Exaltos cargos del Ministerio de Trabajo, agentes sociales y altos funcionarios se cansaron de advertir de las distorsiones que se podrían ocasionar si finalmente se acababa separando el área de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, donde ha estado históricamente incardinada durante los últimos 4o años. Las negociaciones entre la comisión negociadora del Gobierno Sánchez y Unidas Podemos acabaron desembocando en su escisión y en la constitución de dos ministerios paralelos: un capitidisminuido Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el área de Unidas Podemos y bajo el mando de Yolanda Díaz; y un Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cuyo frente Sánchez puso al expresidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá.
Como muchos esperaban, poco han tardado en aparecer las primeras inconsistencias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de dar trámite a un convenio de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa y el instituto de análisis económico Fedea cuyo principal objetivo declarado es "medir la incidencia de las políticas activas, entendiendo por tales las de orientación, intermediación y formación, y sus consecuencias sobre las prestaciones y bonificaciones que reciben los trabajadores", singularmente aquellos que tienen un bajo nivel de empleabilidad y se encuentran en riesgo de exclusión social.
Sobre el papel el asunto compete tanto a la Seguridad Social, que sufraga a costa de sus ingresos por cotizaciones buena parte de esos incentivos a la inserción laboral de colectivos con baja empleabilidad y que ahora, además, también tiene las competencias en materia de inclusión social, como a Trabajo, a quien corresponde la coordinación de las competencias en materia de políticas activas, orientación laboral, intermediación y formación, que ejecutan luego las distintas comunidades autónomas. El Ministerio de Yolanda Díaz, sin embargo, no tomará parte en el proyecto.
Una cuestión de operativa
Según fuentes de la Seguridad Social esto es así porque así fue como se concibió este proyecto de investigación en origen, hace ya unos meses cuando Octavio Granado era secretario de Estado de Seguridad Social, Magdalena Valerio era ministra de Trabajo y ambas áreas operaban en el seno de un mismo Ministerio. El convenio implicaba desde el principio a tres organismos dependientes de la Seguridad Social -la Tesorería General (TGSS), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM)-; a la Fundación Bancaria La Caixa, impulsora del Programa Incorpora de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y a Fedea, el 'think tank' que se encargará de identificar los factores significativos de análisis estadístico para valorar la incidencia de los incentivos en las posibilidades de inserción laboral del colectivo.
El motivo era puramente operativo. La Seguridad Social dispone de los datos sobre vida laboral de los españoles necesarios para realizar el seguimiento de su trayectoria laboral tras recibir alguno de los incentivos previstos al efecto; Fedea posee el 'know-how' para identificar los factores que contribuyen a la empleabilidad del colectivo desde que elaborara para el Ministerio de Trabajo la herramienta de perfilado estadístico de desempleados, que el equipo de Valerio posteriormente despreció; y el Programa Incorpora ofrece una base de datos manejable de personas en riesgo de exclusión contratadas por empresas, que además incluye diagnóstico de la situación de cada beneficiario antes de entrar en el programa, un itinerario personalizado de inserción e incluso un programa de acompañamiento tras la colocación en un puesto de trabajo, algo de lo que carecen las bases de datos de los Servicios Públicos de Empleo -ahora dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz-, según las fuentes consultadas a este respecto por La Información.
El asunto -más allá de que se haya optado por utilizar una base de datos privada antes que la información disponible en los registros de los Servicios Públicos de Empleo- es que se vaya a estudiar, como se menciona expresamente en el convenio, "la incidencia relativa en la empleabilidad del demandante (de empleo) de las medidas de políticas activas" -aspectos que pertenecen a la esfera competencial del otro Ministerio laboral- con el objetivo de "mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera", sin contar con el otro gran Ministerio implicado en ese ámbito de estas políticas públicas.
La irrupción en la esfera competencial del Ministerio de Trabajo va más allá porque Seguridad Social manifiesta su interés en conocer el impacto económico y los beneficios que "las iniciativas privadas en el ámbito del fomento de la inserción laboral pueden tener en la gestión y la planificación económica del sistema" en el marco del denominado Programa Operativo Poises, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que sufraga proyectos de entidades sociales destinados a mejorar la inclusión social de colectivos desfavorecidos.
El programa Poises, que significa Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, atraviesa competencias del ministerio de Escrivá, por la inclusión social, y del de Yolanda Díaz, cuyo nombre completo es Ministerio de Trabajo y Economía Social, y tiene como organismo de intermediación a la patronal de la economía social (Cepes), cuyo ministerio de referencia sobre el papel es el de Trabajo.
Desde el Ministerio de Seguridad Social se explica que el convenio ya estaba cerrado por el equipo anterior y que el actual equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha tenido nada que ver en la redacción del mismo, sino que únicamente ha sustanciado el trámite formal de su publicación en el boletín oficial del Estado. Un trámite que, no obstante, es el que aporta validez jurídica al convenio y el que, por decirlo de algún modo, obliga jurídicamente a las partes firmantes y le da carta de naturaleza.
Un diagnóstico para afinar las política de inclusión social
"Espero que esta sea la legislatura en la que el Gobierno tome en serio la necesidad de basar sus políticas en la evidencia. Como primer paso debería dar acceso a los datos de Seguridad Social de 2019". El llamado de un conocido experto del área laboral a través de las redes sociales a abrir las bases de datos de la Seguridad Social para poder evaluar desde el ámbito académico el impacto real de las políticas gubernamentales fue respondido de forma urgente por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: "Ese primer paso lo vamos a dar decididamente en cuanto podamos aplicar los protocolos adecuados".
Después de apadrinar como presidente de la Autoridad Fiscal la primera gran evaluación científica sobre la eficacia y la eficiencia del gasto público en España, el nuevo ministro de Seguridad Social parece dispuesto a sostener cualquier iniciativa ministerial en un serio diagnóstico previo. Y eso es lo que ha decidido hacer en el campo de las bonificaciones que reciben las personas en riesgo de exclusión para estimular sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, una política que se aplica contra los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social y que Escrivá ya puso en cuestión en su día desde la Airef.
Según el proyecto de investigación para analizar este tema impulsado desde el Ministerio de Escrivá, su objetivo es conocer la incidencia real de las políticas activas, entendidas como las de orientación, intermediación y formación, sobre las prestaciones y bonificaciones que reciben estos trabajadores en riesgo de exclusión social. De otro modo, desvelar aspectos como hasta qué punto esos incentivos sirven para consolidar a personas en riesgo de exclusión en el mundo laboral, qué estrategias de inserción resultan más efectivas....
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