Propuesta a los agentes sociales

El Gobierno se enroca y mantiene el veto al despido en la nueva prórroga de ERTE

El Ejecutivo propone extender los expedientes hasta el 31 de enero con menores exoneraciones de cotizaciones sociales y obligando a las empresas a formar a los trabajadores para mantener las ayudas.

Yolanda Díaz
El Gobierno se enroca y mantiene el veto al despido en la nueva prórroga de ERTE
Europa Press

El Gobierno no va a levantar el veto al despido en la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según adelantan a La Información fuentes del diálogo social. Se trata de una medida introducida desde el inicio de la pandemia, a propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para evitar una destrucción masiva de empleo en un momento especialmente delicado para las empresas. La patronal ha peleado en las negociaciones de todas las prórrogas para desactivar esta cláusula, pero hasta ahora el Ejecutivo no ha cedido y tampoco va a hacerlo en esta ocasión, avanzan fuentes de Trabajo.

Hay que recordar que la cláusula de salvaguarda o de mantenimiento del empleo es una medida que afecta a las empresas que hayan hecho un ERTE y que se hayan beneficiado de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y les obliga a mantener el empleo durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de reanudación de la actividad tras la aplicación del ERTE. Esta obligación, no obstante, permite algunos supuestos para finalizar relaciones laborales y no impide despedir a trabajadores, y en el caso de que así fuera, no convierte el despido en improcedente o nulo de manera automática, sino que deciden los jueces y la empresa tiene como penalización la obligación de devolver todas las exoneraciones que haya disfrutado.

Pues bien, en la propuesta trasladada a la patronal y los sindicatos en la reunión de este martes, el Gobierno mantiene esta cláusula. La prioridad para el Ejecutivo en estos momentos es mantener este paraguas para los más de 250.000 trabajadores que continúan en ERTE y para los que puedan verse afectados por nuevos expedientes en los próximos meses. La patronal sostiene que este veto está asfixiando a muchas empresas y ha vuelto a pedir en la mesa que se acabe con esta prohibición vigente desde marzo de 2020. Según ha podido saber este medio, esta misma mañana la CEOE celebra la reunión de su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva, donde los empresarios valorarán la propuesta del Ejecutivo.

El veto al despido es ya un viejo conocido, en cambio, el planteamiento gubernamental para la prórroga de los ERTE incluye una importante novedad que también afecta a las empresas y que en el seno de la CEOE se va a analizar con lupa. El Gobierno quiere vincular el mantenimiento de las exoneraciones de cotizaciones sociales a que las compañías acometan acciones formativas destinadas a los trabajadores afectados por el ERTE. Esta formación deberá ejecutarse entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022. Esta condición, que busca la recualificación de las plantillas para favorecer su recolocación en el mercado laboral, ha suscitado dudas entre los agentes sociales sobre su aplicación, ejecución y financiación y por eso, es en este punto en el que va a centrarse el debate en los próximos días.

Respecto al resto de la propuesta, el Gobierno ha planteado extender los ERTE hasta el 31 de enero, para evitar que decaigan en plena campaña navideña, y ha introducido otra novedad, que es que la prórroga de los expedientes no se producirá de manera inmediata, sino que las empresas deberán solicitarla antes del 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. Pasado ese plazo, la Administración tendrá diez días para resolver la solicitud y en caso de no resolución se entenderá desestimada. Fuentes del diálogo social informan de que este punto, el del 'silencio negativo', ha generado "polémica" y "confusión" en la mesa.

En lo que se refiere a las exoneraciones de cotizaciones sociales, la propuesta gubernamental unifica las exenciones y mantiene el descuento del 100% para los ERTE de impedimento. Sin embargo, las exoneraciones pasarían al 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación (ahora están en el 75%) y al 40% en el caso de las compañías de mayor tamaño, que en este mes de septiembre disfrutan de un 65%. Más allá de este recorte en las exenciones, se prorrogan todas las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y se mantienen las prestaciones especiales para fijos discontinuos.

En suma, el nuevo planteamiento del Gobierno para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero -fecha en la que coinciden la patronal y los sindicatos, ante las restricciones que todavía afectan a muchos negocios- mueve el foco desde los incentivos a la activación hacia la formación, toda vez que ya se ha reincorporado un elevado porcentaje de trabajadores y ahora lo primordial es conseguir recolocar a los que quedan en ERTE y buscarles una salida en el mercado laboral. Está por negociar cómo tienen que ser estas acciones formativas y, lo más importante, quién las va a financiar. Y es en este punto en el que van a centrarse las conversaciones, apuntan desde el diálogo social.

El resto del esquema se mantiene, con algunos matices. La cláusula de salvaguarda del empleo es inamovible para el Ministerio de Trabajo, sin embargo, el departamento de Seguridad Social sí ha vuelto a tocar el nivel de las exoneraciones, disminuyendo las ayudas en el caso de los ERTE por limitación. En paralelo, la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral que aborda la sexta y última prórroga de los ERTE (la intención del Gobierno es implantar un nuevo mecanismo permanente de flexibilidad interna en las empresas a partir del 31 de enero de 2022) debatirá sobre la petición sindical de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo y sobre la necesidad de cubrir con los ERTE de fuerza mayor a los trabajadores afectados por la erupción del volcán de La Palma.

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