La inflación es un asunto de máxima preocupación para economistas y también para el Gobierno. Sobre todo porque además de mermar el poder adquisitivo de los hogares, también tiene un coste para las arcas públicas. En diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la revalorización de las pensiones ligada al índice de precios al consumo (IPC), un índice que en marzo marcó el 9,8% y que los organismos que hacen previsiones macroeconómicas sitúan en una evolución media de entre el 6 y el 7,5% este año. Esto significa que el Estado tendrá que asumir un coste extraordinario de entre 10.000 y 13.000 millones de euros en el pago de las pensiones, que alcanzaría el 14% del PIB, según cálculos de Fedea.
Pero el compromiso de Moncloa y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los pensionistas es firme. Y más teniendo en cuenta que la inflación de 2022 se reflejará en las pensiones de 2023, año electoral. Fuentes del Ministerio subrayan que la revalorización "está garantizada por ley" y descartan incorporar algún mecanismo que introduzca un límite a esa subida que el Banco de España estima en un sobrecoste de 12.600 millones de euros y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en 10.200 millones. Los pensionistas son un colectivo clave no solo para el departamento de Escrivá, también para el resto del Gobierno que quiere evitar las protestas de este grupo que forman a 9 millones de personas.
Tanto es así que el Ejecutivo descarta incluir las pensiones en el pacto de rentas al que ha emplazado a sindicatos y empresarios, tal como avanzó este periódico. "El mensaje es muy claro. Hay una ley, ha entrado en vigor recientemente, y se va a cumplir la ley. Los pensionistas pueden estar tranquilos", defendió la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Así, Calviño cerró la puerta a moderar la revalorización de las pensiones en un momento en el que se plantea repartir el coste económico de la invasión de Ucrania y la consecuente escalada de los precios.
De hecho, el plan nacional de respuesta a la guerra aprobado hasta el momento, que incluye medidas para rebajar el precio de los carburantes, prorroga las medidas fiscales relativas a la electricidad e incorpora una ampliación del ingreso mínimo vital y ayudas directas para determinados sectores, ha dejado fuera el pacto de rentas, así como el cheque de 300 euros propuesto por Unidas Podemos. Pero el pacto y su negociación, independiente al el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que no interviene el Ejecutivo, está aparcado hasta que el Gobierno logre el visto bueno para topar el gas a 30 euros por megavatio/hora y los precios comiencen a bajar.
Por su parte, desde Seguridad Social enmarcan este 2022 en un contexto "extraordinario" y añaden que se trata de un "año excepcional" que no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, que se debe valorar a largo plazo, "en décadas". Por ello, consideran que el hecho de que el IPC termine el año con una media anual del 7%, "no afecta ni al diagnóstico, ni a las medidas que se han puesto sobre la mesa". El objetivo de Escrivá ha sido reformular el sistema de pensiones, no para un momento temporal o para una legislatura, sino con voluntad de que permanezca.
El ministro aseguró recientemente que la revalorización de las pensiones está generando un "debate totalmente interesado" con aproximaciones "muy cortoplacistas", que solo están mirando los gastos de la Seguridad Social pero no los ingresos, con 6 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia. En este sentido, las previsiones de creación de empleo avalan este optimismo del Gobierno, ya que la mayoría de organismos estiman que la tasa de paro se reducirá con respecto a 2021, por lo que los ingresos por cotizaciones sociales también evolucionarán al alza.
La creación de empleo de 2021, que mejoró las expectativas del Gobierno, logró que el déficit de la Seguridad Social cerrase en los 11.192 millones de euros frente a los casi 15.000 millones de 2020, lo que representa el 0,93% del PIB. El crecimiento del 10% en las cotizaciones sociales permitió al Estado ingresar 131.990 millones de euros el pasado año, 12.000 millones de euros más. Escrivá confía en que el aumento de estos ingresos y la eliminación de los gastos impropios, junto con los incentivos para alargar la edad efectiva de jubilación contribuyan a la sostenibilidad de las pensiones aunque estas se incrementen de forma histórica por la inflación.
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