El ministro de Economía, Román Escolano, se ha mostrado confiado en poder aprobar ya este año y cobrar en 2019 el impuesto a las tecnológicas, pese a la falta de unanimidad de la UE, donde ya se han alzado voces pidiendo calma. Irlanda, Malta, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido rechazan medidas unilaterales y piden una solución internacional y prefieren analizar la situación sin prisas ante el impacto que puede ser una medida de ese calado.
En el caso de Alemania, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dejó claro que el nuevo Gobierno de coalición aún debe definir su postura. La OCDE ya ha advertido también que no está a favor de decretazos al respecto. Los países reacios, temen que el impuesto mine la competitividad y atractivo empresarial de Europa y que EE.UU. lo interprete como un ataque hacia sus compañías. La Comisión, sin embargo, defiende que no es una medida en contra de nadie y que el impuesto temporal es necesario para evitar que los países adopten medidas unilaterales que hagan de la UE un mosaico de reglas mientras llega un acuerdo internacional que se ve lejos.
"Hay muchas opiniones diferentes en torno a la mesa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero creo que hay una base amplia de apoyo para la propuesta de la Comisión Europea y en general la voluntad de discutir", ha confesado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, responsable de la propuesta.
El ministro español ha preferido hacer oídos sordos a estas discrepancias (para llevar a cabo el impuesto es necesaria unanimidad), y ha confiado en llegar a un acuerdo porque "no tiene sentido que el peso de los impuestos caiga sobre la vieja economía", y ha señalado que es de justicia que las empresas tecnológicas también contribuyan. Nuestra idea es presentar ese impuesto cuanto antes, ha señalado el ministro. "El importante auge de la economía digital", lo hace necesario, "ya que tienen que pagar impuestos donde generan valor". El Congreso está de acuerdo. Escolano ha anunciado que el Gobierno desea que este impuesto digital a las empresas tecnológicas entre en vigor en el año 2019 y ha pedido el apoyo a esta nueva tributación al resto de grupos parlamentarios.
Escolano ha dejado claro que el Ministerio de Hacienda trabaja en la definición de una figura "a la mayor brevedad" para tenerla lista cuanto antes. "Nuestra idea es que tenga una tramitación los más rápido posible, que durante este año se produzca la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria", ha precisado Escolano, al tiempo que ha apuntado que "no debería haber divisiones políticas importantes", apelando al "mayor consenso posible".
Precisamente, el ministro de Economía ha defendido que, aunque la unanimidad es "siempre compleja", el acuerdo político entre los países es "suficientemente importante" como para pensar que "se puede crear una dinámica política que llegue al acuerdo". "La inmensa mayoría de los países están a favor de este tipo de definiciones de la nueva figura tributaria. Todavía no contemplamos la opción de la cooperación reforzada, sino que confiamos en un acuerdo", ha manifestado.
El Gobierno francés es el gran impulsor de esta medida, que querría ver aprobada antes de final de este año, pero el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, a su llegada a la reunión de titulares de Economía y Finanzas de los Veintiocho en Sofía ha dejado claro que se hará "tan pronto como se pueda". Es la primera vez que los Veintiocho debaten a nivel ministerial sobre la propuesta, que plantea imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.
España necesita que el impuesto sea ratificado en Europa cuanto antes después de que Montoro haya señalado que ese dinero servirá, en parte, para poder sufragar la subida de las pensiones acordada con el PNV como una de las condiciones para poder sacar adelante los presupuestos de 2018, un balón de oxígeno que Rajoy necesita para poder seguir al frente del Ejecutivo donde vive su etapa más agónica, ante la escalada en las encuestas por parte de Ciudadanos y el caso Cifuentes, un nuevo golpe para el PP.
