Los agentes sociales salieron en tromba este viernes contra el Ministerio de Seguridad Social por dar plantón a la mesa en la que se está negociando la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Lo cierto es que ningún responsable del departamento que dirige José Luis Escrivá acudió a la reunión -tampoco habían participado en la del jueves-, porque coincidiendo con el desarrollo de la mesa de diálogo social se estaba produciendo otra cita de alto nivel. El ministro se encontraba con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y sus respectivos equipos técnicos, tratando de limar asperezas y perfilar un nuevo documento que trasladar a la patronal y los sindicatos con algunos cambios respecto al borrador inicial, que pudo adelantar en exclusiva este medio.
Según ha podido saber La Información, prácticamente en paralelo a la reunión del diálogo social, Díaz y Escrivá mantenían su propia cita entre bambalinas. Objetivo: terminar de consensuar una propuesta técnica que incorpore algunos de los elementos planteados por los agentes sociales. El encuentro de la mesa "oficial" arrancaba a las 12 y media de la mañana y la reunión de alto nivel entre los ministros y secretarios de Estado, algo más tarde, según matizan fuentes gubernamentales. De ahí que el 'número dos' de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sí participara en las conversaciones con las organizaciones patronales y sindicales, mientras el segundo de a bordo en Seguridad Social, Israel Arroyo, optó por no acudir a esa reunión.
Otras fuentes conocedoras de los vericuetos ministeriales aseguran que el Ministerio de Trabajo había convocado la reunión tripartita del viernes sin consensuar la cita con los responsables de la Seguridad Social y sin consultarles si para entonces tendrían listo el nuevo documento, y al mismo tiempo había agendado el encuentro de alto nivel entre Díaz y Escrivá. Así quedaría justificada la ausencia del personal de Seguridad Social. Sea como fuere, lo cierto es que ningún integrante del equipo de Escrivá ha acudido a las dos últimas reuniones de la mesa de los ERTE, impidiendo cualquier avance en materia de exoneraciones de cotizaciones sociales, elemento clave para cerrar el esquema de la nueva prórroga.
En cualquier caso, el quid de la cuestión es que en el encuentro privado entre Díaz, Escrivá y sus equipos lo que se constató es el desacuerdo entre ambos ministerios. Cada uno tenía que hacer sus deberes en lo que se refiere al asunto de la formación, que se pretende incorporar como obligatoria para los trabajadores en ERTE como condición para que las empresas obtengan descuentos en las cotizaciones sociales. Pero, según revelan fuentes gubernamentales, mientras Seguridad Social ya había avanzado en el esquema de exoneraciones que compete a la Tesorería, Trabajo aún no había articulado la parte del funcionamiento del nuevo sistema de formación que va a depender del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
'Bombardeo' contra Escrivá
En un comunicado inusual -la patronal, a diferencia de los sindicatos, no acostumbra a trasladar el 'minuto y resultado' de estas negociaciones a los medios de comunicación- CEOE y Cepyme cargaron contra el departamento de Escrivá este viernes, por considerar su ausencia "una falta de respeto a los interlocutores sociales, a las 84.000 empresas y a las más de 250.000 personas trabajadoras que aún se encuentran en ERTE". Los sindicatos, por su parte, hicieron lo propio. Desde CCOO acusaron directamente al Ministerio de ejercer "un bloqueo en la mesa de negociación que va a dificultar llegar a tiempo en la renovación de los ERTE", mientras UGT lamentó que "la ausencia de una parte del Gobierno nos impida avanzar en un acuerdo que debería llegar al BOE con carácter de urgencia".
Un bombardeo a discreción contra Escrivá, máximo culpable -a juicio de los agentes sociales- del bloqueo de las negociaciones. Los empresarios llegaron incluso a valorar positivamente las aportaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, frente al 'plantón' de los responsables de la Seguridad Social. Fuentes conocedoras de los entresijos del diálogo social hablan de cierta "escenificación" por parte de todos los actores. Tanto a la patronal como a los sindicatos les interesa poner ahora la presión sobre Escrivá, que es de quien depende en definitiva el dinero que se vaya a seguir destinando a los ERTE. "Lo único que le preocupa es el déficit de la Seguridad Social, de ahí que esté planteando recortes en las exoneraciones y reducir las coberturas para los trabajadores autónomos", reflexiona una de estas fuentes.
Pero desde el equipo de Escrivá niegan la mayor y aseguran estar trabajando en un nuevo documento para presentar a los agentes sociales, que incorpore algunos de los elementos planteados por la patronal y los sindicatos. "Los temas que nos plantearon en las anteriores reuniones son complejos y estamos abordándolos", justifican. Estos temas se trataron al más alto nivel, entre el ministro y la vicepresidenta Díaz, según confirman fuentes gubernamentales, en una reunión en la que el papel de 'malo' volvió a tocarle al titular de la Seguridad Social, por pretender emprender una retirada precipitada de estímulos, mientras la titular de Trabajo se mantuvo firme en su filosofía de priorizar la protección de los trabajadores y mantener el escudo social durante el tiempo que sea necesario.
En paralelo, en la mesa de diálogo social -el marco formal natural para este tipo de negociaciones, más allá de que los ministros mantengan reuniones bipartitas de manera habitual para tratar asuntos que competen a ambos departamentos- los responsables del Ministerio de Trabajo accedían a incorporar a la prórroga varios de los planteamientos de los agentes sociales. Por ejemplo, a la propuesta sindical de ampliar el plazo del contador a cero en las prestaciones, así como a mantener la figura del ERTE de limitación ante posibles rebrotes y a la modificación de la calificación del silencio administrativo para convertirlo en positivo o a la ampliación del plazo de presentación de la solicitud de prórroga del ERTE hasta el día 15 de octubre.
Prórroga en dos fases
También parece haber acuerdo en el timing. Lo que se está planteando en estos momentos es aprobar una prórroga de los ERTE en las condiciones actuales para el mes de octubre y aplicar el nuevo esquema a partir de noviembre, precisamente para qué dé tiempo a articular el nuevo modelo de formación obligatoria. La prórroga se extenderá hasta el 31 de enero, para que no decaiga en plena campaña navideña. El problema fundamental es que los ministerios implicados no terminan de ponerse de acuerdo en el nuevo modelo de obligatoriedad de la formación de los trabajadores como condición para que las empresas puedan acceder a exoneraciones de cotizaciones sociales. Y es que aquí entra en juego de nuevo la 'calculadora' de Escrivá, que está retocando los porcentajes de exenciones para hacer atractiva la propuesta para la patronal, y el papel de Trabajo, que tiene que terminar de definir el modelo en lo que respecta al SEPE.
Fuentes del diálogo social avanzan que los contactos se van a suceder durante todo el fin de semana y está previsto que en estas horas el Gobierno remita una última propuesta conjunta de ambos ministerios (Trabajo y Seguridad Social) a la patronal y los sindicatos. El tiempo apremia, pero no sería la primera vez que los agentes sociales alcanzan un pacto in extremis, con tiempo suficiente para que el Consejo de Ministros del próximo martes, el último del mes, dé luz verde a la que se espera que sea la última prórroga de los ERTE tal y como los conocemos en tiempos de pandemia.
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