El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha logrado alcanzar un punto de consenso en la mesa de negociación para la reforma del sistema público de las pensiones con los sindicatos y la patronal. Se trata, según fuentes del diálogo social, de un "principio de acuerdo" sobre la primera parte de la reforma, tras haber aparcado por el momento algunos de los aspectos más polémicos, que se seguirán negociando en adelante. Los sindicatos ya han dado su visto bueno al texto y queda pendiente el respaldo oficial de la patronal, que tiene que ser ratificado por sus órganos de gobierno, indican fuentes de la CEOE.
Se trata, como se ha venido desgranando estos días, de un primer paquete de medidas acordadas en la mesa tripartita. Entre las más relevantes, destaca la revalorización de las prestaciones con la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas o algunas destinadas a acercar la edad real de jubilación a la edad legal, como la modificación de las penalizaciones a la jubilación anticipada o los incentivos al retiro demorado, entre otras.
Esta primera fase de la reforma del sistema de las pensiones, que tendrá que aprobarse antes de que acabe el año, tal y como se ha comprometido el Gobierno con la Comisión Europea, supone de facto la derogación de la reforma implementada por el PP en el año 2013, al eliminar el Índice de Revalorización, que fijaba un incremento de las prestaciones del 0,25% cuando el sistema estuviera en déficit, y el Factor de Sostenibilidad, que ligaba la cuantía de la pensión a factores como la esperanza de vida.
Sobre el aspecto de la revalorización, el preacuerdo alcanzado establece que las pensiones subirán cada año en función del IPC registrado en los 12 meses previos y en el caso de inflación negativa, se mantendrán intactas. Y respecto al Factor de Sostenibilidad, se ha pactado su derogación y se ha acordado definir un nuevo factor de "equidad intergeneracional" antes de mediados del próximo mes de noviembre, es decir, en algo menos de cinco meses, que en cualquier caso no empezará a operar hasta el año 2027.
También se ha alcanzado un compromiso de financiación del sistema por el que se ha acordado una aportación anual de origen presupuestario del orden de 21.000 millones de euros para hacer frente a los gastos impropios que soporta actualmente la Seguridad Social. Un compromiso que, no obstante, está incompleto y al que tendrá que sumarse la mejora de la recaudación derivada de la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos y el incremento de la base máxima de cotización, ambas reformas pospuestas para una segunda fase de las negociaciones.
En paralelo, los agentes sociales han acordado modificar los coeficientes reductores que aplican en las jubilaciones anticipadas, así como los incentivos a la jubilación demorada. "Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades", han destacado los sindicatos en una nota conjunta. Tanto CCOO como UGT sostienen que los cambios pactados no supondrán un recorte generalizado de las pensiones públicas.
El preacuerdo también desarrolla una batería de medidas destinadas a reconocer nuevos derechos y ampliar algunos existentes, como por ejemplo la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho o la obligación de cotización a la Seguridad Social por las becas de formación, aunque sean de carácter no remunerado. Eso sí, el compromiso alcanzado negro sobre blanco sobre estos asuntos deberá desarrollarse en los próximos meses, según han indicado fuentes del diálogo social.
Desde el departamento de Escrivá señalan que, tras la reunión mantenida este lunes, la mesa técnica "ha concluido con un texto que debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales". Por la parte sindical aseguran que ya cuenta con su visto bueno, si bien está pendiente el respaldo de los órganos de gobierno de la patronal. "El acuerdo definitivo se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen", insisten desde el Ministerio, algo que previsiblemente sucederá en los próximos días.
El texto, aseguran desde Inclusión, "recoge las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño y las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Si bien lo cierto es que, en este primer paquete de reformas, no se incluyen algunas de las medidas más espinosas, como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, el incremento de las bases máximas de cotización o la modificación del sistema de cotización de los autónomos, que quedan para una segunda ronda de negociaciones.
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