Las prisas para activar el Ingreso Mínimo Vital están tropezando con el muro de la cruda realidad. Ya no es sólo que los escrúpulos de un tecnócrata como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le impidan aprobar un instrumento de esa potencia de cualquier manera; ni que el estrecho margen presupuestario disponible aconseje modular al máximo el esfuerzo que se realiza en un mecanismo particularmente propenso a disparar su coste, es que ni siquiera se dispone de toda la información necesaria para garantizar que en efecto esa renta básica de supervivencia vaya a llegar a los que más lo necesitan: las personas en situación de exclusión social severa.
Las estimaciones de en torno a un millón de beneficiarios deslizadas desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, desde Moncloa e incluso desde el Ministerio de Seguridad Social se sostienen en diferentes fuentes -los trabajos realizados por Intermon Oxfam, los datos disponibles en las estadísticas de IRPF de la Agencia Tributaria o la información sobre hogares en los que todos sus miembros están en paro de la EPA- pero en ningún caso se traducen en un listado con nombre y apellidos, con direcciones o con números de cuenta bancaria que permitan hacer llegar la ayuda a todos sus potenciales beneficiarios.
Desde el Ministerio de Seguridad Social se admite que la información disponible aún adolece de importantes lagunas. "Disponemos de la información que procede de la Agencia Tributaria, que es muy fiable, pero sabemos que no todos los hogares que están en situación de exclusión aparecen en los datos de Renta y es muy probable que los que no aparecen ahí sean los que están en una situación de exclusión social más severa".
El trabajo de Intermon Oxfam señala que hay cuatro millones de personas que viven en situación de pobreza severa, bajo la premisa de que sus ingresos están por debajo del 40% de salario más habitual en el país, pero no todos aparecen en las fuentes tributarias y las encuestas como la EPA no constituyen más que una referencia general que permite definir un perímetro, pero no poner cara y ojos al fenómeno.
El Ministerio se ha puesto manos a la obra y trabaja contrarreloj para cubrir esas 'zonas de sombra' en el conocimiento por parte de la Administración de las situaciones de exclusión social. Para ello han abierto un canal de comunicación permanente con las áreas de Servicios Sociales de los Gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos - de forma directa con los grandes ayuntamientos y a través de la Federación de Municipios en el resto de los casos-, para disponer de una relación lo más precisa posible del universo de potenciales beneficiarios del futuro -ya no se sabe si inminente- Ingreso Mínimo Vital. Los Servicios Sociales de los ayuntamientos no solo son los más cercanos al fenómeno, sino que también disponen de información precisa sobre los que lo sufren por la red de ayudas de que disponen para paliar ese tipo de situaciones.
El ministro, no obstante, ya ha aclarado que esta renta no llegará a personas que se encuentren en situación irregular en España. Para percibirla habrá que estar en situación de legalidad.
A día de hoy, y a la espera de la información que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social pueda recibir de los Servicios Sociales autonómicos y municipales, la referencia más clara que existe sobre el número potencial de beneficiarios a los que podría llegar el Ingreso Mínimo en el que trabaja el Gobierno la constituyen los datos publicados el pasado mes de octubre por el Ministerio de Sanidad en su Informe Anual sobre Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al ejercicio de 2018. Ese informe proporciona los últimos datos oficiales sobre perceptores reales de rentas mínimas autonómicas e identifica un total de 293.302 titulares y un número total de beneficiarios -familiares del titular- de 679.180.
El informa ya matiza que los datos proporcionados son parciales, porque hay comunidades autónomas que no han dado la información en tiempo y forma, pero ya aventura que el esfuerzo de identificación y acreditación del cumplimiento de requisitos de los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no será sencilla para el Ministerio. Desde Seguridad Social se asegura que esa referencia es muy parcial. "Cada comunidad autónoma ha dispuesto un sistema diferente, los requisitos de acceso son muy distintos y con esas premisas no puede ser tampoco una referencia válida del alcance que puede tener el Ingreso Mínimo Vital".
Igual sí lo puede ser más a la hora de valorar la factura que el proyecto puede tener para las arcas del Estado. El informe publicado por el Ministerio de Sanidad revela que en el año 2018 los gobiernos autonómicos emplearon 1.519 millones de euros en financiar su red de rentas de mínimas y proporcionar un ingreso a esos poco menos de 300.000 titulares, que ni siquiera llegan a un tercio del colectivo de potenciales beneficiarios del que habla el Gobierno para su Renta.
El que fuera secretario general de Políticas de Inclusión durante apenas quince días, excolaborador de José Luis Escrivá en Airef y uno de los expertos implicados en los estudios de la Autoridad Fiscal sobre un potencial sistema de rentas mínimas para España, José María Casado, estimó hace apenas unos días en una horquilla de entre 6.000 y 7.000 millones de euros el coste que tendría para las arcas estatales la implantación de un Ingreso Mínimo Vital de 500 euros, con un extra de 100 euros por menor en el hogar y de 250 euros por adulto, y con un radio de acción de un millón de hogares. La cuantía media de las rentas mínimas activas en las CCAA a la altura de 2018 era de 463,05 euros. En su estimación, sin embargo, falta un dato fundamental: el número real, no potencial, de beneficiarios que tendrá el instrumento: el Ministerio encargado del asunto sigue tratando de perfilarlo.
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