El proyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que será remitido al Congreso de los Diputados en los próximos días y que debe obtener el respaldo del Parlamento antes de que acabe el año si se quiere cumplir con el calendario acordado con Bruselas, venía con sorpresa. El Gobierno, atendiendo a una de las recomendaciones que le había formulado el Consejo Económico y Social (CES) en la fase de consultas de la norma, ha decidido modificar el proyecto inicial y ampliar a los funcionarios encuadrados en el régimen de clases pasivas tanto el esquema de revalorización de las prestaciones en función del IPC como el nuevo abanico de incentivos económicos dispuestos para estimular a los trabajadores a prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. En el texto inicial el perímetro de esas medidas se reducía a los trabajadores del Régimen General.
El retoque introducido por el Gobierno abre a los funcionarios de clases pasivas - un régimen especial a extinguir desde 2011 pero en el que aún se encuadran cientos de miles de empleados públicos - el acceso al pago único de hasta 12.000 euros ideado por Escrivá para convencer a los trabajadores de prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. El bautizado como 'cheque Escrivá' es una de las medidas más novedosas de la reforma acordada por el Gobierno con los agentes sociales y concreta la idea del ministro y su equipo de que los trabajadores españoles estarían más inclinados a prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación si recibieran un premio en el momento de tomar la decisión y no en el momento de poner fin a su trayectoria laboral.
El cheque anual ideado por Seguridad Social oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros en función de la base reguladora y del número de años cotizados y la propuesta es abonarlo cuando el trabajador llega al momento en que alcanza la edad en que puede jubilarse siempre que se comprometa a prolongar su vida laboral al menos un año. El esquema previsto por el Gobierno permite, además, cobrar este cheque o recibir una parte del mismo y acogerse a la mejora del 4% anual sobre la pensión que también prevé la reforma y que viene a mejorar el panorama existente a día de hoy.
La iniciativa no ha estado exenta de polémica porque aunque el ministro ha defendido en distintos foros que "hace más atractiva" la perspectiva de retrasar el momento de la jubilación diferentes expertos han advertido que puede resultar menos rentable desde el punto de vista financiero que optar por la mejora anual del 4% en la cuantía de la pensión a percibir. Por no hablar de la dimensión fiscal, ya que al considerarse como un rendimiento del trabajo se integraría en la base del IRPF y recortaría de forma significativa el líquido a ingresar por los potenciales beneficiarios...salvo que en última instancia el Gobierno decidiera declarar exenta esta renta para hacerla más atractiva desde la perspectiva tributaria.
Un antídoto contra las jubilaciones masivas de funcionarios
La aplicación de los elementos principales de la reforma de las pensiones al régimen de clases pasivas puede tener otros efectos inducidos beneficiosos para el sistema. En los últimos meses, la situación generada por la Covid-19 y la incertidumbre en torno al futuro del régimen de clases pasivas que ha alimentado la negociación de la reforma de las pensiones han empujado a miles de funcionarios a no esperar a los 65 años y aprovechar la cobertura que les proporciona este régimen especial para retirarse antes de esa edad sin penalización alguna en su pensión.
Fuentes sindicales admiten que la decisión del Gobierno de traspasar las competencias en materia de clases pasivas desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social entre tambores de reforma del sistema de pensiones ha generado incertidumbre en el colectivo y ha empujado a no pocos empleados públicos a tomar el camino del retiro. Temían, como se ha especulado en el pasado, que una reforma profunda del sistema se llevara por delante la cláusula que les permite jubilarse a partir de los 60 años sin penalización alguna.
Lo que dicen las estadísticas oficiales es que mientras en la primera mitad de 2020 alrededor de 6.500 funcionarios de clases pasivas se retiraron voluntariamente antes de los 65 años, este año 2021 esa cifra se ha disparado por encima de los 9.000. Los datos subrayan un fenómeno que no ha dejado de crecer desde la crisis a lomos no sólo de la posible derogación anticipada del régimen de clases pasivas sino también de la congelación de las nóminas de los funcionarios que al cabo marcan el haber regulador que determina la pensión futuro de los empleados públicos encuadrados en este sistema.
La garantía de que las prestaciones se actualizarán con el IPC y los renovados incentivos por prolongar la vida laboral más allá de los 65 años constituyen un acicate para variar esta tendencia a jubilarse pronto que se ha asentado entre los empleados públicos de clases pasivas en la última década.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios