El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no parece dispuesto a adelantar la revalorización de las pensiones más bajas al próximo mes de julio para evitar que la espiral inflacionista continúe causando estragos sobre uno de los colectivos más vulnerables. La titular de Derechos Sociales ha planteado esta medida en el marco de la negociación abierta en la coalición para prorrogar el escudo social contra el impacto económico de la guerra en Ucrania, pero desde el departamento responsable de la gestión del sistema de las pensiones enfrían la posibilidad de pulsar ese botón y mantienen intacta su hoja de ruta para calcular a final de año la subida del conjunto de las prestaciones e incorporar esa factura a los Presupuestos de 2023.
La ministra Belarra ha puesto encima de la mesa esta medida en el inicio de las negociaciones con los socios del PSOE para prorrogar el denominado escudo social más allá del 30 de junio, que es cuando caducan medidas como la rebaja de 20 céntimos por litro en los carburantes o el incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. La ministra de Derechos Sociales demanda que el paquete completo se prolongue hasta el 31 de diciembre y que se incorporen tres nuevas herramientas para proteger a los más vulnerables de la escalada de los precios energéticos: crear un fondo para que todas las comunidades autónomas y ciudades del país reduzcan el bono mensual de transporte a 10 euros; ampliar la extensión del bono social automatizando los trámites y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los clientes ante los casos de impago; e indexar las pensiones no contributivas al IPC de manera urgente.
Desde Unidas Podemos defienden que la revalorización de las pensiones no contributivas con la inflación debe hacerse "con carácter inmediato". En este sentido, lo que propone la ministra Belarra es aprobar una subida específica de estas prestaciones con efectos desde el próximo mes de julio "para que las pensiones más bajas puedan hacer frente al incremento de precios que están sufriendo sin tener que esperar a final de año ni ver cómo durante estos meses se produce una merma de su capacidad adquisitiva". Sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales no aclaran en base a qué IPC debería calcularse esta revalorización: si con la tasa anual actual, que se sitúa en el 8,7%, según el dato de mayo adelantado por el INE, con una referencia de los últimos meses o con la previsión de media anual, por ejemplo. Y por lo mismo, tampoco cuantifican cuánto costaría adoptar esta decisión.
Hay que recordar que las pensiones no contributivas, que pueden ser tanto de jubilación como de invalidez, son aquellas que se conceden a quienes se encuentran en situación de necesidad, no tienen recursos propios y nunca han cotizado… o si lo han hecho, no lo suficiente como para alcanzar el mínimo exigido que permite cobrar una pensión contributiva. En estos momentos existen unas 450.000 pensiones no contributivas en España, en torno al 60% son de jubilación y el resto, de invalidez, y en conjunto suponen un coste para las arcas públicas de unos 190 millones de euros mensuales. Así consta en las estadísticas del Imserso, que es el organismo encargado de la gestión y que hay que recordar que, como entidad gestora de la Seguridad Social, está adscrito al Ministerio de Belarra a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que pilota Nacho Álvarez.
El problema es que la decisión no depende de Belarra sino de Escrivá, ya que las pensiones entran dentro de sus competencias. Y en última instancia, de Hacienda, dado que la reforma recién aprobada camina en la dirección de que todos los gastos no contributivos del sistema recaigan sobre el Estado y se financien con impuestos y no con cotizaciones sociales. Desde el Ministerio que comanda María Jesús Montero dejan la pelota en el tejado del ministro de Seguridad Social, que sería el responsable de redactar un eventual real decreto ley para adoptar esa decisión. Mientras, desde el departamento de Escrivá enfrían la posibilidad de adelantar a julio la revalorización de ese casi medio millón de pensiones al enmarcar esa subida en los Presupuestos Generales del Estado, donde tradicionalmente se establece la cuantía de las pensiones no contributivas para incorporar una factura que luego es refrendada por un real decreto de actualización de las pensiones.
Escrivá enfría la posibilidad de adelantar a julio la subida de medio millón de pensiones al enmarcarla en los PGE
Cabe recordar que los morados, liderados en la coalición por Yolanda Díaz e Ione Belarra, ya intentaron incorporar al escudo social el pasado mes de marzo un cheque energético de 300 euros para familias con ingresos anuales inferiores a los 70.000 euros. La iniciativa, promovida por Belarra desde Derechos Sociales, planteaba que ese cheque se financiara a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la gestión y el abono correría a cargo de las comunidades autónomas. Además, sería compatible con la percepción de otras subvenciones para la misma finalidad y tendría un coste total de unos 5.700 millones de euros en 2022. Pero Hacienda tumbó la propuesta y ahora UP vuelve a intentar ampliar la protección de algunos de los colectivos más vulnerables con esta subida anticipada de las pensiones más bajas del sistema, que son de carácter asistencial, como el IMV.
Bruselas, en alerta
En los últimos años, el Gobierno ha impulsado subidas superiores de las pensiones mínimas y no contributivas respecto a la revalorización general de las nóminas para mejorar la capacidad adquisitiva de estos colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, para este ejercicio, el Ejecutivo aprobó en los Presupuestos un incremento de las pensiones contributivas del 2,5% -el IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, que es la fórmula pactada con los agentes sociales en la nueva reforma- y una subida de las mínimas, las no contributivas y el IMV del 3%. Pero Unidas Podemos lo considera insuficiente y defiende que igual que el escudo social incorporó un alza del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo sin pasar por los Presupuestos, es posible incrementar esas 450.000 pensiones de forma urgente vinculándolas al IPC desde el próximo mes de julio.
Pero esa es una decisión que se suele adoptar a final de año, cuando se conoce el dato de inflación, y adelantarla al mes de julio sería un movimiento inédito hasta ahora, condicionado por una gran volatilidad en los precios, y generaría una distinción dentro del colectivo de pensionistas, que tradicionalmente han visto actualizadas sus nóminas al mismo tiempo. Fuentes del área económica del Gobierno manifiestan sus reticencias respecto a la medida planteada por Belarra, más en un momento en el que la Comisión Europea está mirando con lupa a España por la indexación de las pensiones al IPC en un momento de inflación descontrolada. Cualquier decisión que afecte a la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio o largo plazo es observado de cerca por las autoridades europeas y de su mood va a depender que el grifo de los fondos de recuperación Next Generation permanezca abierto. "Hay que ser prudentes", insisten estas fuentes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios