Se podría extender a más de dos millones de pensionistas

Escrivá olvida la idea de compensar a los prejubilados de la crisis por el alto coste

Un informe elaborado por Seguridad Social a instancias del Pacto de Toledo estima en 2.300 millones la factura de indemnizar por los recortes en su pensión a los jubilados forzosamente antes de la edad legal.

El ministro José Luis Escrivá, en una reunión con UGT.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una reunión con UGT.
Seguridad Social

El acuerdo político alcanzado el pasado mes de octubre por la Comisión del Pacto de Toledo permitió alumbrar las 22 recomendaciones que deberán guiar el futuro del sistema de pensiones a medio y largo plazo, pero también puso una serie de tareas que entendió como particularmente urgentes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para facilitar su ejecución en el corto plazo. A grandes rasgos, éstas incluían la evaluación del sistema de incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación para determinar si han cumplido o no con su función, el análisis de determinados aspectos del régimen de jubilación anticipada - entre los que se incluía la posibilidad de penalizar el acceso a la misma de las rentas más altas -; y, por último, la realización en un plazo máximo de tres meses de un informe para aproximar el coste que tendría para el sistema público de pensiones la 'despenalización' de la jubilación anticipada para trabajadores por largas carreras de cotización (más de 40 años), así como la posible fijación de algún tipo de compensación para los trabajadores expulsados forzosamente de sus empresas como consecuencia de regulaciones de empleo y que por esta misma circunstancia vieron reducida su pensión de jubilación de manera permanente por la operativa de los coeficientes reductores previstos en la ley.

El Gobierno dispone ya desde hace semanas de esos informes, pero los ha guardado celosamente a la espera de debatir estos asuntos con empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social. La Información ha tenido acceso a uno de esos informes, en concreto al que ha realizado la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social para evaluar el potencial impacto presupuestario de establecer algún tipo indemnización legal a los trabajadores prejubilados de manera forzosa por sus empresas que han visto recortada su prestación por el efecto de los coeficientes reductores, tal y como exigen diversas asociaciones de prejubilados y el sindicato UGT.

El informe interno elaborado por los técnicos de la Seguridad Social desaconseja la desactivación para estos casos de los coeficientes reductores previstos en la ley - y aplicados en su día a la prestación de jubilación de estos trabajadores con la consecuencia de generar recortes de hasta el 40% en su prestación de jubilación-, como pedían las asociaciones. Sostienen que suspender con carácter retroactivo los coeficientes reductores aplicados en su día a los trabajadores afectados tendría un coste muy elevado, superior a los 1.642 millones al año calculados por las asociaciones de afectados y que se situaría en el mejor de los casos en 2.300 millones de euros.

Este sobrecoste se deriva de que la Seguridad Social se ha encontrado al contrastar los datos proporcionados por las asociaciones con que el universo de potenciales beneficiarios, que se restringiría a los mutualistas con algún periodo cotizado antes del 1 de enero de 1967, es de más de 512.000 y no de 372.745 como figuraba en los registros de las asociaciones de afectados. El informe elevado por la DGOSS al ministro Escrivá advierte, no obstante, de que "la supresión del coeficiente reductor por anticipo de la edad de jubilación no se puede aplicar solo a un colectivo (como el de los mutualistas) que lo solicite sino a todos aquellos pensionistas o trabajadores que estén en la misma situación". Una premisa que, según señala el documento, situaría en condición de reclamar ese mismo trato y de poder exigir la desactivación de los coeficientes reductores aplicados en su día a 2.143.000 pensionistas, lo que al menos multiplicaría por cuatro el coste presupuestario estimado.

El informe tiene una naturaleza eminentemente técnica y no entra a hacer ninguna valoración sobre la mayor o menor oportunidad de la medida, sino que se limita a realizar un análisis de la solicitud que se somete a estudio y de sus consecuencias tanto jurídicas como presupuestarias. En este sentido, señala dos importantes objeciones adicionales a la posible suspensión de estos coeficientes reductores. Una de naturaleza jurídica respecto a la aspiración de las asociaciones representativas de prejubilados de que se considere su jubilación como involuntaria, algo que al parecer ya ha sido rechazado de manera firme en varias sentencias judiciales; y otra de más fondo: "Además, se da la circunstancia de que la pensión media de los trabajadores con jubilación anticipada es superior a la de los trabajadores que se jubilan a la edad ordinaria", recalca el informe.

"La reparación de una injusticia"

En una reciente jornada con asociaciones de prejubilados, el sindicato UGT reafirmó su voluntad de defender en la ronda de negociación sobre el futuro de las pensiones del diálogo social -que se está celebrando en estas semanas- la aprobación de una compensación a pasado para los pensionistas que vieron recortada su pensión como consecuencia de las reducciones de plantilla aprobadas por las empresas, especialmente en el contexto de la Gran Crisis Financiera. Sostenía el sindicato que de las 650.000 personas jubiladas anticipadamente tras la crisis, 532.000 procedían del desempleo y habían sido expulsados del mercado laboral "sufriendo una doble penalización", advertía la portavoz en materia de pensiones del sindicato, Mari Carmen Barrera, por la caída de rentas tras su prejubilación y luego además por el recorte de su pensión futura.

Éste ha sido también el argumento que ha llevado a grupo de prejubilados como la Asociación de Prejubilados por Reconversión Industrial (APRI), la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensiones (Fevaas) o Asjuvi40 a hacer campaña a favor de la despenalización de la  jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años y a solicitar una reparación para los trabajadores con largas carreras de cotización que vieron después como el sistema les recortaba su pensión hasta un 40% en el momento de su jubilación tras haber sido despedidos sin pedirlo de sus trabajos. Y también a llevar su lucha al Pacto de Toledo y a conseguir, en última instancia, que el Gobierno se plantee el asunto.

El informe interno de la Seguridad Social recuerda a este respecto que el problema ya se abordó en el año 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con las arcas del Estado a reventar gracias a los ingresos tributarios procedentes de la burbuja inmobiliaria, el Ejecutivo decidió aprobar un complemento de pensión de entre 63 y 18 euros mensuales - en función de la profundidad del coeficiente reductor que se les aplicó en su día- pensado para los prejubilados de la reconversión industrial y de la privatización de empresas públicas, a modo de compensación por los recortes en su pensión. Una compensación que las asociaciones de prejubilados han considerado siempre como insuficiente.

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