El ministro José Luis Escrivá apura los plazos. Una vez más, el titular de la Seguridad Social llega a la recta final de una negociación sin haber alcanzado un acuerdo con los agentes sociales. El plazo comprometido con Bruselas para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos finaliza el próximo jueves, 30 de junio, y el ministro todavía no ha conseguido convencer a la patronal, los sindicatos y las asociaciones representativas del colectivo de su propuesta de tramos. Escrivá está buscando, de nuevo, un pacto sobre la bocina, en un momento especialmente delicado para el ministro por la desbandada de algunos de sus colaboradores más cercanos. Este lunes a primera hora vuelve a reunirse la mesa de negociación para intentar un acuerdo in extremis.
El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener listo el nuevo modelo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la primera mitad de este año. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en la reforma 3 del componente 30 el Ejecutivo pactó con las autoridades europeas implantar "gradualmente" un nuevo sistema de cotización "basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada" y el calendario acordado establecía la aprobación del mismo "en el primer semestre de 2022", especificando que el Ejecutivo llevaría a cabo un "despliegue gradual a partir de esa fecha".
Pero después de meses de negociaciones y varias idas y venidas del Ministerio en torno a distintas propuestas planteadas tanto a la mesa de negociación en conjunto como de manera bilateral a los sindicatos, las organizaciones empresariales y sindicales, así como ATA (vinculada a CEOE), UPTA (ligada a UGT) y UATAE (CCOO) continúan sin dar su visto bueno definitivo a la reforma de Escrivá. Aunque los sindicatos y sus asociaciones de autónomos parecen más proclives al acuerdo, tampoco termina de convencerles el planteamiento del ministro. Mientras, la patronal se muestra mucho más reticente a firmar la reforma tal y como está planteada. Todos esperan que en la reunión de este lunes el Ministerio equilibre su propuesta hacia su lado.
En su última propuesta oficial, el Ministerio planteó cuotas de entre 245 y 565 euros mensuales para 14 tramos de cotización, rebajando la cuota para el tramo de ingresos más bajos desde los 250 euros planteados en el borrador anterior y elevando la máxima en 15 euros, desde los 550 de la propuesta previa. El esquema rebaja la cotización respecto a lo que pagan de media actualmente los autónomos que ganan menos de 1.700 euros, pero no terminó de convencer a la patronal, que demanda que se rebaje la aportación para los tramos de mayores ingresos y, en todo caso, que los niveles de cotización planteados se alcancen a lo largo de un periodo de tres años y no en 2023, como ha planteado recientemente el equipo de Escrivá en la mesa.
A las asociaciones de autónomos, especialmente a UATAE, tampoco termina de convencerles el planteamiento de la Seguridad Social y han pedido bajar más la cuota a los que menos ganan. En esa línea, Unidas Podemos ha presentado una contrapropuesta a Escrivá dentro del propio Gobierno que reduce la cuota mínima a 100 euros y eleva la máxima a 1.267 euros mensuales. Se espera que en el nuevo borrador que se ha trabajado durante el fin de semana Escrivá vuelva a modificar tramos y cuotas para intentar atraer a las partes a un acuerdo al borde del deadline bruselense.
Escrivá, de hecho, ya ha ido modulando su reforma a lo largo de la negociación, pasando del despliegue a nueve años y con cuotas de hasta 1.125 euros que planteó inicialmente al actual modelo, que implica un desarrollo a tres años y una cuota máxima recortada a la mitad. Precisamente, la progresividad en la aplicación del nuevo esquema de cuotas y la posibilidad de acogerse a una tarifa plana para los nuevos autónomos (más allá de los que ingresan menos del salario mínimo) continúan siendo claves por cerrar de negociación, así como la cobertura social, incluida la opción de elevar sus bases de cotización para los autónomos mayores de 47 años.
La recta final de las negociaciones coincide con un momento delicado para Escrivá, en plena desbandada de altos cargos del Ministerio. Su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha decidido abandonar el Gobierno y circula que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, le ha designado para relevar al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), según ha publicado El Confidencial. "Es un despropósito", aseguran fuentes del diálogo social. Aunque el agotamiento de Arroyo era conocido, su dimisión ha pillado por sorpresa a muchos en la patronal y los sindicatos, especialmente al conocerse tan solo 24 horas después del abandono del secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea. Desde el Ministerio aseguran que el todavía número dos de la Seguridad Social finalizará la reforma de autónomos antes de dejar su puesto.
En el Ministerio de Escrivá se limitan a informar de que ambas dimisiones responden a motivos personales, pero fuentes conocedoras de las razones que han llevado a renunciar tanto a Perea como a Arroyo enmarcan sus decisiones en "tensiones internas" y "falta de entendimiento" con el ministro. "Las discusiones eran constantes e incluso se han producido escenas desagradables en reuniones de trabajo", afirman estas fuentes. "El equipo de Escrivá está tocado, en un ambiente de tensión que no favorece las negociaciones", afirman desde el diálogo social.
La desbandada se produce en un momento clave en el que la Comisión Europea está mirando a España con lupa y decidiendo sobre la concesión de un nuevo tramo de fondos de recuperación de 12.000 millones de euros. En materia de pensiones, reclama medidas para compensar la subida de las nóminas con el IPC y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Y es que después de la reforma de autónomos vendrá el bloque más duro de la reforma integral del sistema de las pensiones, que incorporará medidas como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones o el incremento de las bases máximas de cotización.
