"Abordaremos el futuro del sistema de pensiones desde el análisis técnico y la evidencia científica disponible, y con el diálogo con todos los actores". Tal vez el orden en el que el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, formuló estos propósitos no era gratuito. Así lo deja entrever la elección del puesto más crítico en la estructura de su ministerio, el de responsable de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, para el que ha escogido a uno de sus más estrechos colaboradores en la Autoridad Fiscal y responsable intelectual de la opinión que el organismo publicó hace ahora un año sobre el futuro del sistema público de pensiones: Israel Arroyo.
Arroyo, hasta ahora miembro de la División de Análisis Económico de la Autoridad Fiscal (Airef), es un alto funcionario del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas del Estado con una dilatada trayectoria en el ámbito de la Seguridad Social. De hecho, antes de llegar a la Airef labró la mayor parte de su carrera profesional dentro de la estructura de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde fue jefe de Área de Estudios Económicos y Análisis de Coyuntura y promocionó posteriormente al cargo de subdirector general de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas. También gestionó la Subdirección de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el órgano desde el que se controla toda la gestión de los pagos del sistema público de pensiones.
Personas que coincidieron con el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social durante esa etapa definen a Israel Arroyo como una de las personas que mejor domina todos los datos y cifras relacionados con el sistema público de pensiones y como un profundo conocedor también de la gestión interna del mismo. Según ha podido saber La Información, Arroyo tiene previsto mantener una reunión de trabajo en los próximos días con su predecesor en el cargo, Octavio Granado, que en los meses inmediatamente anteriores a su salida aún ha tenido la oportunidad de introducir algunos ajustes más en el funcionamiento del sistema, a la busca de optimizar el rendimiento económico del mismo y su eficiencia.
Dentro de sus nuevas responsabilidades, Israel Arroyo no sólo tendrá que impulsar las medidas de reformas que permitan apuntalar la sostenibilidad futura del sistema -algunas de las cuales ya apuntaba en la opinión publicada por la Autoridad Fiscal-, sino que también tendrá que detectar los posibles ajustes que pueden llevar a un desempeño cotidiano más eficiente de un sistema que todavía mantiene fallas e ineficiencias varias y también encontrar con los agentes sociales, los partidos políticos y el resto de actores implicados los puntos de encuentro que permitan sacar adelante las reformas con el mayor grado de consenso posible, quizá la dimensión de su cargo en la que tiene una menor experiencia.
El informe de la Autoridad Fiscal se perfila como 'hoja de ruta'
La elección de Israel Arroyo, el analista de la Autoridad Fiscal que preparó toda la base estadística y la estructura intelectual que sostuvo la opinión del organismo sobre las líneas maestras que deben guiar la reforma futura del sistema público de pensiones, confirma el trabajo publicado hace ahora un año como la base a partir de la cual José Luis Escrivá abordará la negociación con agentes sociales y partidos políticos para el que se perfila como uno de los grandes objetivos de la legislatura: la reforma del sistema público de protección social.
A partir de ese guión los asuntos que se perfilan como básicos en la próxima reforma de las pensiones serían la eliminación del déficit de la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado vía impuestos de la parte de los gastos del sistema que se entiende no deben ser financiados por cotizaciones (gastos de funcionamiento, incentivos a la contratación...); modificación del sistema de cálculo de la pensión para tener en cuenta toda la vida laboral; y aproximación de la edad real de jubilación (64,4 años, según los últimos datos oficiales) a la edad legal (65 o 67 años, según los años cotizados).
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