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Escrivá amplía el plazo a las empresas para ajustar cuotas tras el caos del SMI

La Seguridad Social da más margen tras constatar la imposibilidad de aplicar las diferencias de cotización resultado de la subida del salario mínimo en septiembre y colapsar unos cinco millones de liquidaciones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
Escrivá amplía el plazo a las empresas para ajustar cuotas tras el caos del SMI
Europa Press

José Luis Escrivá se ha visto obligado a dar más margen a las empresas para que actualicen sus cotizaciones tras el caos que provocó a finales de 2021, cuando tardó tres meses en publicar la orden que desarrolló las normas legales para ajustar las nóminas al salario mínimo interprofesional. Y es que el Gobierno aprobó la subida del SMI a finales de septiembre, con fecha de entrada en vigor desde el día 1 de ese mismo mes, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de recaudar las cuotas empresariales, no hizo públicas las nuevas bases de cotización hasta diciembre, lo que generó un absoluto desbarajuste.

En diciembre del año pasado, el Ministerio dio de plazo a las empresas hasta el 28 de febrero de 2022 para poder abonar a la Seguridad Social las diferencias de cotización sin recargo alguno. Sin embargo, dado el retraso que se produjo en la publicación de la orden, "se ha comprobado que a la Tesorería General de la Seguridad Social le resulta imposible implementar a tiempo la liquidación de las diferencias de cotización resultantes, puesto que el sistema de liquidación directa tiene que realizar el cálculo de oficio a todas las liquidaciones presentadas, lo que supone alrededor de 5 millones, lo que resulta materialmente imposible. Por lo tanto, es necesario ampliar el plazo inicialmente previsto para evitar perjuicios innecesarios".

Así lo admite el propio Ministerio en la 'Orden por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021', que acaba de sacar a audiencia pública. El objetivo de esta nueva orden es ampliar el plazo para que las diferencias de cotización que se hayan producido por la subida del SMI desde el 1 de septiembre de 2021 puedan ser ingresadas sin recargo hasta el 31 de mayo de 2022.

Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá explican que, efectivamente, lo que se permite con esta nueva orden ministerial es que las diferencias de cotización se puedan ingresar sin ningún tipo de recargo hasta el próximo 31 de mayo de 2022, en lugar del 28 de febrero, que era la fecha inicialmente prevista. Es decir, se dan otros tres meses de plazo. Y además avanzan que la Seguridad Social está trabajando con el Centro de Desarrollo para poder hacer las actualizaciones de oficio y facilitar la gestión a las empresas, evitando que tengan que hacer liquidaciones complementarias.

El Ministerio pretende así solventar el caos inicial por un asunto que había provocado un gran revuelo entre los graduados sociales en el cierre de 2021. El Gobierno dispuso en septiembre una subida del SMI de 950 euros a 965 euros mensuales en 14 pagas, en base a la cual se incrementaron las nóminas y cotizaciones. A la espera de una regulación específica, las asesorías calcularon la nueva base de cotización multiplicando el nuevo SMI por 14 pagas y dividiéndolo entre los 12 meses del año. Como resultado, la base de cotización se situó en 1.125,83 euros. Sin embargo, en la orden de diciembre el Ministerio redondeó esa subida hasta los 1.125,90 euros, una cantidad que puede parecer intrascendente, pero que con su aplicación retroactiva provoca que tanto las nóminas como las cotizaciones desde septiembre se consideren anómalas, obligando a recalcularlo todo y tener que presentar regularizaciones, bajo el riesgo de incurrir en sanciones.

A finales del año pasado, los graduados sociales, que son los profesionales que gestionan más del 80% de las nóminas en España, dirigieron tanto a Escrivá como al responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social un contundente escrito de queja por el sobreesfuerzo que tuvieron que hacer para recalcular y rehacer las nóminas desde septiembre, una tarea extremadamente compleja por las implicaciones técnicas y la enorme casuística que supone. Un hecho que fue "la gota que colmó el vaso", ya que supuso un importante esfuerzo adicional en diciembre, un mes que de por sí supone una alta carga laboral para el colectivo.

Los graduados sociales explican que la retroactividad de la orden que se publicó en diciembre generó un sinfín de dudas. Ponen como ejemplo, entre otros, la actualización de la base en los ERTE, que dio lugar a errores en los cálculos y a retrasos en los pagos por parte de la Administración. Esa es una de otras tantas cuestiones que la orden no especificó y que los graduados sociales se vieron obligados a interpretar y resolver. Todo ello, en un momento en el que la pandemia ha provocado un auténtico colapso por la avalancha de expedientes, así como por el continuo cambio en las normativas de la Seguridad Social.

Con esta nueva orden, el Ministerio pretende facilitar la labor a este colectivo, ampliando el plazo para que las empresas presenten las liquidaciones sin recargo adicional hasta finales de mayo. Pero no hay que olvidar que el Gobierno tiene pendiente aprobar una nueva subida del salario mínimo para 2022, que se negociará en breve con los agentes sociales, lo que volverá a provocar alteraciones en las bases de cotización a las que empresas y profesionales deberán estar pendientes, sobre todo si la subida del SMI se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

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