El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acaba de confirmar que el Ingreso Mínimo Vital, la renta básica que está diseñando el Gobierno para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables, no empezará a cobrarse hasta el mes de junio, tres meses después de la declaración del estado de alarma, tal y como adelantó La Información. Además, el expresidente de la Autoridad Fiscal ha adelantado que esta medida tendrá un coste para las arcas públicas de en torno a 3.000 millones de euros anuales.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia en Moncloa para dar cuenta de los datos de afiliación a la Seguridad Social que ha hecho públicos hoy su departamento, en paralelo a las cifras del paro, y que a su juicio muestran que el mercado laboral se ha estabilizado en abril, tras el desplome sufrido en el mes de marzo. Con todo, esta crisis ha dejado ya cerca de 600.000 nuevos parados y casi un millón de empleos perdidos.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, cuyo diseño todavía está ultimando el Gobierno y que tiene previsto aprobar un Consejo de Ministros durante la segunda quincena del mes de mayo, Escrivá ha confirmado que los beneficiarios empezarán a cobrar en junio una cuantía aún por determinar. Respecto al coste, el responsable de la Seguridad Social ha adelantado que sus cálculos rebajan la factura a unos 3.000 millones anuales, menos de la mitad de lo que se ha estimado en ámbitos académicos, incluso por parte de un exalto cargo de su ministerio que recientemente proyectaba un coste estructural para las arcas del Estado de entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año.
A esto hay que añadir la factura de todas las medidas adoptadas por la Seguridad Social para amortiguar el impacto del Covid-19 sobre las rentas de los trabajadores y los resultados de las empresas y que va a alcanzar solo en mayo los 7.300 millones de euros, según ha informado el ministro. En este sentido, cabe señalar que el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas estima que solo los gastos relacionados con los ERTE van a rondar los 18.000 millones de euros (17.894 millones, más la parte correspondiente a las exenciones de las cotizaciones sociales, que en total con las moratorias aprobadas supone una merma de ingresos de 2.907 millones).
Para hacerse una idea, esos cerca de 18.000 millones igualan el déficit anual del sistema de las pensiones, que Escrivá ya ha dado por descontado que será muy superior este año respecto al cierre de 2019. Esto es así porque al colchón aprobado para los trabajadores afectados por esta crisis se suma una merma importante por el lado de los ingresos, debido al desplome del empleo. De hecho, en el mismo plan que ya están examinando la autoridades comunitarias el Ejecutivo admite que los ingresos por cotizaciones sociales van a experimentar en 2020 un importante deterioro, registrando una caída del 5,75% que equivale a 9.227 millones de euros.
Nuevo préstamo para las pensiones
En este contexto, el ministro ha confirmado lo que ya se sospechaba: que la Seguridad Social tendrá que pedir este año un segundo préstamo al Estado para poder hacer frente a las pagas extra de las pensiones en verano y Navidad. Aunque no ha confirmado la cuantía, se sumará a los 13.830 millones de euros que ya ha transferido el Tesoro y que se están utilizando, principalmente, para pagar las ayudas habilitadas para los trabajadores afectados por esta crisis. Desde la Seguridad Social ya advirtieron de que este préstamo no era finalista, que se destinaría a cubrir los gastos urgentes y que no se descartaba tener que acudir a más financiación externa a lo largo del año.
En cualquier caso, Escrivá ha insistido en que se trata de una cuestión meramente contable y que lógicamente la situación actual va a requerir de financiación extraordinaria con deuda pública. De cualquier manera, ha recalcado que el compromiso con los pensionistas y con el mantenimiento de su poder adquisitivo "sigue intacto". En este sentido, ha desmentido los rumores que circulan sobre un posible recorte de las pensiones y ha garantizado sus pagos puntuales.
En el Plan Nacional de Reformas actualizado el Gobierno recuerda que está pendiente de abordar, en el marco del Pacto del Toledo, una reforma del sistema de las pensiones con un doble enfoque: traspasar "gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración Central, por ejemplo, las políticas activas de empleo, determinadas prestaciones no contributivas o gastos de funcionamiento, que "deberían financiarse mediante impuestos y no cotizaciones sociales". Y, por otro lado, "en el medio y largo plazo, para hacer frente al reto demográfico, el Gobierno planea reordenar sustancialmente el sistema de incentivos para prolongar la vida laboral, que no está funcionando correctamente". Asimismo, añade "se pretende potenciar los sistemas de previsión social complementaria", como adelantó Escrivá, los planes de empresa.
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