Seguridad Social ha empezado a trabajar en la regulación de un nuevo modelo de planes de pensiones de empresa, inédito en España, para tratar de extender el ahorro privado para la jubilación más allá de las grandes empresas y en concreto para hacerlo entre las micropymes y los trabajadores autónomos, según aseguran fuentes conocedoras del proyecto y confirman fuentes de la Seguridad Social. El modelo se inspira en los denominados planes simplificados de pensiones para empleados, los SEP según sus siglas en inglés, un sistema que ha tenido éxito en otros países como mecanismo de atracción y retención de talento y programa de salario diferido en empresas de pequeño tamaño, y que suele sostenerse en un esquema fiscal que permite a las empresas deducirse todas las contribuciones realizadas al plan y que tampoco las considera gravables para los empleados.
El Ministerio ya ha puesto el asunto sobre la mesa de negociación con las principales organizaciones de autónomos, según admiten fuentes tanto de ATA como de UPTA, pero sólo como un planteamiento de base que todavía no ha empezado a concretarse. Desde Seguridad Social se limitan a decir que se trata de "una modificación de los actuales planes de pensiones para reforzar el papel de la negociación colectiva" y que si bien ésta se orienta hacia el colectivo de autónomos y micropymes, "no será exclusivo para ellos".
Seguridad Social volverá a reunirse con las organizaciones de autónomos el próximo lunes, pero desde ATA ya avanzan que no entrarán a negociar ningún nuevo modelo de previsión social complementaria dirigido al colectivo en tanto no se resuelva la negociación del nuevo sistema de cotización según los ingresos reales. UPTA se muestra partidario de un modelo radicalmente público que permita a los autónomos mejorar de forma voluntaria sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a final de año en función de sus resultados en el ejercicio, de modo que parte de esos beneficios vaya a dotar la pensión futura del trabajador en cuestión, pero no se oponen a otros modelos siempre que se garantice la gestión pública de esos recursos, ya sea a través de un gran fondo público o incluso a través de las mutuas.
El Plan Anual Normativo del Gobierno para 2021 ofrece alguna pista más sobre las intenciones del Ejecutivo. La idea es afrontar la regulación legal de esta figura en el marco del proyecto de ley - comprometido en los Presupuestos de 2021 - que modificará la normativa de los planes y los fondos de pensiones para habilitar la posibilidad de constituir un gran Fondo de Pensiones Público, pero que ahora Escrivá también pretende utilizar para "impulsar la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados", según se precisa en el documento gubernamental publicado hace unos días.
El objetivo, según señala el mismo documento, es "promover y mejorar la previsión social complementaria del ámbito profesional". El Gobierno retoma esta bandera después de haberle propinado un severo zarandeo con su decisión de reducir de 8.000 a 2.000 euros la cuantía desgravable de las aportaciones a planes de pensiones individuales, una decisión que cómo se encargaron de advertir desde la organización de autónomos ATA antes incluso de que se aprobaran los Presupuestos de 2021 impactaría de forma singular sobre los autónomos que utilizan de forma bastante habitual este instrumento para complementar su pensión de jubilación.
Buscando un 'modelo de referencia' por toda Europa
Fuentes conocedoras del proyecto del departamento que dirige José Luis Escrivá revelan que el equipo del ministro ha rastreado durante los últimos meses las fórmulas que ya existen en otros países europeos en busca de una figura que se pudiera adaptar mejor a un tejido productivo como el español, con una concentración especialmente importante de autónomos y microempresas, y que la apuesta por los planes simplificados de pensiones para empleados es el fruto de esa búsqueda.
Aunque su desarrollo normativo le otorgará previsiblemente unas características singulares, la fotografía general es que se trata, en primer lugar, de planes muy sencillos de poner en marcha, flexibles, que permiten su activación por parte de cualquier tipo de empleador - empresas de un solo dueño, asociaciones, ong... - y que se dotan en exclusiva con aportaciones del empleador, muchas veces vinculadas a la obtención de beneficios y sin el imperativo de realizar aportaciones todos los años. Esas aportaciones suelen capitalizarse en una cuenta, cuya gestión se puede encargar a una entidad privada o, si fuera el caso, a un organismo público...
La gestión pública de los planes de pensiones, en el horizonte
"Si quieren que la medida tenga éxito, se regule como se regule, no les va a quedar otra que garantizar unos incentivos fiscales suficientemente atractivos", advierte el presidente de la patronal de instituciones de inversión colectiva (Inverco), Ángel Martínez Aldama, que recuerda que el 'hachazo fiscal' incluido en los Presupuestos de 2021 ha reducido un 20% las aportaciones de partícipes a planes de pensiones, un porcentaje que a final de año podría irse hasta el 40% o el 50%.
La estrategia del Gobierno es conseguir un trasvase de esas aportaciones desde los planes individuales hasta los planes de empresa - que hoy solo existen en un 1% de las empresas españolas- , supervisados desde la negociación colectiva y para los que José Luis Escrivá ha comprometido ayudas fiscales más generosas y costes de gestión menos gravosos en el futuro. En última instancia, el plan de Escrivá es que una buena parte de todos esos planes de pensiones de empleo se integren en el 'macrofondo' de pensiones público que constituye uno de sus proyectos más emblemáticos de la legislatura.
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