"Material no previsto para la publicación"

Escrivá oculta un informe que pidió a la OCDE para su ley de planes de pensiones

El Ministerio de Inclusión encargó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos un estudio sobre las ventajas fiscales de estos planes en los países del entorno que costó 33.000 euros.

Escrivá
Escrivá oculta un informe que pidió a la OCDE para su ley de planes de pensiones
Europa Press

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargó el pasado mes de abril un informe a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las ventajas fiscales de los planes de pensiones en los países del entorno. Un estudio solicitado ad hoc al 'think tank' de los países desarrollados durante el proceso de elaboración de una de las leyes estrella de José Luis Escrivá para impulsar este instrumento complementario de ahorro para la jubilación. Pero el documento, titulado "International benchmarking of tax advantages for retirement savings arrangements", que hace meses que obra en poder de Escrivá, no ha visto ni verá la luz pública, según ha podido saber La Información.

El Consejo de Ministros de este martes aprobó un acuerdo por el que se autoriza la "contribución voluntaria" del Ministerio de Inclusión a la OCDE "en apoyo al desarrollo de sus actividades relativas a la adecuación y eficiencia del sistema de pensiones, por un importe de 33.000 euros". Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá explican que se trata de un informe que se encargó a la organización internacional el pasado mes de abril, cuando la ley de planes de pensiones se encontraba en pleno proceso de elaboración, para disponer de una comparativa de las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones individuales y colectivos en los países del entorno, con el objetivo de tomar nota de las buenas prácticas internacionales de países como Francia, Italia, Holanda o Australia.

Este tipo de encargos a organizaciones internacionales tienen que ser autorizados por el Consejo de Ministros, si bien en este caso el acuerdo se ha producido con varios meses de decalaje. Fuentes gubernamentales defienden que estos informes no solo son necesarios, sino que deberían ser obligatorios para las normas de alcance. Pero frente a esa relevancia que se le atribuye al estudio en el seno del Ejecutivo, el Ministerio de Escrivá declina hacerlo público "por tratarse de un material intermedio para la elaboración de una norma". "No procede", inciden las fuentes consultadas en Seguridad Social, que añaden que para facilitarlo tendrían que pedir permiso a la OCDE, por tratarse de "un material no previsto para la publicación".

Calviño y la mochila austriaca

No es la primera vez que el Gobierno encarga un informe a la institución con sede en París para disponer de análisis en profundidad sobre realidades del contexto internacional cuyo estudio es clave a la hora de diseñar las políticas públicas a poner en marcha en nuestro país. En la primavera de 2019, la ministra de Economía, Nadia Calviño, encargó a la OCDE la elaboración de un estudio sobre la implantación de la denominada 'mochila austriaca' en España. Los trabajos fueron financiados con fondos del Structural Reform Support Programme, un programa específico de la Comisión Europea para el desarrollo de reformas estructurales. La Organización publicó los resultados el año pasado, pero Calviño decidió meter el documento en un cajón porque la medida chocaba de plano con Unidas Podemos, hasta tal punto que finalmente desapareció de la agenda del Gobierno de coalición.

Hay que recordar que, durante la campaña electoral de finales de 2019, antes de componerse el Gobierno de coalición, se desató la guerra entre el PSOE y UP a cuenta de la mochila austriaca. Los socialistas habían enviado un Plan Nacional de Reformas a Bruselas que incluía, por iniciativa de Calviño, "la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación". Los 'morados' cargaron contra la medida por considerar que supondría la implantación del despido gratuito. A partir de ahí se convirtió en un tema tabú y, tras arduas negociaciones, desapareció de la agenda una vez conformada la coalición PSOE-UP.

Fuentes conocedoras de las implicaciones que la aplicación de esta reforma supondría para la economía española explicaron entonces que la medida no solo era del agrado de Calviño, sino que también despertaba el interés de Escrivá, precisamente porque la mochila austriaca encajaría en el impulso que el ministro ha pretendido dar desde siempre en su agenda a los planes complementarios de pensiones en el ámbito de la negociación colectiva, una reforma que sí entró en el Plan de Recuperación aprobado a raíz de la pandemia de la Covid. Hay que recordar que la Comisión Europea siempre ha señalado a la mochila austriaca como un mecanismo para corregir algunas deficiencias del mercado laboral patrio y ha sugerido su implantación.

Díaz también oculta informes

Tan habitual es que los ministerios encarguen informes durante el proceso de diseño y elaboración de una norma como que no los hagan públicos. Al contrario de lo que sucedió en el caso del estudio sobre la mochila austriaca de Calviño, que la OCDE sí difundió por los canales oficiales, el benchmarking sobre las ventajas fiscales de los planes de pensiones no va a ver la luz. Es el modus operandi habitual de otros ministerios, como el de Trabajo, que con frecuencia solicita informes a expertos de ámbito académico sobre distintas materias y se los queda para consumo interno. Como se reveló en estas páginas, los últimos encargos de Yolanda Díaz se dirigen a estudiar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sobre determinados colectivos. Serán entregados en noviembre, pero Díaz no tiene previsto difundirlos, tal y como ya hizo con un primer informe sobre este mismo asunto asignado a la investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, que ha acabado abandonado el comité de expertos del SMI.

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