Fondo público de pensiones

Escrivá cede ante PP y Cs e incluirá más deducciones para los planes de empresa

Ambos partidos habían presentado enmiendas para incorporar beneficios fiscales de entre el 10 y el 15% en el impuesto sobre Sociedades para las compañías que realicen aportaciones en estos productos.

José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Europa Press

En el último momento y con el reloj apremiando en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno aprobará las enmiendas del Partido Popular y Ciudadanos al proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo referentes a las deducciones en el impuesto sobre Sociedades. Esta era una propuesta que también habían hecho el PdCat y Vox y que plantea deducciones del 10% para las empresas que realicen aportaciones a planes de empresa. Cs, por su parte, planteaba un beneficio fiscal del 15%. La negociación se ha producido en las primeras horas de esta tarde, después de la ponencia a puerta cerrada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Según ha podido saber este periódico, el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar la enmienda número 41 del PP, que contempla la deducción del 10% de las contribuciones que las empresas hagan en favor de los trabajadores "con retribuciones brutas anuales inferiores a los 27.000 euros". Sin embargo, desde Génova afirman que el 'sí' no está garantizado con la aceptación de esta propuesta, porque la mayoría de las enmiendas "han sido vetadas por el Gobierno". Por otra parte, Cs ha recibido la confirmación por parte del departamento de Escrivá de que se aprobarán las deducciones en el impuesto de Sociedades y la enmienda que elimina la aprobación requerida por parte del Ministerio sobre la política de inversión. Desde la formación naranja justifican que así se elimina el "derecho a veto" que se había otorgado el departamento de Escrivá. 

La ponencia había concluido esta mañana con todas las enmiendas vivas, algo que había indignado a la mayoría de grupos. Varios diputados han confirmado a este periódico que la sensación era que el Gobierno quería "dar una patada para adelante" y dejar el debate entre los grupos para la Comisión. El Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a tener listo el fondo público de pensiones antes del 30 de junio y los tiempos "son muy ajustados". Está previsto que este miércoles se fije una fecha para la votación de las enmiendas en la Comisión de Trabajo. A continuación, el proyecto de ley volverá al Congreso de los Diputados y después, deberá ser aprobado en el Senado. 

Ante la falta de apoyo inicial, el Ministerio ha tenido que interceder en la negociación y varios grupos confirman llamadas y reuniones con el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, la pasada semana. No obstante, fuentes del departamento descartan que se haya producido esta negociación al margen del debate parlamentario y apuntan que las conversaciones son asunto de los grupos parlamentarios y del Ministerio de Presidencia y Relación con las Cortes. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, Escrivá había dejado la puerta abierta a más beneficios fiscales, pero después de poner en marcha el fondo público.

Estos incentivos eran algo que ya solicitaba el sector en la negociación con los agentes sociales. Sin ellos, entendían que el despliegue de los planes de empresa iba a ser muy complicado, algo que también justifican las enmiendas de PP y Cs. Hasta ahora, el texto recoge que que las empresas puedan exonerarse hasta 1.380 euros al año (115 euros al mes) por empleado de las cuotas a la Seguridad Social si realizan aportaciones a un plan de empresa. Ahora, se incorporaría la deducción en Sociedades, un beneficio fiscal que existía en España hasta 2013 y que se eliminó a partir de esa fecha. Según publicó El Economista, este incentivo en Sociedades tendría un coste de 26,3 millones de euros para las arcas públicas.

Seguridad Social espera que los planes de empleo de promoción pública estén plenamente vigentes en 2023. El objetivo de la norma y del fondo público es que "la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a trece millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo; y que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década y un 18% en 2040 y un 31% en 2050". El límite para las aportaciones sigue siendo de 8.500 euros anuales, pero se incorporan unos coeficientes para que el trabajador pueda aumentar su aportación si la de la empresa no alcanza el máximo.

Una vez se apruebe el proyecto de ley, el Ministerio deberá negociar con el sector los aspectos más técnicos del fondo público de pensiones. Por ejemplo, las comisiones que tendrán los productos o los requisitos que deberán cumplir las empresas que quieran participar. Además de las cuestiones económicas, también se deberá desarrollar la plataforma en la que tanto los beneficiarios como los promotores de planes de pensiones de empleo y la administración pública intercambien información. Todavía se desconoce si el desarrollo de esta herramienta será público o privado, pero desde el sector alertan de que es algo complejo y que puede retrasar la puesta en marcha del fondo público.

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