El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lleva semanas analizando el instrumento jurídico más adecuado para habilitar a las mutuas a poder realizar los reconocimientos médicos de los trabajadores a partir de los 365 días de baja, y para poder también disponer de sus centros para que los inspectores médicos del INSS pudieran pasar consulta. Como adelantó La Información la maniobra constituía una solución de emergencia ante el cada vez mayor embalsamiento de trabajadores con bajas de más de un año de duración como consecuencia de la incapacidad de los limitados equipos de inspectores médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social para ejecutar los preceptivos exámenes médicos que corresponde realizar cuando una baja por incapacidad temporal alcanza los 365 días de duración.
El asunto no es menor. El colapso de los tribunales médicos ha disparado un 27% el número de trabajadores que llevan más de un año de baja laboral - lo que supone unos 40.000 más que en un ejercicio normal - y desde el sector de las mutuas de accidentes de trabajo se advierte de que el impacto económico de este embalsamiento de trabajadores inactivos por incapacidad temporal podría rondar los 600 millones de euros para las ya muy exigidas arcas de la Seguridad Social.
Había urgencia por resolver el asunto y varias fuentes del sector consultadas por La Información han detectado en una de las reformas de la Ley de Seguridad Social incluidas en el Real Decreto que establece la prórroga hasta el 31 de mayo de los ERTE y de la prestación especial por cese de actividad de los autónomos, entre otras medidas del escudo social, la llave para habilitar al personal médico de las mutuas a participar en los procedimientos "tanto de declaración como de revisión de los procesos de incapacidad temporal", como reza en uno de los pasajes modificados de la norma. En el sector se observa ese ajuste legal como el primer paso para que los facultativos de las mutuas de accidentes de trabajo participen en los tribunales médicos encargados de evaluar la evolución médica de los pacientes de baja y de proponer o no su reincorporación al trabajo a los médicos del sistema nacional de salud, que son los que por ley están facultados para dar el alta definitiva al paciente. Una medida que, de paso, aliviaría la presión sobre los inspectores médicos del INSS, que tendrían el apoyo de los alrededor de 10.000 profesionales médicos de las mutuas a la hora de examinar la evolución de las bajas por IT.
Desde Seguridad Social se rechaza de plano esa interpretación del cambio legal. Aseguran que se trata de un ajuste meramente administrativo para dar soporte legal a la transferencia de historiales médicos desde las instituciones sanitarias o las mutuas a las entidades de la Seguridad Social y que el artículo modificado únicamente afecta a las obligaciones de transmisión de información. Reconocen que sí hay una negociación abierta con las mutuas para recabar su colaboración en la evaluación de los trabajadores con bajas de larga duración, como adelantó La Información, pero que no está afectada en absoluto por el cambio legal introducido sino que se sustanciará en un convenio de colaboración. Éste, subrayan, irá más orientado a hacer uso de las instalaciones de las mutuas que de su personal médico. (Ver rectificación completa del INSS al final del artículo)
El Ministerio lleva semanas negociando con las mutuas por este asunto, y no sólo por la utilización de sus instalaciones sino también por la realización de tareas de apoyo al personal de los equipos de evaluación de incapacidades del INSS. Se trata de un terreno delicado por la histórica aspiración de las mutuas de poder determinar de forma directa si un trabajador en situación de baja laboral está o no listo para reincorporarse a su puesto de trabajo, algo que hasta la fecha no ha sido posible por la oposición sindical y por las reservas de los sucesivos gobiernos. Fuentes de CEOE aseguraban hace apenas unas semanas su confianza en que Seguridad Social finalmente abriera las puertas de los 'tribunales médicos' a los profesionales de las mutuas, no sólo para dar cobertura a la situación actual de embalsamiento de bajas de larga duración sino también para los lesiones traumatológicas.
Fuentes del sector aseguran que la valoración que realizan los equipos médicos de valoración de incapacidades, más conocidos como 'tribunales médicos', rara vez es cuestionada por los médicos del sistema público de salud. Es más, incluso cuando un alta laboral emitida por uno de estos equipos llega a los tribunales, éstos acostumbran a ratificar en la mayoría de los casos las altas propuestas por el tribunal médico.
