La avalancha de solicitudes para cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) -más de medio millón en tan solo tres semanas, según los últimos datos oficiales del Gobierno- ha desbordado a los funcionarios de la Seguridad Social, responsables de tramitar esta nueva prestación pública, hasta tal punto que el Ministerio se ha visto obligado a pedir refuerzos. En concreto, según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de esta petición que todavía está en curso, se ha solicitado la incorporación de más de un millar de trabajadores interinos, que se reparten entre 1.000 para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros 250 para la Tesorería General.
La última palabra la tiene Hacienda. Es la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) la que tiene que dar el visto bueno a la incorporación de estos más de 1.000 trabajadores interinos a la Seguridad Social. En estos días se están manteniendo reuniones y se espera una resolución próxima. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se limitan a afirmar que todavía no hay "nada cerrado" sobre este asunto y que se comunicará cuando se finiquite, mientras fuentes sindicales aseguran que la petición de refuerzos está avalada por el secretario de estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y apenas falta el visto bueno de la CECIR.
La idea es movilizar las bolsas de empleo para rescatar a esos 1.250 trabajadores que serán necesarios para ayudar a desatascar el cuello de botella que se ha generado en la Seguridad Social por el aluvión de solicitudes del IMV. Solo en las primeras tres semanas se recibieron 510.000 peticiones, según informó hace unos días el ministro José Luis Escrivá, quien de paso advirtió de que en torno a la mitad serían rechazadas por incumplir los requisitos. El Ministerio garantiza que las solicitudes se están tramitando a la mayor velocidad posible gracias al esfuerzo de la plantilla, si bien los funcionarios denuncian la falta de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que está suponiendo esta gestión.
De aprobarse estos refuerzos, se trataría de contratos de 12 meses, ampliables por 36, que desaparecerían cuando dejasen de ser necesarios. Se sumarían así de manera temporal a los 10.617 efectivos del INSS, de los que solo tres cuartos son gestores con competencias para tramitar prestaciones. No hay que olvidar, además, que en paralelo al IMV los gestores tienen que seguir dando salida a otros expedientes, incluidas altas de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc. Desde el sindicato de funcionarios CSIF denuncian una "brutal carga de trabajo" y recuerdan que la plantilla ha perdido un 21% de efectivos en últimos 10 años y que en Función Pública manejan una previsión de 5.500 jubilaciones en los próximos 5 años.
En este sentido, los representantes de CSIF en la Seguridad Social valoran la incorporación de personal y de hecho tienen muchas esperanzas puestas en ese millar de interinos, si bien recuerdan que contrataciones de este tipo en un momento de colapso como el actual pueden acabar por ralentizar los trabajos. "La tramitación del Ingreso Mínimo Vital no es sencilla, al contrario, es especialmente compleja, porque hay que hacer muchas comprobaciones y se dan incompatibilidades, de manera que vamos a perder mucho tiempo formando al nuevo personal", advierten fuentes sindicales.
Es la misma sensación que trasladan sus colegas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo anunció la contratación de 1.000 interinos para reforzar la plantilla de este organismo ante el colapso administrativo que provocaron los ERTE en el momento más crítico de la crisis sanitaria. De ellos, finalmente se incorporaron 920 trabajadores, según detallan desde la representación de CSIF en el SEPE. No obstante, fuentes del sindicato indican que este personal "proviene de bolsa de desempleados de actividades radicalmente distintas a la Administración Pública, desconociendo el SEPE y, por ende, la gestión de las prestaciones por desempleo". Añaden que "lo que prima ahora mismo es la agilidad en el reconocimiento de las prestaciones, un trabajo especialmente técnico y cualificado que no puede abordar cualquiera".
Reclamación de pagos indebidos
El colapso administrativo se ha trasladado ahora a las oficinas de la Seguridad Social, donde a sus tareas habituales han tenido que sumar la gestión del IMV, que supone entre 40 y 45 minutos por solicitud, según ha tasado el propio Instituto. Adicionalmente, se están empezando a revisar los 74.119 pagos que se hicieron de oficio el mes pasado a hogares perceptores de ayudas por hijos menores a cargo y, en caso de detectarse cobros indebidos, la Tesorería procederá a reclamar la devolución de los importes. Los funcionarios auguran que se avecinan meses muy complicados en los que esperan una avalancha de hasta tres millones de solicitudes. En total, el Gobierno calcula que la renta mínima llegará a unos 850.000 hogares.
El ministro Escrivá es consciente de las necesidades de la plantilla y de hecho ya ha recurrido a la contratación de trabajadores externos para ayudar en la tramitación del IMV. El encargo se ha efectuado a través de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, que ha aportado unos 500 empleados para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Se trata de la misma empresa que ha ayudado al SEPE a desatascar los ERTE durante estos meses, aunque desde CSIF critican que, al igual que los interinos, el personal que aporta Tragsa tanto al SEPE como al INSS no está capacitado para estos trámites y generalmente necesitan formación por parte de los funcionarios, lo que les acaba restando tiempo.
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