El principio de acuerdo alcanzado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los agentes sociales para la reforma del sistema público de pensiones retrasará hasta el año 2024 la aplicación de las nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada de los trabajadores de rentas más altas que se han venido negociando en los últimos meses, según el texto del acuerdo al que ha tenido acceso La Información. El nuevo esquema de penalizaciones a la jubilación anticipada ideado por el equipo de Escrivá preveía incrementar en estos casos del 4% al 21% el recorte en la pensión a aplicar a los trabajadores que deciden abandonar de forma voluntaria el mercado de trabajo antes de la edad legal de jubilación bajo la premisa de que van a recibir la pensión más alta del sistema y era una de las medidas estrella del Gobierno para rebajar el gasto en pensiones y aproximar la edad real de jubilación a la edad que fija la ley.
El asunto se había convertido en uno de los principales puntos de fricción para el acuerdo en materia de pensiones, ya que tanto empresarios como sindicatos querían eximir de esas penalizaciones a los trabajadores que pudieran verse afectados por los procesos de ajuste de plantilla que de forma masiva han emprendido las grandes empresas - particularmente en el sector bancario - como consecuencia de la crisis pandémica y también aspiraban a suavizar el periodo de transición desde el esquema actual al que planteaba el Ministerio. La última propuesta de acuerdo circulada por el equipo de Escrivá el pasado mes de mayo ya aceptaba sacar del perímetro de aplicación de esas nuevas penalizaciones a los afectados por los ERE y ajustes de plantilla de esta crisis y además ensanchaba de diez a doce años el periodo para llegar a los nuevos coeficientes ideados desde Seguridad Social.
La última propuesta, que aspira a ser la definitiva, trasladada anoche por Seguridad Social a los agentes sociales mantiene el plazo de doce años para garantizar una entrada en vigor progresiva del nuevo esquema de penalizaciones a la jubilación anticipada de este colectivo, pero establece que esa senda no comenzará ya en 2022 - cuando entre en vigor la reforma - sino a partir del 1 de enero de 2024, lo que evitará que se aplique sobre los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad de jubilación. La idea es impedir que su entrada en vigor inmediata provoque una avalancha de jubilaciones anticipadas para esquivar el incremento de las penalizaciones que se produciría a partir del próximo 1 de enero.
El principio de acuerdo alcanzado entre el Ministerio y los agentes sociales deja también claro que el endurecimiento de las condiciones a la jubilación anticipada no se aplicará a los trabajadores que entren prematuramente en el sistema de pensiones antes de la edad legal de jubilación como consecuencia de su inclusión en un acuerdo social de ajuste de plantilla, aunque se jubilen con posterioridad al 1 de enero de 2024, cuando empezarán a elevarse las penalizaciones por salir del mercado laboral antes de los 65 años o los 67 años (según la carrera de cotización del trabajador).
El texto especifica que ese nuevo régimen no se aplicará a los trabajadores que hayan salido del mercado laboral antes del 1 de enero de 2022 y que no puedan acreditar más de doce meses de cotización en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, como una suerte de escudo para aquellos que hayan perdido su empleo en el contexto de la pandemia y no hayan logrado reengancharse al mercado de trabajo. En este grupo, entran los miles de trabajadores que ya han salido y que seguirán saliendo del mercado laboral como consecuencia de los procesos de ajuste de plantilla en marcha.
Exime también de ese nuevo régimen a los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo más tarde del próximo 1 de enero de 2022, pero como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo. Se trata de impedir así que el establecimiento de una frontera temporal fija genere situaciones de agravio comparativo para aquellos trabajadores que salgan de su empresa con posterioridad al 1 de enero de 2022.
Suspendida la cotización de autónomos por ingresos reales
El texto del acuerdo, al que ha tenido acceso La Información, retira la propuesta de evolución de las cuotas de autónomos planteada por el Ministerio para el establecimiento de un nuevo sistema de cotización de trabajadores por cuenta propia en función de sus ingresos reales, uno de los compromisos que el Gobierno ha acordado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La tabla de cotizaciones diseñada por los servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad Social preveía un incremento obligatorio de la cuota a partir de 2023 para todos los autónomos con bases por encima de los 22.000 euros y preveía que a la altura de 2032 la cuota obligatoria llegará en el caso de los autónomos con bases por encima de los 48.481 euros hasta los 1.220 euros, cuatro veces la cuota actual.
La tabla no figura en la última propuesta de acuerdo elaborada por el Ministerio, si bien si se establece que ese esquema deberá quedar definido antes de final de año, para que esté aprobado a la altura del 1 de enero de 2022 y pueda empezar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. También se mantiene el periodo transitorio de nueve años para que la subida de cuotas sea progresiva.
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