El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está estudiando la posibilidad de endurecer el castigo a las empresas por incorporar personal con contratos de corta duración, una de las medidas que ha introducido la reforma laboral de 2022 para luchar contra la excesiva temporalidad del mercado de trabajo español. Será una de las decisiones que tendrá que adoptar en la recta final del año, coincidiendo con el proceso de negociación que abrirá la vicepresidenta Yolanda Díaz dentro y fuera del Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023.
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo modificó el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social con la finalidad de establecer una penalización más dura que la preexistente a los contratos de corta duración. En concreto, la nueva norma fija que "los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo". Ese castigo se traduce en 27,53 euros por cada contrato.
Esa cuantía se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), de modo que si se incrementa la base mínima, sube la penalización. De hecho, esto ya sucedió el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la orden de bases de cotización de 2022 que elevaba las bases mínimas un 3,6% para este año, implicando directamente un incremento de la cotización adicional de casi un euro, desde los 26,57 euros que se calculaban con las bases de finales de 2021, cuando se aprobó la reforma laboral, hasta los 27,53 euros.
Las bases mínimas de cotización (que son las referencias sobre las que se aplica el porcentaje de las distintas cuotas sociales) han subido este año un 3,6% porque esa es la proporción en la que se incrementó el salario mínimo interprofesional en 2022 y habitualmente el SMI arrastra al alza a las bases mínimas del Régimen General de la Seguridad Social. Si bien estas bases se fijan en una orden ministerial que se aprueba por separado del decreto de subida del salario mínimo y que puede ver la luz incluso con meses de retraso, como de hecho ha sucedido este año, ya que la orden entró en vigor en abril (eso sí, con efectos retroactivos desde el 1 de enero).
De modo que la subida del salario mínimo que tiene entre manos Yolanda Díaz podría implicar un incremento de las bases mínimas de cotización, lo que a su vez elevaría la penalización en la cotización por contrato de menos de 30 días. Si bien fuentes del departamento de Seguridad Social matizan que el aumento del SMI no está vinculado necesariamente a un alza de las bases mínimas (por ejemplo, en el año 2020 no se publicó la orden) y además Escrivá dispondría de vías legales para desligar un eventual alza de las bases de cotización de la penalización por contratos de corta duración.
Según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige José Luis Escrivá, la sobrecotización empresarial por la realización de contratos de corta duración ha proporcionado una mayor estabilidad al mercado laboral patrio, reduciéndose en hasta 1,7 millones los contratos de menos de una semana y aumentando los que tienen una duración superior, en línea con el incremento de la contratación indefinida frente a la temporal que ha propiciado la reforma laboral con la limitación de las opciones de las que disponen los empresarios para contratar personal eventual. Si bien el Ministerio no revela el incremento de ingresos por cotizaciones obtenido en lo que va de año gracias a la implantación de esta penalización.
La CEOE, en contra
El ministro deberá decidir en la recta final del año si endurece la penalización a partir de 2023. Una vez se determine la cuantía en la que va a subir el SMI -la comisión asesora se reúne este mismo viernes con la vicepresidenta Díaz para empezar los trabajos con el objetivo de recalcular la referencia del 60% del sueldo medio- Escrivá tomará la decisión de subir o no las bases mínimas de cotización en el mismo porcentaje y de mantener o no la relación para el cálculo de la sobrecotización.
Y tendrá a los empresarios enfrente. La CEOE ya ha advertido de que no va a apoyar al Gobierno en ninguna decisión que implique un encarecimiento de los costes laborales en un momento muy delicado para las empresas, especialmente para las de menor tamaño, que son las que más están sufriendo los efectos de la crisis energética. De manera que, previsiblemente, la patronal se posicionará en contra tanto de la subida del SMI que va a impulsar Yolanda Díaz como del endurecimiento del castigo por contrato de corta duración que técnicamente está en manos del ministro Escrivá.
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