Cuando, nada más prosperar la moción de censura que encabezó contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez tuvo que buscar responsables para gestionar el espinoso asunto de las pensiones optó por apostar sobre seguro. Encomendó el Ministerio a la responsable confederal del PSOE para el asunto, Magdalena Valerio, y la Secretaría de Estado al mismo tipo que había gestionado esa cartera en la era Zapatero, Octavio Granado, un histórico de dilatada trayectoria en el socialismo. Mariano Rajoy hizo en su día algo muy similar. Encomendó el Ministerio a una diputada del área económica del PP, Fátima Báñez, y la secretaría de Estado de Seguridad Social al portavoz del partido en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos. Jesús Caldera, Celestino Corbacho y Valeriano Gómez, ministros de Trabajo con Zapatero, también tenían carné del partido; como lo tenían Manuel Pimentel, Juan Carlos Aparicio o Eduardo Zaplana, los ministros de Trabajo de Aznar. La pauta es clara. El mundo del trabajo y de las pensiones es demasiado sensible desde el punto de vista político como para dejarlo en manos de tecnócratas.
Así ha sido hasta este año 2020. El enrevesado reparto de carteras ministeriales en el nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas ha dado con los huesos de la Secretaría de Estado de Seguridad Social lejos de su tradicional adscripción al Ministerio de Trabajo y con el nuevo Ministerio de Seguridad Social creado a resultas de esto en manos de un tecnócrata sin vinculación partidista conocida: José Luis Escrivá. Es común que estas apuestas por un independiente -no tan insólitas- vengan sazonadas con el 'aterrizaje' en su departamento de alguna persona de total confianza del presidente que las realiza a modo de 'comisario político'. No parece ser el caso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El primer movimiento de José Luis Escrivá como ministro del Gobierno Sánchez fue traerse como 'número dos' a Israel Arroyo, el técnico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que sentó las bases estadísticas e intelectuales del informe de opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones que el organismo presentó hace ahora un año y que Escrivá pretende convertir en la 'hoja de ruta' de la futura reforma que pretende impulsar el Gobierno durante su mandato.
Su segundo movimiento ha sido cubrir dos de los puestos clave para el funcionamiento de la estructura de la Administración de la Seguridad Social, los de director general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), desde donde se gestiona toda la actividad administrativa del sistema, altas y bajas de trabajadores incluidas; y de la Tesorería General de Seguridad Social, el macroorganismo que centraliza toda la gestión económica del sistema público de protección social. Según ha podido saber La Información de fuentes del organismo, esos puestos serán ocupados por dos técnicos de la casa de gran prestigio y larga experiencia profesional en el ámbito de la Seguridad Social: Andrés Harto (Tesorería), actual subdirector general de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED; y Carmela Armesto (INSS), subdirectora General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva, secretaria de la Comisión de Seguimiento de la conocida como 'hucha de las pensiones' -hoy casi vacía- y sucesora en ese cargo de Israel Arroyo.
Andrés Harto, con cerca de tres décadas de recorrido profesional en el entorno de la Seguridad Social, ha sido el encargado de desarrollar proyectos tan emblemáticos para la casa como el Sistema de Liquidación Directa, por el que la Tesorería pasó a facturar de forma directa a las empresas las cotizaciones que les correspondía pagar en lugar de gestionar las autoliquidaciones que les enviaban éstas; o el Informe de Vida Laboral de las Empresas, por el que anualmente se informa a éstas de la cuantía de cotizaciones pagadas a la Seguridad Social y la evolución de sus plantillas.
A Carmela Armesto se debe buena parte de la modernización de la gestión financiera de la Seguridad Social en los últimos años, según explican las fuentes consultadas. A ella se debe el actual Reglamento de Gestión Financiera de la Seguridad Social y la supresión de procedimientos obsoletos como los pagos de prestaciones por cheque o por ventanilla que eran un nido de irregularidades.
Escrivá configura de esta forma un núcleo duro de tecnócratas para llevar las riendas del sistema de Seguridad Social y avanza en el principio que ya formuló en su toma de posesión de abordar cualquier cambio en el mismo desde "el análisis técnico y la evidencia disponible", al margen de prejuicios ideológicos y presiones políticas, al menos a nivel interno. Queda un incógnita. Según fuentes no oficiales del departamento, a última hora de ayer todavía estaba abierta la posible continuidad de Borja Suárez Corujo como director general de Ordenación de la Seguridad Social. Suárez Corujo es un académico que sonó en los últimos meses como posible relevo de Octavio Granado y que ha contribuido a diseñar la posición de Ferraz respecto al sistema de pensiones.
Déficit de experiencia en la negociación política
Está por ver cómo se maneja este equipo de tecnócratas por los vericuetos del diálogo social y de la negociación política en el Pacto de Toledo, que ya en el último periodo de sesiones demostró hasta qué punto puede llegar a ser enrevesado. Una veterana del diálogo social, ahora fuera de ese ámbito, alimenta las dudas sobre el encaje del equipo del Ministerio de Seguridad Social en esa singular dinámica. "Hablamos de perfiles muy técnicos, de gran nivel, pero que no están acostumbrados al lenguaje y la peculiar forma de negociación del diálogo social. Mis dudas no vienen de su solvencia, sino de su capacidad de adaptarse a ese contexto de negociación política".
El entorno de José Luis Escrivá se ha esforzado en los últimos días en destacar la capacidad del nuevo ministro para concitar consensos entre posiciones muy diferentes y citan para reforzar esta idea el respaldo más o menos general de los informes de la Autoridad Fiscal durante su etapa o la aceptación también del diagnóstico del organismo sobre el futuro de las pensiones.
El 'clan de Torrelodones'
Tecnócratas en el núcleo duro de la gestión y un insólito 'miniequipo' procedente de la política local, concretamente de Torrelodones, para su gabinete. Escrivá ha encomendado el puesto de máxima confianza del organigrama del Ministerio, el de la Dirección del Gabinete, por dónde pasan todas las materias que estudia el ministro, a la ex alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, una abogada sin experiencia alguna en el en ocasiones enrevesado procedimiento administrativo y una trayectoria política vinculada estrictamente al ámbito de lo local.
Se da la circunstancia de que la pareja de Biurrun, Santiago Fernández Muñoz, Doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y ex concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Torrelodones, se incorporó el pasado mes de junio a la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Fiscal -aún bajo el mandato de José Luis Escrivá- y ascendió apenas un par de meses después a la condición de jefe de Proyecto en la fiscalización sobre la inversión estatal en infraestructuras dentro de la segunda fase del 'Spending Review' en el que trabaja el organismo.
El 'clan de Torrelodones' se completa con Ángel Guirao, el que fuera concejal de Comunicaciones municipal durante el mandato de Elena Biurrun que también se ha incorporado al gabinete del ministro como director de Comunicación.
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