"Ingresos y gastos estarán compensados"
No ha sentado del todo bien en Europa el cambio en cuanto a la subida de las pensiones del Gobierno de Rajoy. El ministro de Economía, Román Escolano ha intentado calmar las aguas al señalar que el incremento de pensiones que se ha anunciado para el año 2018 y 2019 está unido a un incremento de ingresos. "El efecto mantenido sigue siendo el objetivo del 2,2%, porque pensamos que ingresos y gastos estarán compensados. No hemos retocado el cuadro y la senda de reducción de déficit es la misma", ha concluido Escolano. El ministro ha recordado también que "España está a la cabeza en términos de crecimiento en Europa y en creación de empleo, y sigue comprometida con la eliminación total del déficit en 2021 y con rebajar el nivel de deuda por debajo del 90% del PIB en esa fecha".
Las reformas en la UE vuelven a quedar en entredicho
La falta de consenso entre los países de la Unión Europea (UE) no solo se remiten a este impuesto sino a la transformación de la propia Europa. El impulso reformista de Macron sigue siendo frenado por Alemania y la posibilidad de un presupuesto común y los eurobonos se alejan. De hecho, la misma España, partidaria de los mismos ha dado un paso atrás en sus documentos, prudencia obliga. "La verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Necesitamos movernos de las posiciones establecidas y encontrar compromisos. Es el momento de decidir", advirtió el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas celebrada en Sofía.
Los Veintiocho debatieron por enésima vez las medidas para completar la unión bancaria en el marco de los esfuerzos por conseguir que los jefes de Estado y de Gobierno puedan en la cumbre de junio anunciar una hoja de ruta con los pasos concretos que prevén dar en los próximos meses para reforzar la eurozona frente a futuras crisis. Sin embargo, a dos meses de la cita, las perspectivas de conseguir grandes avances son cada vez menores y se circunscriben a medidas que llevan tiempo sobre la mesa.
Las conversaciones celebradas en Sofía han dejado claro que sólo parece "realista" esperar un acuerdo en mayo sobre el paquete de medidas para reducir el riesgo bancario que el Ejecutivo comunitario presentó en noviembre de 2016 y que, sobre esta base, hay "espacio" para que se acuerde el cortafuegos para el Fondo Único de Resolución (FUR) bancaria.
La necesidad de una mayor reducción del riesgo bancario es el mantra que invoca Alemania y otros países reacios a la reforma, como Holanda, para negarse a dar pasos en los instrumentos que suponen una puesta en común de los mismos. Es el caso del cortafuegos para el FUR, que debería completar con fondos de los países la financiación que aportan al mismo las entidades bancarias, y cuya creación estaba en los planes iniciales para crear esta herramienta que entró en vigor en 2016.
También del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos para proteger a los depositantes con fondos comunes cuando haya una quiebra en cualquier país, anatema para Berlín. Por otra parte, se descarta la posibilidad de constituir un presupuesto de la eurozona para responder a crisis en un sólo país cuando los sistemas tributarios nacionales se vean desbordados.
La Comisión sólo propondrá en mayo la creación de un mecanismo que permita mantener el nivel de inversión pública en los países afectados por crisis. La transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo con mayor poder sobre los rescates, la propuesta que hasta ahora había gozado de consenso entre los países, también ha perdido algo de espacio en el discurso en las últimas semanas ante las dudas de Alemania, que en principio era favorable.
El ímpetu reformista del presidente francés, Emmanuel Macron, no ha encontrado equivalente en el nuevo Ejecutivo germano que, pese a incluir a los socialistas, de momento no se ha desviado del tradicional rechazo alemán a tomar medidas que supongan asumir en conjunto los riesgos de países individuales.
El nuevo ministro de Finanzas germano, Olaf Scholz, se limitó a señalar a su llegada a su primer consejo de la UE que "urge" que haya mas convergencia entre los países, sin avanzar los planes concretos del Gobierno de coalición que en los últimos días ha constatado la divergencia de opinión entre conservadores y socialistas en lo que respecta a la eurozona.
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