El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llega a todos los hogares para los que fue diseñado. La prestación tenía el objetivo de alcanzar 850.000 hogares y, sin embargo, solo se han reconocido 362.017 prestaciones, según los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de diciembre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado que entre 20.000 y 40.000 potenciales beneficiarios ni siquiera han solicitado la prestación y para ello ha puesto en marcha varias vías de acceso al IMV. Una de ellas es una encuesta telefónica que ha licitado el departamento que dirige José Luis Escrivá por valor de 14.940 euros.
El proyecto se ha adjudicado a la empresa CTOC, con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Se trata de una compañía especializada en telemarketing y atención al cliente con la que han trabajado Banco Sabadell, Caser Seguros o Nissan, según su página web. La licitación tiene un plazo de ejecución de 35 días para llevar a cabo "una encuesta telefónica piloto a potenciales beneficiarios del IMV". Esta es una de las medidas denominadas de "búsqueda activa" que prevé desplegar el Ministerio para que la prestación llegue a más personas.
La encuesta tiene una muestra de 4.500 personas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto al Ministerio de Hacienda, han identificado como vulnerables. "Se contactará con un número de personas a los que se les informará sobre las ayudas sociales y, en concreto sobre el IMV. Si dieran su consentimiento se les informaría y prestaría acompañamiento para solicitar la prestación", explican fuentes del Ministerio. Esta es una de las herramientas para evitar el non take up, un fenómeno que se produce en políticas sociales y que significa que personas que podrían beneficiarse de ciertas medidas no lo llegan a hacer por desconocimiento de las mismas.
Desde su puesta en marcha, el IMV ha presentado dificultades. En primer lugar, porque se instó a su solicitud a través de internet, dando por hecho que los hogares vulnerables podían tener acceso a estos medios. Además, para acceder a la prestación son necesarios múltiples documentos y la falta de alguno de ellos es una de las principales causas de denegación de la prestación. Según datos del Ministerio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había tramitado hasta diciembre 1,5 millones de solicitudes, pero las resoluciones aprobadas eran 362.017 y beneficiaron a 824.441 personas. No obstante, en los últimos meses se han incorporado cambios y mejoras para facilitar el acceso a las personas sin hogar y también un complemento de ayuda a la infancia.
La encuesta no es la única vía de mejora que el departamento de Escrivá ha externalizado. Seguridad Social ha elegido a KPMG, Accenture y PWC -Deloitte ha recurrido- para realizar cuatro informes que aborden la simplificación de las prestaciones no contributivas, un mapa de las políticas de inclusión en nuestro país, un manual del impacto normativo en inclusión y una comparativa de la definición de inclusión en distintos países. Este contrato, que asciende a 4,7 millones de euros, se financiará con fondos europeos, a diferencia de la encuesta.
Transferencias del IMV
Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley del IMV contempla que puedan ser las comunidades autónomas quienes gestionen esta prestación, mediante la firma de convenios entre el Estado y el gobierno autonómico. La primera en haber logrado el acuerdo para su transferencia es el País Vasco y de hecho, los Presupuestos Generales del Estado de este año recogían la cesión de las funciones del INSS en relación al IMV para Navarra y el País Vasco. Sin embargo, el presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, denunció esta semana que en el intercambio de documentos Escrivá había cambiado la "transferencia" por una "cesión temporal" e instó a "Moncloa" a desbloquear el traspaso.
Sin haber concluido el traspaso al País Vasco, el ministro Escrivá ha abierto la puerta a la cesión del IMV al gobierno gallego, en una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “El compromiso está aquí, vamos a ver muy pronto documentos concretos en los que se fijen las condiciones” de esta cesión, ha explicado el ministro de Inclusión y Seguridad Social. Además, ha insistido en que la Xunta se ha "ofrecido" a ser una comunidad "pionera" en gestionar a la vez el IMV y la renta de inclusión social de Galicia.
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