El objetivo de sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones antes de que concluya enero sigue siendo inamovible. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apura plazos con varios objetivos fundamentales: aprobar un texto con el que todos sus posibles apoyos en el Congreso se sientan "alineados", tal y como reconocen en el entorno de José Luis Escrivá; evitar más motivos de fricción con los empresarios, que no están dispuestos a asumir nuevos incrementos de los costes laborales; y tratar de que los sindicatos acepten (aunque sea a regañadientes) una ampliación del periodo de cálculo que el Ministro pretende sacar adelante pese a que no cuenta ni siquiera con el apoyo de la comisión del Pacto de Toledo. No está siendo una tarea sencilla.
De hecho, fuentes de la negociación muestran a este diario su escepticismo por el estado de las conversaciones a estas alturas de mes y ven demasiado lejos el acuerdo. La que arranca pasa a ser otra semana clave después de muchas otras de conversaciones a nivel técnico pero sin convocatoria de la mesa negociadora, un sistema que no termina de convencer ni a los sindicatos ni a la patronal, pero con el que el Gobierno ha tratado de acelerar también la negociación política para evitar 'sustos' como el de la aprobación por la mínima de la reforma laboral (error mediante del PP).
Esta negociación a tres bandas, que ha supuesto un retraso de los plazos pactados inicialmente con la Comisión Europea, se produce en medio de los llamamientos por parte de organismos de dentro (Banco de España, AIReF...) y fuera de nuestras fronteras (FMI, OCDE...), economistas y agencias de rating a que España pise el acelerador en la reforma de pensiones. La última en hacerlo ha sido S&P Global Ratings, que la pasada semana elevaba el agujero en las cuentas de la Seguridad Social hasta el 1,8% este año desde el 0,5% que calcula el Gobierno -al incorporar a su cálculo los 15.500 millones de euros en transferencias del Estado al organismo por los denominados "gastos impropios"- y que recomendaba elevar el periodo de cómputo para calcular la jubilación.
Sobre esto último, fuentes del departamento que capitanea Escrivá lanzan un aviso a navegantes: la idea de elevar el número de años cotizados que se emplean para calcular la pensión de 25 a 30 es que la medida "sea neutral", de forma que el sistema se adapte mejor a las actuales carreras de cotización (donde los últimos años no son necesariamente los mejores). Así, inciden en que no es una medida destinada a elevar los ingresos del sistema como la que propone la agencia de calificación estadounidense. Lamentan además que haya quienes estén juzgando ya la reforma sin contar con la fotografía completa. Cuando lo esté se comprobará cómo "el punto de llegada es positivo", zanjan.
España ya pasó por lo que Francia durante la crisis financiera
En relación a las protestas masivas contra la reforma de pensiones anunciada por Emmanuel Macron en Francia, las mismas fuentes consideran que en España ya tuvo que asumir importantes sacrificios en este ámbito desde 2011, lo que hace que el país esté ahora en una posición diferente. En julio de aquel año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio forzado por Bruselas a retrasar de forma progresiva la edad de jubilación a los 67 años, elevó de 15 a 25 los que se toman en cuenta para calcular la pensión y fijo en 33 los años mínimos cotizados para poder jubilarse de forma anticipada una vez cumplidos los 63.
La reforma posterior, aprobada en 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desvinculó su revalorización del IPC y las ligó al Índice de Revalorización, teniendo que haberse regido desde 2019 por un factor de sostenibilidad que no llegó a aplicarse y que ha sido sustituido por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que salió adelante con la primera parte de la actual reforma de las pensiones y que ha comenzado a aplicarse en enero. Desde el Ministerio inciden en que la reforma que viene no supondrá una merma de derechos ni es equiparable a la que va a poner en marcha el país vecino. El gobierno galo pretende aumentar el número de años necesarios cotizados para percibir el total de la pensión, suprimir varios regímenes individuales con privilegios destinados a colectivos determinados, así como elevar la pensión mínima anual a 1.200 euros.
Las medidas que vienen
El texto que Escrivá pretende tener listo antes de final de mes incorpora el destope gradual de las bases máximas de cotización -aportaciones de los salarios más altos al sistema- entre 2025 y 2050. Esta medida se acompañará de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque a un ritmo inferior. Así, el Gobierno aplazaría a 2065 la subida real acumulada del 30% para las pensiones más altas. Otra medida sería la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización y aquellas que pretenden atajar la brecha de género en las pensiones, y que se añadirían al complemento que entró en vigor el pasado mes de febrero. Se estudia mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos y estaría contemplando, además un incremento extra a la revalorización anual del 10% del complemento de brecha de género entre el año que viene y 2025.
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