La separación de fuentes de financiación para liberar al sistema público de pensiones de gastos impropios y lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social es una de las reformas 'core' del ministro José Luis Escrivá y su consecución va a pasar necesariamente por el trasvase al Estado de la factura de las 'prejubilaciones forzosas'. En plena oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en las grandes empresas, el máximo responsable de la sostenibilidad financiera del sistema ya ha empezado a maniobrar para cargar este coste al apartado de transferencias presupuestarias y pretende que todo el gasto relacionado con las pensiones de jubilación anticipada involuntaria haya salido de la Seguridad Social en el año 2023.
Así lo recoge, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, la propuesta para la reforma de las pensiones que el Ministerio ha puesto sobre la mesa del diálogo social. La intención de Escrivá, según consta en el documento remitido a la patronal y los sindicatos al que ha tenido acceso La Información, es que la transferencia anual de 13.929 millones de euros aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se vaya incrementando progresivamente en los ejercicios 2022 y 2023, hasta alcanzar un importe suficiente que cubra todos los gastos impropios que en estos momentos todavía asume la Seguridad Social.
Según los cálculos de Escrivá, la Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones de euros (el 1,6% del PIB) a gastos que no le corresponden: 11.305 millones en políticas no contributivas que se financian con cuotas; 3.911 millones en gastos de funcionamiento; 2.953 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos y otros 1.082 millones en complementos de maternidad; 1.818 millones en reducciones de cotizaciones a través de, por ejemplo, las tarifas planas de autónomos; 1.014 millones en subvenciones de regímenes especiales; y otros 788 millones en complementos de lagunas en pensiones de jubilación. Estas fueron las estimaciones iniciales del ministro, que en ese momento, a mediados de 2020, no incluyeron específicamente el coste de las jubilaciones anticipadas.
Pero en la transferencia de 13.929 millones de euros para este 2021 se incluyeron, según consta en los PGE, 2.785 millones para financiar la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor, 1.779 millones para las reducciones en cotizaciones a la Seguridad Social y otros 9.365 millones para "otros conceptos". El grueso de esta última rúbrica se corresponde con 6.387 millones de euros para cubrir parte de las políticas de empleo no contributivas que se estaban financiando con cuotas, equivalente a dos puntos de cotización por desempleo, y el resto se divide entre otros gastos considerados impropios, incluyendo, ahora sí, 371 millones de euros relacionados con la factura de las jubilaciones anticipadas.
En total, son cerca de 14.000 millones absorbidos por el Estado ya en 2021, a los que se tendrán que sumar otros casi 9.000 millones en los próximos dos años para alcanzar esa posición de equilibrio presupuestario al que Escrivá se ha comprometido para 2023. No en vano, para ese ejercicio se espera un déficit en la Seguridad Social de 20.185 millones de euros (el 1,4% del PIB), frente a esos más de 22.800 millones de desembolso impropio. Se desconoce, por ahora, a cuánto asciende la factura total de las jubilaciones anticipadas y en particular, de las que son involuntarias, incluidas tanto las que se dan en sectores con especial penosidad como las que se producen antes de la edad legal, forzadas por una situación de reestructuración empresarial que impide la continuidad de la relación laboral, como en el caso de los ERE.
La reforma para que el Estado sufrague los gastos que no son propios en sentido estricto del sistema de las pensiones será, por tanto, paulatina y deberá concluir en 2023. En este sentido, desde la Seguridad Social aclaran que "cualquier nuevo traspaso de gastos se verá en el Pacto de Toledo y en los próximos Presupuestos Generales del Estado, hasta 2023, que es cuando existe el compromiso de equilibrio financiero del sistema". El aval de la comisión parlamentaria ya está plasmado en las recomendaciones emitidas recientemente, pero no obstante cualquier alteración se negociará también con los agentes sociales, insisten desde el Ministerio.
En principio, esta separación de fuentes que busca el equilibrio presupuestario a corto plazo no debería suponer mayor problema en la negociación abierta con la patronal y los sindicatos, si bien el propio departamento de Escrivá admite que, aunque en el corto plazo no hay obstáculos para la plasmación de esta reforma en los PGE, desde una perspectiva estructural, las dificultades tendrían más que ver con la necesidad de que el Estado disponga de recursos suficientes para financiar esos gastos. Así al menos se plasma en algunos de los borradores del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya versión final va a enviar el Gobierno a Bruselas esta misma semana.
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