El ministro de Seguridad Social está blindando jurídicamente el texto que recoge la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos -aún en formato borrador- para evitar que la oposición se lo tumbe. José Luis Escrivá ha optado por la controvertida figura del real decreto-ley, pese a que la norma está comprometida con Bruselas desde hace 15 meses y el propio Ministerio aseguró a finales de junio que ya se daba por cumplido el hito pactado con la Comisión Europea. Y ante las dudas que genera este timing en un Parlamento que ya ha acusado al ministro de ningunear al Pacto de Toledo en las distintas fases de la reforma de las pensiones, Escrivá está amarrando el encaje legal de la norma, justificando negro sobre blanco la "extraordinaria y urgente necesidad" para garantizar su viabilidad.
"El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas, ni al Derecho electoral general", arranca el tercer apartado del documento de más de un centenar de páginas al que ha tenido acceso La Información.
Acto seguido, el Ministerio recuerda que el real decreto-ley constituye un instrumento "constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (...), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno".
El departamento que dirige José Luis Escrivá considera que tales extremos "quedan suficientemente justificados ante la necesidad de aprobar urgentemente el nuevo sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia sobre sus rendimientos reales, dado el compromiso contraído en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno el 16 de junio de 2021, de tener establecido dicho sistema en el primer trimestre de 2022, sin perjuicio de su posterior desarrollo gradual". Si bien hay que recordar que a finales del pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó una modificación del marco legal con la que la Seguridad Social daba por cumplido el hito, tal y como se explicó aquí.
En cualquier caso, el Ministerio asegura que el plazo "ya se ha rebasado" y la reforma "solo puede efectuarse mediante norma con rango de ley", pues exige la modificación de varia leyes, "pero la lentitud del procedimiento ordinario de aprobación de las leyes abocaría, de tramitarse como ley ordinaria, a incumplir aún en mayor medida el plazo establecido para la aprobación de la reforma y, por tanto, los compromisos contraídos, lo que hace indispensable articularla mediante un real decreto-ley", ante "la urgente necesidad de aprobarla en el plazo más reducido posible para incumplir en la menor medida dichos compromisos".
Con esta justificación, Escrivá pretende blindar la reforma antes de llevarla al Congreso para evitar que la oposición la tumbe. El empeño no es baladí, pues los grupos en bloque ya han acusado en varias ocasiones al ministro de saltarse al Pacto de Toledo al presentarles los acuerdos cerrados en el diálogo social en el tiempo de descuento. Precisamente, para apaciguar a los diputados de esta comisión, el ministro está planeando convocarles este mismo jueves para explicarles la reforma del sistema de cotización de los autónomos. "Si hay acuerdo lo explicaremos rápidamente en el Parlamento, para que los diputados estén enterados", adelantan fuentes del Ministerio. "Queremos que tengan toda la información cuanto antes", insisten.
A última hora de este martes, el Ministerio ya contaba con el visto bueno de los sindicatos a su última propuesta, así como de sus asociaciones de autónomos afines (Uatae y UPTA), si bien todavía estaban esperando el 'ok' definitivo de ATA, asociada a la patronal. Precisamente, la CEOE celebra este miércoles a primera hora de la mañana la reunión de su Junta Directiva y Comité Ejecutivo y está previsto que los empresarios emitan su valoración a lo largo de la jornada, previsiblemente a mediodía. Según explicaban en la tarde de ayer desde la asociación que preside Lorenzo Amor, todavía quedaban "flecos por cerrar" sobre asuntos "de envergadura", más allá de los tramos y cuotas, como las condiciones del cese de actividad.
Recordemos que el último borrador del Ministerio, fruto de las intensas negociaciones mantenidas durante los días más recientes, mejora la propuesta de cuotas. En concreto, rebaja la cuota mínima a 230 euros en 2023, a 225 euros en 2024 y a 200 euros en 2025, desde los 245, 237 y 230 euros que planteaba, respectivamente, el texto anterior. Mientras, mantiene intactas las cuotas por la parte alta de la tabla, dejando para los autónomos que más ganan cuotas de 500, 530 y 590 euros para los próximos tres años. Esos son los principales cambios, ya que el resto de la tabla permanece prácticamente inalterado, más allá de alguna ligera rebaja de cuotas en algunos de los tramos de menores rendimientos.
