El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto especial énfasis a lo largo de toda la negociación sobre la reforma de las pensiones en dejar claro que uno de sus principales objetivos sería desincentivar la jubilación de los trabajadores antes de la edad legal, una práctica generalizada en España por la que a día de hoy optan alrededor del 40% de los trabajadores. Que sus mensajes han sido entendidos por la población lo atestigua que en el arranque del año las estadísticas oficiales del Ministerio hayan mostrado un incremento del 26% en el ritmo de jubilaciones anticipadas, señal inequívoca de que muchos han decidido adelantar la decisión de poner fin a su vida laboral ante la inminencia de una reforma normativa que endureciera el trato a la jubilación anticipada.
Sin embargo, el 'relato' en esta ocasión no parece tener mucho que ver con la realidad del acuerdo, según advierten desde los sindicatos. Fuentes de UGT y CCOO coinciden en que el pacto sobre pensiones cerrado la pasada semana no sólo no se traducirá en un endurecimiento general de la jubilación anticipada sino que va a configurar un marco mucho más favorable en la inmensa mayoría de los casos. "La idea del acuerdo no es penalizar más a los que se jubilen antes forzados o por voluntad propia sino disponer incentivos para que decidan hacerlo más tarde", asegura una de las fuentes sindicales consultadas.
El acuerdo, de momento, abre la puerta a que un puñado de situaciones que en la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy se consignaron como jubilación anticipada por voluntad del trabajador, con lo que ello supone de mayores penalizaciones sobre la prestación a recibir, pasen a considerarse como jubilación involuntaria y por consiguiente se vean afectadas por coeficientes reductores menos gravosos.
El ajuste que introduce el acuerdo alcanza, por ejemplo, a los beneficiarios del subsidio de desempleo para mayores de 52 años que podrán entrar a la jubilación por la 'vía suave' de la jubilación anticipada involuntaria, pero también considerará como jubilación 'involuntaria' toda una serie de situaciones que a día de hoy se clasificaban como 'voluntarias', como acceder a la jubilación tras rechazar una propuesta de traslado que implique cambio de residencia por parte de la empresa, tras negarse a aceptar una modificación sustantiva de sus condiciones laborales, tras dejar un empleo por los incumplimientos reiterados y graves de sus obligaciones por parte del empleador que se se establecen en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores o por situaciones en los que una trabajadora se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género.
Objetivo: retrasar "unos meses" la jubilación
Fuentes sindicales aseguran que estos cambios mejorarán las expectativas de cara a la jubilación "de miles de trabajadores" que desde el año 2013 han visto penalizada su jubilación por entenderse como voluntaria por la Administración de Seguridad Social. Los sindicatos, que también han conseguido que se reconozca ese estatus a los trabajadores que soliciten su jubilación tras la extinción de su contrato por parte de la empresa por las causas objetivas que señala el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, señalan que sólo habrá dos excepciones a este principio de catalogar como involuntaria toda jubilación que se produzca tras la extinción de un contrato de trabajo por una situación achacable a la empresa que se refieren a la extinción del periodo de vigencia de un contrato temporal o a los despidos disciplinarios, dos situaciones que, advierten, trataran de corregir en la segunda fase de la reforma de pensiones.
Desde los sindicatos se subraya que en contra de la valoración general que se ha hecho del acuerdo éste no endurece la jubilación anticipada, sino que la suaviza "en el 90 y pico por ciento de los casos", asegura una de las fuentes consultadas. Según esta lectura, los nuevos coeficientes reductores que empezaran a aplicarse el 1 de enero de 2022 - salvo para los casos de trabajadores con bases de cotización acumuladas que exceden la pensión máxima del sistema, en cuyo caso no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2024 - sólo endurecerán la situación en el caso de que el trabajador decida jubilarse voluntariamente 22, 23 o 24 meses antes de la edad legal. "Para el resto de casos, los nuevos coeficientes reductores penalizan menos", explican fuentes de los sindicatos.
Al final, explican desde CCOO y UGT, se trata de conseguir que los trabajadores que se jubilaban nada más cumplir los 63 años opten por retrasar unos meses su jubilación porque los incentivos que recibe para permanecer trabajando le ayudan a tomar esa decisión.
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