El Gobierno ha aprovechado una enmienda de ERC y Bildu a la reforma de pensiones, en la que se exigía la supresión del Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de pensiones del PP de 2013, para colar en el trámite del Congreso la subida de cotizaciones sociales de 0,6 puntos en que se traducirá el tan cacareado Mecanismo de Equidad Intergeneracional al menos hasta el año 2032 y garantizar así una tramitación lo más rápida posible de su reforma de pensiones.
Dado que el Grupo Socialista no había planteado enmienda alguna al proyecto gubernamental y que Seguridad Social había optado de manera no poco controvertida por no incluir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el texto inicial de su reforma de pensiones, con el argumento de dar espacio a la negociación con sindicatos y empresarios, el equipo de José Luis Escrivá se ha visto obligado finalmente a 'engancharse' a una de las enmiendas vivas planteadas por otros grupos parlamentarios para poder incluir el mecanismo en el texto que se votará el lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y evitar que éste tenga que volver a pasar por el Congreso tras su viaje por el Senado.
El modo en que el Gobierno ha decidido resolver este asunto ha sido duramente criticado por las fuerzas parlamentarias. Entienden que Escrivá ha hurtado al Parlamento la posibilidad de debatir sobre uno de los elementos que asomaba como clave para el futuro sistema de pensiones, aunque luego haya terminado siendo una simple subida de las cotizaciones sociales a empresarios y trabajadores, al no incluirlo en su texto inicial y negociarlo con los agentes sociales en paralelo a la tramitación parlamentaria de la reforma de pensiones, y critican también que se haya optado por introducir ese mecanismo de tapadillo mediante una enmienda transaccional y con apenas unas horas para decidir sobre el aspecto definitivo que tendrá la reforma de las pensiones tras su paso por el Congreso de los Diputados.
El portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, critica que el Gobierno de coalición de las izquierdas haya configurado un procedimiento exprés para "dar carpetazo en 48 horas a las que se supone que es una de las leyes más importantes" de la legislatura y además sin ningún informe que cuantifique el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y sin ninguna voluntad de alcanzar un consenso.
El político popular cuestiona especialmente que la mayoría parlamentaria de PSOE y Podemos haya rechazado de partida todas las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos "incumpliendo el compromiso de buscar un amplio respaldo político y social para esta reforma como le exigía la Comisión Europea".
De hecho, la enmienda de ERC y Bildu en la que se ha apoyado el Gobierno para meter su Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el texto de la reforma de las pensiones refleja ese descontento parlamentario por el modo en que Seguridad Social decidió tramitar esta norma. La propuesta, que planteaba la liquidación del Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aspira a sustituir, subrayaba en su justificación que "es inadecuado que una propuesta que puede tener efectos de mucho calado en las futuras pensiones, venga recogido en una forma tan difusa y que pueda dar lugar a actuaciones arbitrarias por parte de futuros gobiernos".
La versión 'dura' de la subida de cotizaciones
El texto de la enmienda vuelca punto por punto el acuerdo alcanzado con los sindicatos, en virtud del cual ese mecanismo de ajuste a largo plazo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones se apoyará de forma exclusiva al menos hasta el año 2032 en una subida de cotizaciones de 0,6 puntos pensada para generar una bolsa de ingresos extra de 42.000 millones de euros, que permitan atender las mayores necesidades de financiacion que planteará la jubilación de los hijos del 'baby boom'.
Esta subida de cotizaciones empezará a aplicarse desde el año 2023 y supone la versión dura de lo planteado por Escrivá en la mesa de negociación. Seguridad Social ofreció a los empresarios que esa subida se modulará durante más años y fuera progresiva en uno de sus últimos borradores, en un intento de conseguir sumar a CEOE al acuerdo y cumplir así con uno de los parámetros a los que más importancia ha concedido Bruselas en el contrato operativo que ha firmado con España: que la reforma laboral y de pensiones se hiciera con el mayor acuerdo social posible. CEOE rechazó ese modelo y Escrivá no sólo se ha decantado por la versión dura de la subida de cotizaciones sino que además ha cargado la mayor parte de la misma a los empresarios, que tendrán que asumir 0,5 puntos de la subida, mientras que los sueldos de los trabajadores sólo asumirán 0,1 puntos de ese carga extra.
Tal y como se acordó con los sindicatos, esos 42.000 millones extra que se prevén obtener por esa vía se reservarán en el Fondo de Reserva y se destinarán de forma exclusiva a atender las desviaciones de gasto que se produzcan a partir del año 2032 respecto a una estimación que aún está por realizar por parte de la Comisión Europea. Las eventuales desviaciones se atenderá con esos recursos y si éstos no fueran suficientes el Gobierno de acuerdo con los agentes sociales, o con alguno de ellos como ha ocurrido esta vez, determinará si adoptar medidas de mejora de los ingresos o de recorte del gasto hasta una cuantía que no podrá superar el 0,8% del PIB. Aquí también hubo cambios durante la negociación, ya que en principio se planteó limitar a 0,4 puntos del PIB los recortes de gasto o las mejoras de ingresos que se podrían plantear y ahora se ha decidido duplicar ese tope.
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