"Se trata de una medida adoptada por una situación puntual de colapso de los equipos de valoración del Instituto Nacional de Seguridad Social y estamos a favor de todo lo que suponga la colaboración del personal médico de las mutuas con el sistema de salud", asegura la portavoz en materia de mutuas de FSP-UGT, Noelia García-Baltasar. "Lo que hemos rechazado en el pasado y no vamos a admitir en el futuro es que se deje en manos de las mutuas la decisión definitiva sobre el alta de los trabajadores. Esa es una competencia que le corresponde al sistema público de salud".
El sistema de Seguridad Social ya ha empezado a preparar el terreno para la participación de los profesionales de las mutuas en los tribunales médicos y este año se ha incluido en el plan de formación de las mutuas un módulo sobre valoración de secuelas y evaluación de procesos de incapacidad temporal, según confirman fuentes sindicales.
El embalsamiento de trabajadores con bajas por encima de un año viene principalmente de los meses de confinamiento en los que los inspectores médicos del INSS no pudieron realizar valoración alguna de trabajadores de baja. En los meses siguientes la actividad sólo se reactivó de manera progresiva y eso ha desembocado en la actual situación de colapso.
(((Nota del redactor: tras la publicación de esta información Seguridad Social se ha puesto en contacto con este redactor para corregir y matizar una serie de aspectos de la misma. Pasamos a incluir el contenido íntegro de esta nota de rectificación remitida por el Instituto Nacional de Seguridad Social)))
Le escribimos con motivo de la noticia publicada en www.lainformacion.com bajo el titular 'Escrivá recluta 10.000 facultativos para aligerar la bolsa de trabajadores de baja', que contiene información que no es cierta en algunos puntos y consideramos debe corregirse.
Respecto a la utilización de los centros de las mutuas para que los inspectores médicos del INSS pudieran pasar consulta. En este contexto de pandemia y tras la evaluación del riesgo de exposición y contactos que afecta al conjunto de los empleados públicos, y específicamente a los médicos del INSS y a los trabajadores convocados para la realización de reconocimientos médicos presenciales cuando estos son necesarios para valorar la incapacidad laboral en orden al reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones de la Seguridad Social que requieren un control médico, se han planteado y llevado a cabo por el INSS numerosas medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal y de adecuación de las condiciones de trabajo para el personal especialmente vulnerable, con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio.
Así, parte del total de las 628 consultas médicas disponibles en el INSS para el trabajo de sus médicos inspectores no se encuentran adaptadas para la realización de reconocimientos presenciales, teniendo en cuenta que las consultas deben reunir unos requerimientos mínimos para ser consideradas aptas para efectuar dichos reconocimientos médicos, requerimientos que tienen que ver con la disponibilidad de ventilación natural, higiene personal (lavamanos) y tamaño que permita mantener la distancia personal de 1,5-2 metros durante la entrevista clínica.
Por este motivo se está trabajando en un convenio de colaboración con las mutuas para la autorización del uso por parte de éstas de las infraestructuras propias, con carácter temporal y libre de coste, para su uso por médicos inspectores del INSS de las unidades médicas que presenten carencias de consultas médicas adaptadas para efectuar reconocimientos médicos presenciales, lo que en absoluto tiene que ver con lo que menciona en su artículo. Además esta medida está en una fase de tramitación inicial.
También mencionan que "el ministerio que dirige José Luis Escrivá ha decidido aprovechar el Real Decreto que establece la prórroga hasta el 31 de mayo de los ERTE y de la prestación especial por cese de actividad de los autónomos para 'colar' una reforma de la Ley de Seguridad Social por la que habilita al personal médico de las mutuas a participar en los procedimientos tanto de declaración como de revisión de los procesos de incapacidad temporal". Esta medida no está publicada en el Real Decreto aludido, lo que es fácilmente comprobable.
Por último se refieren al 'colapso' de los tribunal médicos. Como es lógico, la magnitud de la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 ha tenido y continúa teniendo un impacto muy significativo en el normal funcionamiento de las unidades médicas de las 48 direcciones provinciales con procedimiento EVI (Equipos de Valoración de Incapacidades), determinado, entre otros aspectos, por la obligada paralización de sus actuaciones durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España como consecuencia de esta pandemia y por la posterior reanudación limitada de la actividad de las unidades médicas, condicionada por la implantación de las necesarias medidas organizativas tanto para la protección de los médicos inspectores del INSS en el desarrollo de sus funciones, como en los trabajadores de esta entidad como consecuencia de una citación para reconocimiento médico.
Ello ha dado lugar a una ralentización del ritmo de citaciones médicos que poco a poco se intenta que se vaya recuperando a través de las medidas organizativas que el INSS ha ido adoptando
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