El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lanzó este jueves un mal pronóstico para el tejido productivo patrio al admitir que más allá del daño coyuntural que está causando la crisis de la Covid-19 a muchas empresas, la pandemia acabará provocando un fuerte impacto estructural en algunos sectores. Ante este escenario, el responsable gubernamental asumió que algunos de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) podrían terminar por convertirse en despidos definitivos y, para evitarlo, adelantó que su departamento ya está trabajando en nuevo esquema de protección permanente que servirá para mantener a flote actividades especialmente afectadas por el desplome de la demanda y sus efectos a largo plazo, sobre todo en el ámbito del turismo, como son las aerolíneas o las agencias de viajes.
Durante su intervención en un acto celebrado por el Consejo de Economistas, tras la convalidación en el Congreso de los Diputados del último decreto de prórroga del esquema de ERTE, el titular de la Seguridad Social adelantó unos datos preocupantes sobre el mercado laboral: en las primeras dos semanas de febrero, los trabajadores afectados por estos expedientes se incrementaron en unos 140.000 respecto al mes anterior. En concreto, el balance ha pasado de 739.000 ocupados en ERTE a 31 de enero hasta 878.000 a día 11 de febrero. Este considerable incremento es el reflejo de las persistentes restricciones a la actividad económica y social en las distintas comunidades autónomas para frenar la tercera ola de contagios, si bien el ministro adelantó, en base a la reciente contención de la curva, que en las próximas semanas se producirá una reducción significativa de los ERTE.
Con todo, Escrivá no descartó que en los meses venideros se produzca un trasvase de esos ERTE hacia expedientes de regulación de empleo (ERE) definitivos, al asumir que la crisis podría provocar cambios permanentes en los patrones de demanda de algunos sectores y, por tanto, muchas empresas tendrán necesidades de reestructuración y optarán por los recortes de plantilla. Según el ministro, estos despidos todavía no se habrían producido, porque "el mercado de trabajo ha aguantado muy bien y el grueso de ERTE ha vuelto a la normalidad" -hay que tener en cuenta que en el pico de la crisis llegó a haber más de 3,6 millones de afectados por ERTE-, pero no es descartable que se materialicen en un futuro próximo.
Ante estos malos augurios, los técnicos de la Seguridad Social están monitorizando la evolución del empleo, sector por sector, para enfocar los esquemas de protección hacia las actividades más afectadas y con peores perspectivas de recuperación. En este sentido, el ministro señaló que, mientras algunos sectores como la hostelería o el comercio se reactivarán cuando se levanten las restricciones y repunte la demanda, otros asociados con el turismo como el hotelero, los transportes, especialmente las aerolíneas, o las agencias de viajes podrían sufrir deterioros estructurales. Ante este riesgo, el Ministerio diseña ya, junto con el departamento de Trabajo y en el marco del diálogo social, el nuevo esquema de ERTE permanente que buscará evitar que se produzca una oleada de despidos.
El Gobierno quiere convertir los ERTE en un sistema estructural de ajuste de la economía. Así lo lleva avanzando desde el pasado verano, cuando se constató la eficacia de este mecanismo para hacer frente a shock de demanda repentinos como el provocado por la situación de emergencia sanitaria. Poco a poco, se van despejando las incógnitas sobre cómo será el nuevo esquema. Tal y como adelantó ayer Escrivá, la nueva figura buscará facilitar la movilidad de los trabajadores entre empresas sin necesidad de pasar por el desempleo, para evitar situaciones de ERE; irá ligado a la formación de los trabajadores en ERTE, con posibilidad de ayuda pública en función del tamaño de las empresas; y será financiable con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Ejecutivo de coalición entiende que en España, las empresas han recurrido tradicionalmente a los ajustes externos, a través de la finalización de contratos temporales y de despidos, ante shocks económicos. Esto ha supuesto un coste muy alto tanto para las compañías, por el desembolso en despidos y el posterior gasto en contratación y formación, como para los trabajadores, al romperse el vínculo con la empresa y convertirse en muchos casos en paro de larga duración, como para el Estado, que lleva financiando desde mediados de los setenta una tasa media de paro de en torno al 15%. La idea ahora, una vez superada la pandemia, es introducir un mecanismo de carácter permanente que evite que las empresas recurran al despido ante situaciones de crisis y apuesten por los ERTE y, sobre todo, por la formación.
El ministro de Inclusión tiene en mente un modelo basado en el sistema alemán y en otros del centro de Europa, en el que las empresas que se vean obligadas a procesos de reestructuración ante desplomes de la actividad que puedan llegar a ser permanentes puedan hibernar a sus trabajadores, con apoyo económico público, de manera que estos tengan la posibilidad de formarse en nuevas capacidades y moverse a otros sectores más productivos. A ojos de Escrivá, los incentivos públicos actuales no están bien diseñados y existe un importante déficit de formación dentro de las empresas. Esto, a su juicio, supone un "reto fundamental" de cara al futuro. De hecho, ya en pandemia el Gobierno ha fomentado el acceso a la formación de los trabajadores en ERTE hasta superar la cifra del millón de personas que han realizado algún tipo de curso el año pasado, según los datos de Trabajo.
Escrivá plantea que los fondos europeos del Next Generation UE, que facilitarán la adaptación de las empresas para hacer frente a la transición hacia la nueva economía verde y digital, puedan utilizarse para financiar esta formación. De ahí partiría el apoyo estatal, que sería complementado por aportaciones de las empresas y de los propios trabajadores. En la reforma laboral enviada a Bruselas, el Gobierno introdujo el establecimiento de un modelo permanente de ERTE como instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones económicas, reforzando la inversión en formación a través de la creación de un fondo tripartito para costear las prestaciones y la compensación de las cotizaciones sociales.
Quedarían, no obstante, importantes lagunas que solventar en la mesa de diálogo social. Tanto Seguridad Social como Trabajo, y como es seña de identidad de este Gobierno, se han mostrado partidarios de que todos estos cambios se debatan con la patronal y los sindicatos. Por ejemplo, uno de los retos principales pasa por establecer un modelo para ligar los nuevos ERTE a la negociación colectiva. Esto sería relativamente sencillo en sectores de mayor tamaño, pero se antoja difícil en pequeños negocios donde no existe representación legal de los trabajadores. Y esa es una de las fórmulas que deberán determinarse en el diálogo con los interlocutores sociales, entre otros detalles. Todo ello, una vez se abra la mesa de negociación para la derogación de algunos de los aspectos de la reforma laboral de 2012.
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