los ERTE una vez finalice la prórroga actual, que está vigente hasta el 30 de septiembre. Este viernes, la ministra de Trabajo ha citado a los líderes empresariales y sindicales en Mallorca, un escenario escogido a propósito para escenificar el respaldo institucional al sector turístico. Los agentes sociales abogan por una prórroga universal hasta final de año y por mantener determinadas condiciones favorables para los ERTE en sectores como el turismo hasta el primer trimestre de 2021, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Está por resolver también el recorte que sufrirán en las prestaciones los trabajadores que lleven más de seis meses en ERTE y, sobre todo, determinar las nuevas exoneraciones de cotizaciones sociales que, previsiblemente, se verán recortadas respecto a las actuales.
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