La factura del escudo social se ha disparado muy por encima de lo que el Gobierno previó en un principio y esa realidad está obligando a los diferentes departamentos a ingeniar soluciones imaginativas para que su coste no comprometa aún más las cuentas públicas. Uno de los capítulos que más presión está añadiendo a la cuenta de gastos de la Seguridad Social es la cobertura de la incapacidad temporal para los trabajadores de baja por Covid-19 o por cuarentenas vinculadas al contagio diagnosticado de un contacto cercano, cuyas prestaciones están abonando las mutuas de de prevención laboral y accidentes de trabajo. Los rebrotes acaecidos durante la segunda parte del verano y el inicio del otoño han desbordado las optimistas previsiones iniciales de coste que realizó el Ejecutivo y a estas alturas fuentes del sector ya descuentan que el coste de las bajas por Covid duplicará al inicialmente previsto y podría rondar los 2.000 millones de euros.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social deslizó desde un principio al sector de las mutuas que sería el Gobierno el que se haría cargo de esa factura extra, pero la evolución de la crisis sanitaria y los sobrecostes acumulados en otros instrumentos más prioritarios para el Gobierno como los ERTE o la prestación por cese de actividad han llevado al departamento de José Luis Escrivá a replantarse ese escenario. Así se lo ha trasladado de hecho el Ministerio a la patronal del sector de las mutuas (Amat), en una carta fechada el pasado 7 de octubre con membrete del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, a la que ha tenido acceso La Información, en la que el Ministerio evita expresamente referirse a la financiación de la llamada 'IT Covid' y admite estar trabajando "en la posibilidad de establecer un procedimiento ágil para la autorización de la enajenación de valores mobiliarios con el fin de que las mutuas puedan contar con la liquidez necesaria para atender sus pagos".
La misiva ha caído como una bomba en el sector, que confiaba en que la Seguridad Social les transfiriera al menos los fondos asociados al coste de la consideración por parte del Gobierno como baja por contingencia profesional tanto de los contagios por Covid como de las cuarentenas de contactos cercanos. Hace ya un tiempo el Ministerio se dirigió a las entidades para solicitarles una estimación de cierre anual del coste asociado a la IT Covid al objeto de disponer los recursos necesarios para sufragar esa factura. Éstas remitieron los datos antes del primer día del mes de octubre y según fuentes del sector las entidades estimaron el sobrecoste de la protección especial brindada a los trabajadores afectados directa o indirectamente por el coronavirus en alrededor de los 1.800 millones de euros. Un mes más tarde consideran que incluso podría ser más elevado y rondar los 2.000 millones
Sin embargo, en el Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas la pasada semana sólo se recogía un coste por este concepto de poco más de 1.300 millones de euros. La clave de la distancia entre las necesidades estimadas por las mutuas y la previsión de coste efectuada por el Gobierno está en ese "procedimiento ágil" del que el gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social hablaba en la carta remitida a las mutuas. En el sector se da por descontado que el Gobierno va a retocar el marco regulatorio de las mutuas para liberar recursos inmovilizados en las 'reservas de emergencia' que la normativa obliga a dotar a las mutuas para garantizar su estabilidad financiera - al fin y al cabo son entidades integradas en el sistema de Seguridad Social- para poder sufragar una parte de la factura de la IT Covid sin necesidad de tener que transferir recursos nuevos a las mutuas.
Una solución de supervivencia
La Seguridad Social se enfrenta a un asunto peliagudo con las mutuas. 'Tocadas' financieramente desde hace años por la infrafinanciación de la cobertura de las bajas por contingencias comunes - todas las dolencias no asociadas de forma directa al trabajo: gripes, enfermedades crónicas...-, cuya factura no ha dejado de crecer en los últimos años y ha llevado a muchas mutuas a una situación más que delicada, la crisis sanitaria ha cogido a buena parte del sector con sus 'colchones de seguridad' bajo mínimos. Aún así, han asumido prestaciones especiales del 'escudo social' como la prestación especial por cese de actividad de los trabajadores autónomos y las bajas por Covid-19 o cuarentenas, al margen de sus laborales ordinarias tanto en la protección de la contingencia del cese de actividad de los autónomos como las bajas por contingencias profesionales y comunes ordinarias.
Seguridad Social ha pagado puntualmente la factura de las prestaciones a autónomos, pero no así la de las bajas vinculadas a la crisis sanitaria, que las mutuas consignan desde el principio en una cuenta aparte, precisamente para garantizar su futura financiación con recursos extraordinarios. La patronal del sector de las mutuas, Amat, aseguraba hace semanas en una carta dirigida al ministro de Inclusión y Seguridad Social que sin esos recursos extra el agujero del sector podría irse hasta los 4.180 millones de euros, sumando el déficit estructural por la cobertura de las contingencias comunes, la pérdida de ingresos por la caída de las cotizaciones y la factura de la IT Covid. Según coinciden hasta cuatro fuentes del sector, en un escenario en el que el Gobierno no asumiera la factura de la IT Covid la mitad de las mutuas entrarían en causa de disolución y según la normativa vigente obligaría a la Seguridad Social a intervenir las entidades. Un cataclismo.
La situación causa preocupación incluso en CEOE ya que según la normativa vigente si una mutua cae en una situación de insuficiente financiera permanente y presenta números rojos una de las posibles soluciones es pedir una 'derrama' a las empresas que tienen a sus trabajadores protegidos por la mutua en cuestión.
El Gobierno busca como evitar esa situación y la solución que ha encontrado es 'tirar' de las reservas de emergencia de las mutuas. La norma obliga a las mutuas a disponer sendos colchones de seguridad para garantizar el pago de las prestaciones por IT por contingencias comunes y por contingencias profesionales -que funcionan con contabilidades separadas- ante la eventualidad de una insuficiencia financiera puntual, como una especie de 'huchas de las pensiones' pero para pagar las bajas. Esas reservas no se pueden tocar y tienen que estar invertidas en activos muy seguros y muy líquidos para poder materializarlos en el caso de que fuera necesario. En total, en esa bolsa puede haber en torno a 2.000 millones de euros. La intención del Ministerio de José Luis Escrivá es materializar una parte de ellos ahora para enjugar parte de la factura extra derivada de las bajas por la Covid sin tener que recurrir a nuevo endeudamiento para la Seguridad Social
El plan tiene un pequeño problema. La normativa vigente insta a la Seguridad Social a intervenir las entidades cuando su colchón de seguridad cae por debajo del 24% de la cuantía media de las cotizaciones para la gestión de las contingencias profesionales ingresadas en los últimos tres años, una situación en la que se podrían encontrar según varias fuentes alrededor de una docena de mutuas si el Gobierno no financia las bajas por coronavirus. Según las fuentes consultadas, cualquier plan que pretende materializar las reservas de las mutuas deberá también reducir ese umbral si quiere sortear una intervención masiva del sector en un momento tan crítico como el actual, donde las entidades no sólo están gestionando - y con éxito - algunas de las prestaciones más críticas del sistema sino que además están proporcionando apoyo al saturado sistema sanitario público.
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