El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuesta por las prácticas remuneradas dentro de su Ministerio. Nada que debiera parecer destacable si no fuera porque otros responsables del Gobierno se decantan por las prácticas gratis, como ha venido informando este medio en los últimos meses. El hecho no es baladí, además, porque precisamente de su departamento va a depender en parte -junto con el de Trabajo- el desarrollo del Estatuto del Becario, donde se van a mejorar las condiciones de este colectivo de estudiantes que realizan prácticas universitarias externas, incluida la cotización a la Seguridad Social.
El Instituto Social de la Marina, que cuelga del Ministerio de Escrivá, ha firmado un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de prácticas externas para universitarios de grado y máster. Y al contrario de lo que se viene plasmando en distintos convenios acordados por otros ministerios recientemente, en este sí se incluye una bolsa de ayuda al estudio -esto es, una dotación económica para los estudiantes- además de la cotización correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social.
En concreto, en el convenio suscrito el pasado 27 de abril y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de mayo, el ISM se compromete a abonar a los estudiantes que participen en el programa de prácticas una bolsa de ayuda al estudio por la cuantía equivalente a la parte proporcional del salario mínimo interprofesional, según la duración de las prácticas, que tendrá una cuantía máxima de 540,56 euros por estudiante. De este modo, el importe máximo de la ayuda se eleva a 3.243.36 euros por seis meses.
En paralelo, el convenio también contempla la cotización correspondiente a la Seguridad Social, en base a las reglas fijadas para los contratos de formación y aprendizaje. Según figura en la información publicada en el BOE, la cuantía de la cotización mensual por estudiante supone 134,36 euros (a razón de 109,39 euros de cuota empresarial y 24,77 euros de cuota trabajadora). De este modo, el importe máximo de la cotización alcanza los 806,16 euros y el coste máximo por curso de seis meses del proyecto completo (ayuda más cotización) supone 4.049,52 euros.
Según fija el convenio, "la obligación del abono de la bolsa de ayuda y su correspondiente cotización (cuota empresarial), será asumida por el ISM con cargo al capítulo IV de su presupuesto, siempre que exista disponibilidad presupuestaria". También contempla que, en el supuesto de que durante el desarrollo de las prácticas se modifiquen los tipos de cotización, la cuantía correspondiente a las cotizaciones sociales se variará en el importe que corresponda. Asimismo, en los sucesivos años de vigencia del convenio los importes se actualizarán en base a los incrementos del salario mínimo interprofesional aprobado anualmente por el Gobierno y del coste que representen las cotizaciones sociales por dicho concepto.
Otros ministerios no pagan
Hay que recordar que, dentro del marco legal vigente, distintos departamentos ministeriales han venido optando por la opción de ofertar prácticas académicas gratuitas para estudiantes universitarios, a pesar de que el Gobierno mantiene su compromiso de cambiar la regulación sobre este tipo de prácticas que, en muchos casos, esconden relaciones laborales fraudulentas, según han venido denunciando los sindicatos. Se trata de ministerios como el de Asuntos Económicos, Educación, Exteriores o Consumo, entre otros. Es una práctica habitual dentro de la Administración que, en este caso, se salta Escrivá. "Tenemos convenios firmados con otras universidades, en las mismas condiciones que este, desde otras entidades de la Seguridad Social", defienden desde su departamento.
Ya durante el anterior Ejecutivo del PSOE, la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se comprometió a dar un vuelco a estas prácticas no laborales para garantizar su carácter formativo y el apoyo económico durante su realización. También está pendiente desde 2019 el desarrollo reglamentario de un decreto que obligaba a los estudiantes en prácticas a cotizar a la Seguridad Social y del Estatuto del Becario, para dignificar las condiciones de esta figura predominante entre los jóvenes. Pero con todo este desarrollo normativo paralizado, el Gobierno -a excepción en este caso del Ministerio de Escrivá- sigue firmando convenios con universidades para la realización de prácticas académicas sin contrato ni remuneración.
En cualquier caso, se trata de una modalidad, hay que insistir, regulada en la normativa vigente, que establece el carácter formativo de las prácticas académicas externas, sin derivarse de éstas las obligaciones propias de una relación laboral. La regulación, no obstante, sí contempla como derecho del estudiante el "percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio", algo que no se recoge en la mayoría de los convenios. Todos aclaran, eso sí, que los acuerdos se irán adaptando a los cambios normativos, incluida la obligación de cotización a la Seguridad Social para las personas en prácticas, sean éstas remuneradas o no. Un paso que ya ha dado Escrivá.
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